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Analizando el presupuesto de las primarias presentado por la Junta Central Electoral

El diario El Día publicó el presupuesto que presenta la Junta Central Electoral para la organización de las elecciones primarias de los partidos.

Recordemos que, en abril y mayo pasado, la Junta Central Electoral sostuvo que el presupuesto para organizar las primarias era de 5 mil 682 millones de pesos.

Hace dos semanas hizo una rebaja sustancial y dijo que era de mil 449 millones 380 mil 800 pesos. Es decir, un cuarto de su primera cifra. La reducción se puede calificar de bestial. Pero, la cifra es alta todavía, por lo que me dispuse a revisar bien el presupuesto publicado.

Lo primero que me llamó la atención es que sumando todo lo consignado en el presupuesto de las primarias se observa un error. Según lo dicho por el presidente de la JCE la inversión en primarias es de mil 449 millones 490 mil 800 pesos. Pero, la suma del presupuesto que se publicó es 20 millones más, es decir suman mil 469 millones 380 mil 800 pesos.

Esto sugiere que no se tuvo cuidado en hacer la suma bien en el presupuesto, como si se hubiera hecho un poquito rápido, y sin hacer una revisión profunda.

Lo segundo es que en varios ítems, se observa que la suma no está bien hecha, por ejemplo:

1. En el ítem “Personal actuantes, pago por jornada de trabajo día de primarias (5 y 6)” según la publicación de El Día, cuya imagen se observa en esta entrada al blog se consigan que suma 318 millones 375 mil pesos, pero la suma hace realmente 311 millones, 175 mil pesos.

2. En el ítem: “Capacitación de personal actualmente (incluye costo de reproducción de material educativo)” según la publicación el total a invertir es de 43 millones 10 mil pesos, pero realmente el total es de 39 millones 100 mil pesos

3. En el ítem “Publicidad”, según la publicación el total es de  150 millones. Pero, la suma de todo lo consignado hace 175 millones.




La Junta Central Electoral no debe hacer ningún tipo de publicidad sobre las primarias, ni colocar anuncios en ningún lugar, quienes deben hacer eso son los partidos políticos, y en específico los y las aspirantes a las candidaturas de los partidos; así que esos 175 millones deben ser eliminados del cálculo de las primarias.

Un ejemplo, dice la Junta que gastará 15 millones en publicaciones legales para plazos, resoluciones y reglamentos, demasiado dinero para eso. Simplemente se debe publicar en la página web de la Junta y se le debe de entregar a los partidos, para que estos estén claros en esos plazos, y en esas resoluciones y en esos reglamentos. La Junta quiere hacer comerciales, poner vallas y otros tipos de publicidad exterior, en radio y hasta la TV. Todo eso no es responsabilidad de la Junta. Así que ya le hemos ahorrado 175 millones de pesos a las primarias. 

El ítem “Equipos complementarios y cómputo electoral”, tiene consignado 561 millones 263 mil 400 pesos. Todo eso corresponde a la Junta invertirlo. No puede ponerlo como gastos de primarias, porque se refiere a los materiales que la propia Junta usará en el proceso electoral de febrero. Es decir, son los equipos que la Junta debe adquirir independientemente de que haya o no elecciones primarias, y deberá usarlos en febrero de 2020, para las elecciones municipales.

El artículo 47 de la ley de partidos es claro y lo cito: “Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.” Termina la cita.

Los aportes de la Junta Central electoral en naturaleza y logística a que se refiere este artículo, es precisamente a esos equipos y al computo electoral, a esos 561 millones 263 mil 400 pesos. Pero, la Junta quiere cargarle ese monto a las primarias.

Si nos damos cuenta ya nos hemos ahorrado 736 millones 263 mil 400 pesos. Eso en un somero análisis, que en un análisis más profundo, puede llegar a reducir hasta mil millones.

Por ejemplo, dicen que necesitan 17 mil efectivos de la policía electoral, tomando en cuenta el número de recintos, y que no puede ser tratado ese día como un día electoral, el número de efectivos debe reducirse, y en ese renglón, la junta dice que gastaría 76 millones de pesos.

En “Materiales para uso de las mesas de votación y logística electoral” se consignan 9 millones 765 mil pesos en cartelones y vallas informativas. Eso hay que aclararlo. En sellos de votación para mesas se destina un millón 687 mil 500 pesos, esos no deben ser sellos nuevos, deben ser los sellos que usa y usará la Junta en el proceso así que se puede ahorrar ese dinero.

El costo real de las primarias es de mucho menos de 700 millones de pesos.

Si alguien dice que la Junta no tiene dinero, recordemos que el actual presupuesto de la Junta es de 6 mil 997 millones de pesos, el presupuesto más alto que se la ha dado a una Junta Electoral en un año preelectoral. Por ejemplo, en otro año preelectoral, en 2015 fueron consignados solo 3 mil 955 millones 900 mil pesos. Es decir, este año a la junta se le ha dado cerca de 3 mil millones de pesos más que otros años preelectorales.

¿De dónde sacará dinero la Junta Central Electoral para estas actividades? Como se puede ver en la imagen que colocamos más abajo, la JCE tiene consignado 2 mil millones 100 mil pesos para actividades electorales; precisamente para esas cuestiones que ella quiere cargarle a las primarias.



0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Distribución Institucional por Estructura Programática y Fuente de Financiamiento Presupuesto 2019



Este año a los partidos se les ha asignado mil 506 millones de pesos, es decir que las primarias costaran menos de la mitad de lo que se les asignan a los partidos políticos. Ellos pueden pagar sus primarias.

La Junta Central Electoral tiene el dinero para cumplir con su deber de suplir la logística del proceso, no debe pretender que las primarias financien los equipos que usará en las elecciones de febrero de 2020, y el costo real de las primarias, como demostramos en este ejercicio de revisión del presupuesto de la Junta Central Electoral es cercano a los 700 millones de pesos, es decir menos de la mitad de lo que la Junta dice que costaría.

Por lo tanto, no es necesario que el gobierno ponga un centavo para la realización de las primarias, tanto la Junta como los partidos tienen el dinero necesario y suficiente para hacer esas primarias electorales.


Ramón Tejada Holguín
20 febrero 2019.
Texto del Podcast que se transmite por la @super7fm
Los lunes 8 de la mañana; 3 de la tarde y 8 de la noche


De como se desdice la gente, así tan tranquilamente, y pone números a cosas muy serias al ojímetro por ciento

El 25 de abril de 2018, el presidente de la Junta Central Electoral, dijo que el costo de organizar las primarias de los partidos era de 5 mil 682 millones de pesos.


En diversas intervenciones públicas y en mi Blog, llamado “Desde el país de Alicia”, hice los cálculos del costo de procesos electorales previos, demostrando que era imposible que organizar primarias simultáneas tuvieran un costo mayor a lo que, según la propia Junta Central Electoral, había costado, por ejemplo, el proceso de votación de 2016.

La Junta Central Electoral debe ser un garante del cumplimiento de las normas electoral y debe hacerlo con eficiencia, pero dando número al ojímetro porciento no ayuda en nada a la institucionalización de las primarias.

Sostuve que: “si durante todo un año electoral la Junta Central Electoral gasta en el proceso 3 mil 100 millones de pesos, ¿cómo puede ser que organizar unas primarias cuesten casi el doble que el proceso de todo el año electoral?”.

En aquel momento algunos analistas y comentaristas de radio, televisión y medios escritos también vieron la cifra exagera, y entendieron que el Presidente la Junta Central Electoral estaba contra las primarias en los partidos, comprometiendo con esa actitud la necesaria imparcialidad de la Junta Central Electoral en el debate que se efectuaba en ese momento.

El sector que se oponía con uñas y dientes a las primarias abiertas, utilizó la exagerada cifra para decir que las primarias constituían un costo muy alto para el país. Así lo hicieron algunos comentaristas y activistas políticos que participan en programas radiales, televisión y prensa escrita.

Sin embargo, la opción de realizar primarias fue consignada en la Ley de partidos políticos, así que, no hay de otra, deben ser organizadas por la Junta Central Electoral.

Esta semana el Presidente de la Junta Central Electoral, sostuvo que el costo de organizar las primarias es de mil 449 millones, o sea 4 veces menos que lo que dijo en abril de 2018 y que repitió en julio del mismo año.

Sí, el presidente de la Junta Central Electoral ahora sostiene que el costo de las primarias es el 25 % de los 5 mil 682 millones de pesos.

No sé si esta cifra se estableció al ojímetro por ciento, como se hizo con la cifra anterior, o se ofrecieron los detalles de en qué se gastaría esa cantidad de dinero.

Es importante que los partidos que terciarán en el proceso, las organizaciones de observación electoral y la prensa que desea informar con veracidad le pidan a la Junta Central Electoral que elaboren un presupuesto claro en donde se pueda establecer en qué se gastaría cada centavo, ya que todavía la cifra me parece muy alta.

Organizar un proceso electoral es mucho más complejo y dura mucho más tiempo y de hecho en las primarias simultáneas el único papel de la JCE es organizar la logística el día de las votaciones, o sea tener listo el padrón y supervisar las votaciones de ese día.

Las precampañas, las campañas para que la gente se motive y vote e incluso el personal que trabajaría en las mesas de los partidos debe correr por cuentas de ellos mismos. No hay nada que justifique una cantidad de dinero tan alta.

Si el presidente de la JCE quiere incluir en ese costo los instrumentos y equipos que usará en las elecciones debe costearlo la propia JCE porque para eso se le dará el dinero.



Para colmo, el Presidente de la Junta Central Electoral dijo que  de los mil 449 millones, los partidos pondrían 200 millones, y el resto lo pagará, lean con atención, “el Gobierno Dominicano”.

Hasta donde sé la Junta Central Electoral no tiene facultad para decidir sobre el presupuesto de la nación.

Por eso el Ministro de Haciendo dijo claramente que el gobierno no asumirá ningún porcentaje del costo de las primarias. Posición que es correcta, puesto que el artículo 47 de la Ley de partidos es muy claro.

“Artículo 47.- Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.”

De manera que la sugerencia de que el gobierno pague el 80 % del costo de las primarias es sencillamente un llamado a violar la Ley de Partidos Políticos, y una forma de la JCE incumplir con el mandato de la Ley de Partidos Políticos.

Como dije la Junta Central Electoral debe ser un garante del cumplimiento de las normas electoral y debe hacerlo con eficiencia, por lo que dando número al ojímetro porciento no ayuda en nada a la institucionalización de las primarias, como institución que debe ser el pilar de la democracia y del respeto a todas las normas electorales, comete un grave error al sugerir que se viole el articulo 47 de la ley de partidos políticos.

Esto resulta más preocupantes, cuando vemos que activistas y comentaristas que han adversado como gatos panzas arribas a las primarias simultáneas, salen inmediatamente a tergiversar los hechos y a querer usar lo dicho por el Presidente de la Junta Central Electoral para usar como arma política contra sus adversarios internos, incluso tratando de denunciar el contenido de una ley consensuada y que debe ser cumplida.

Los organismos electorales en todas partes del mundo dedican su tiempo a la organización de los procesos que les corresponden, haciéndolo con eficiencia, eficacia y prontitud, y rara vez se les observa ofreciendo declaraciones a cada rato o apoyando posiciones de grupos específicos, o viajando a todos los rincones del mundo.

Ramón Tejada Holguín
11 febrero 2019.
Podcast que se transmite por la @super7fm
Los lunes 8 de la mañana; 3 de la tarde y 8 de la noche

Voto Preferencial en los tiempos de la Junta estulta

Se desea echar hacia atrás el voto preferencial bajo el pueril argumento de que afecta al partidismo, y se quiere retornar al viejo sistema de votación en el cual las direcciones partidarias tenían más poder que la ciudadanía a la hora de la elección de las diputaciones.

El voto preferencial, como se aplica en nuestro país, es perfectible, pero es superior a lo que teníamos antes. Las direcciones partidarias decidían el orden de colocación en las boletas de las diputaciones, en los primeros puestos colocaban a aquellas personas que ciertos dirigentes, no las bases partidarias, deseaban que fueran elegidos.

Tomando en cuenta la cantidad de votantes de los partidos mayoritarios, estar en uno de los primeros puestos a diputado aseguraba la llegada al Congreso. Estos puestos tenían su precio. Un precio alto, muy alto para la ciudadanía, ya que esta no tenía garantías de los engendros que podían llegar al Congreso, como efectivamente llegaron algunos.
El voto preferencial impide este comercio y obliga a que los candidatos sea gente que tiene que ganarse el favor de la ciudadanía -es cierto que en ocasiones a través de papeletas y clientelismo- ya que quienes votamos podemos decidir a quien queremos como diputado en representación de nuestra circunscripción. Es cierto que no es lo mejor, pero volver al pasado es peor, ya que las papeletas se quedaban en las manos de las direcciones.

Lo mejor sería que si en una circunscripción electoral se eligen 3 o más diputaciones, la gente pueda votar por todas. Por ejemplo, si en la circunscripción 1 de una provincia se eligen 3 diputaciones, los y las votantes puedan marcar 3 personas, y aquel que tenga más voto gana. La ventaja de este sistema es que profundiza el voto preferencial y la democracia, da más autonomía a las personas votantes, y hace más sencillo el cálculo electoral.

Lamentablemente miembros de la Junta Central Electoral, atentan contra el voto preferencial, no en aras de mejorar el sistema de elección, sino en aras de regresar a un pasado en el cual el comercio de las candidaturas era más fácil y rentable para unos cuantos.

Ramón Tejada Holguín
Perspectivaciudadana.com
28 de octubre 2010


Este texto fue publicado en Perspectiva Ciudadana el 28 de octubre. El 29 la JCE comandada por Roberto Rosario, cometió el desaguisado de volver al sistema anterior de votación. Lo hicieron sin convocar a un debate a los diversos sectores que tienen que ver con los procesos electorales, sin conocer las posiciones de diputados y diputadas, sin tomar en cuenta a todos los partidos y dentro de los partidos a las diversas corrientes y no sólo las que tienen representación en la JCE.

En una muestra del nivel de autoritarismo que será la norma de esta JCE, no consultaron a las organizaciones de electores y electoras, no hubo debate de ningún tipo, fue una decisión sólo entre las cúpulas y Roberto Rosario, quien tiene el control absoluto del pleno de la JCE.

Se desaprovechó la oportunidad, para provocar un debate y pedir al Congreso Nacional que separe las elecciones a diputaciones de las elecciones a senadurías, que ahora existe el arrastre. Se desaprovechó la oportunida para hacer listas desbloqueadas, o por ejemplo, que se hagan distritos electorales y en los distritos electorales sólo se elije un diputado.

Siempre hay formulas de hacer las cosas mejor. Se dice que con esta decisión se combate el clientelismo y la división interna de los partidos. Falso.

Ahora veremos el siguiente fenómeno:

Antes el diputado o diputada debía invertir 10, 15 ó 20 millones en hacer campaña, sí se reparte dinero entre los electores y electoras. Sí, hay clientelismo, pero el cliente era el elector o la electora, algo boroneaba a la gente. Ahora no será así, ahora cualquier persona con millones (sépase o no cómo se ha hecho de dinero) que quiera ir al Congreso Nacional, le da unos millones a las direcciones o del PLD o del PRD para que lo coloquen en el puesto 1 de la circunscripción x y ya tiene garantizada su entrada en el Congreso. Porque todos los puestos uno podrán llegar al congreso, y veremos como no habrá mujeres, ni pobres, ni democratas en los puestos uno. LLegar al puesto uno de la lista de diputaciones será reservado para aquellos que ayudan con mucho cuartos y otras actividades a las cúpulas partidarias, en especial a las candidaturas presidenciales. O sea regresamos a un grosero arrastre.

Pero, esto no combate el clientelismo, lo lleva a otros niveles, a niveles partidarios, a niveles en los cuales las bases de cada partido, controladas a través de papeletas y promesas, serán manipuladas mejor y con menos recursos que los y las electores en general. Incluso, creo que la decisión afectará el nivel de votación y veremos cómo se reducirá el porcentaje de votantes en las congresuales.

Pero, además, antes había voto directo de la gente por la diputación ahora no lo habrá. Antes, por lo tanto, el diputado y diputada debía cuidarse de responder minimamente a quienes representaba, ahora no, ahora debe cuidarse de responder a quienes deciden el orden dentro de la boleta electoral.

La facultad es del Senado, y las consecuencias serán para la democracia

El Senado de la República es la única institución con facultad para elegir a las personas miembros de la Junta Central Electoral (JCE); pero el Senado representa a la población votante, por lo que no debe dejar de prestar a tención a las opiniones de los diversos sectores nacionales. Las opiniones de las diversas instituciones civiles, de los partidos y de la prensa no deslegitiman al Senado. Lo único que podría deslegitimarlo sería el hacer una elección carente de sensatez y de sentido común, y de espalda a la normativa existente.


El PLD, como partido que controla el Senado, no debe escuchar a quienes le recuerdan la forma balaguerista de elección, o las juntas perredeistas. El mal comportamiento ajeno, no justifica el propio. La nación no soportará más comillas sobre los triunfos electorales.

Humildemente creo que el Senado debe tomar en cuenta el uso que la Cámara Administrativa de la JCE ha dado a los ingresos provenientes de los actos del estado civil. El Senado tiene la oportunidad de mostrar un rostro transparente, si además exige que se investiguen las denuncias que se han realizado sobre irregularidades en la forma en que se ha manejado el contrato de automatización del registro civil, si atiende las denuncias de conflictos de intereses en el seno de la JCE y reclama mayor transparencia en el uso de los fondos asignados a esa institución y gobernados por la Cámara Administrativa.

Ha hecho bien el Senado convocando a vistas públicas, ha hecho bien entrevistando candidaturas, y no debe terminar mal. Si las vistas públicas no tienen consecuencias, una parte de sociedad se sentirá engañada y nada es peor que sentirse engañado, las promesas insatisfechas son la principal fuente de deslegitimación de los congresos dominicanos.

Ramón Tejada Holguín
Perspectiva Ciudadana
30-09-2010

La elección de una Junta Central Electoral según la Nueva Constitución

El Senado de la República se apresta a elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE) y desde el inicio de la convocatoria podemos augurar dificultades, y la conformación de una JCE que en términos técnicos no esté a la altura de las necesidades. ¿Porqué? Según el Senado los requisitos para ser miembros de la JCE son "ser dominicano de nacionalidad, tener 35 años de edad, ser doctor o licenciado en derecho, tener 12 años mínimos de ejercicio profesional y estar en plenos derechos civiles y políticos, así como de conducta intachable, transparencia e idoneidad".

¿Todas las personas miembros de la JCE deben ser abogadas? El perfil no se corresponde con las funciones que según el artículo 212 de la Constitución del 2010 la JCE tiene: "La finalidad principal de la JCE, será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes." La responsabilidad principal de la JCE será organizativa, ya no tiene funciones de tribunal, y sus relaciones con las leyes serán las mismas que cualquier otra institución del país. La JCE, según la nueva Constitución, hará las funciones que antes sólo le correspondían a la Cámara Administrativa.

Para nadie es un secreto lo costoso que resultan los procesos administrativos en la actual JCE y la ineficiencia con que manejó la Cámara Administrativa la automatización del registro civil y su relación con la empresa SOMO. La nueva JCE necesita personas con experiencia en el plano de la gerencia, en especial la gerencia pública, que conozcan de procesos administrativos que coloquen el énfasis en lograr eficiencia y equidad en los servicios públicos, que elaboren un modelo de calidad en la atención. No requiere solo abogados y políticos que vayan a privilegiar su área de conocimiento, por lo cual todo lo quieren resolver litigando y prestan poca atención a ofrecer servicios públicos de calidad en la JCE.

Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral 2006-2010
La Constitución es clara: la nueva JCE no sólo organiza las elecciones, sino que además tendrá como dependientes "el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral", lo que significa que la carga de actividades en el área gerencial será enorme. Y sin embargo, el Senado quiere poner sólo "abogados con 12 años mínimos de ejercicio profesional". Ahora bien, no sostengo que abogados y abogadas no puedan optar por ser miembro de la JCE, pueden hacerlo, lo que no deben es ser los únicos. De hecho la JCE necesita ser conformada por un equipo multidisciplinario en su dirección. Politólogos y científicos sociales pueden ser de gran ayuda para evaluar y mejorar los mecanismos de participación popular que la JCE tiene a su cargo. Gerentes, cientistas sociales y abogados, son necesarios. Hay experiencias, en México el presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral (IFE), equivalente a la nueva JCE es doctor en Ciencias Sociales, y el director ejecutivo es Licenciado en Filosofía y Letras.

Ramón Tejada Holguín
7 de septiembre 2010
El Caribe

La inconclusa y aleccionadora historia del acuerdo JCE-SOMO: ¿Hay o no sectores de la JCE que desean ser condenados a pagar millones de dólares?

Al conocerse el Laudo que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar 9 millones 42 mil 550 dólares al Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) y más de 10 mil dólares diarios por cada día que deje de pagar, el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, según el diario Hoy del 12 de febrero del 2009 (ver nota 1) sostuvo que como parte de la gestión que aprobó el contrato entre la JCE y el consorcio SOMO en el 2006, siempre defendió la transparencia del acuerdo y del trabajo realizado por la entidad en el proyecto de Automatización de los registros Civil y Electoral. ¿Si el acuerdo fue transparente, cuál fue la razón de llevar el caso hasta el grado de tener que ser condenados?

Hay muchas más preguntas y hay gran cantidad de datos importantes para responderlas. Entre las preguntas tenemos una que es la del millón de dólares: ¿Quería la Junta Central Electoral (JCE) ser condenada en el caso SOMO?, o mejor dicho ¿hay personas dentro de la JCE que desean que a la JCE la condenen a pagar millones de dólares a SOMO?

Entre los datos, tenemos uno: según el Laudo Condenatorio la JCE no se defendió, recordemos que la Cámara Administrativa de la JCE es la encargada de la defensa. El Tribunal Arbitral designado por el Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo sostiene en la página 16 del Laudo Condenatorio: "...la JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) no presentó en su escrito de defensa, ningún alegato a su favor, ni desarrolló su tesis de defensa, rebatiendo o contradiciendo lo alegado por la parte demandante en su escrito de demanda, no hizo reparo alguno, ni se refirió a los méritos de la demanda, tal como lo contempla el artículo 8.1 del reglamento de arbitraje que se aplica a este proceso, tampoco lo hizo al final, cuando este Tribunal Arbitral le otorgó un plazo para que presentara un escrito justificatorio o ampliatorio de las conclusiones que de manera verbal presentó en la última audiencia celebrada".

Es posible que no se defendiera porque, como dijo el presidente de la Cámara Administrativa, “tres auditorías practicadas han demostrado que eran infundados” los alegatos contra el contrato JCE-SOMO (Ver diario Hoy 12 de Febrero, ver enlace en nota 1). Sin embargo, el 17 de diciembre del 2008 se revelaron evidencias de que efectivamente la JCE tenía posibilidades de evitar ser condenada, y de dejar sin efecto el contrato JCE-SOMO, pero las evidencias nunca fueron llevadas al tribunal.

El 17 de diciembre del 2008, casi dos meses antes de ser condenada la JCE, se publicó una información en el diario Hoy sobre el tercer informe de la auditoría que realiza al contrato JCE-SOMO, el Consorcio RSM-BPAM, Pellerano & Herrera, Soriano Martínez y Asociados en el cual se cuestiona la validez legal de la adjudicación de la licitación a SOMO, señalando que no presentó cartas que acreditaran su experiencia en proyectos similares al que realizaría para el organismo electoral. O sea, se contrató a una empresa para que ejecute un proyecto de 62.5 millones de dólares, sin tomar en cuenta que dicha empresa no tenía experiencia en la materia. Ahí, como que hay cocorícamo. Pero hay más, en el diario se sostiene:

Reveló que el contrato contiene una serie de “imprevisiones, deficiencias legales y errores”, entre los que cita, violación de la ley de aprovisionamiento, al hacerse la licitación sin previa asignación de fondos por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, ausencia de evidencia de cumplimiento de la fianza de anticipo hasta la amortización de la suma avanzada a la empresa; deficiencia en el esquema de pago de los equipos y/o servicios, los cuales dice el informe, “eran pagados sin previamente ser recibidos por la JCE”. (Ver información en nota 2)

O sea, ya se habían entregado tres informes, y ninguno se remitió al tribunal, y en este tercer informe se sostiene que hay deficiencias legales y errores. La pregunta se cae de la mata, ¿cómo puede ser que ninguno de esos informes fuera llevado al tribunal? ¿Acaso, como sostienen algunas personas, había interés en sectores de la JCE en ser condenados? ¿Aceptar lo que dice la auditoría obliga a la JCE a investigar si hay responsables, en la actual JCE, de esas “deficiencias legales y errores”, lo que podría incriminar a personas que están dentro de la JCE actual? Hago preguntas, no acuso a nadie.

Es bueno señalar que el abogado de la JCE ante el tribunal fue el mismo consultor jurídico de la institución. Interesante. Es costumbre de la JCE contratar prestantes firmas de abogados para defenderse, tal cual hizo en el caso que la enfrentó con el PNVC, sin embargo en este caso, entendió que no necesitaba ninguna firma que le ayudara en su defensa.

Sé que al llegar a este punto el lector o lectora se preguntará, si sectores de la JCE electoral querían ser condenados, ¿por cuál razón se llevó el caso hasta un tribunal contencioso administrativo? Es parte de la historia, el caso se inicia con la firma misma del contrato, ya que hubo diversas denuncias, de empresas ligadas a la informática sobre irregularidades en el concurso, pero se agravó con las denuncias del Ex-Secretario de la JCE, Antonio Lockward, de que SOMO no estaba cumpliendo y de que se deseaba hacer un pago de 100 millones de pesos a dicha empresa. Este pago se realiza a finales del 2006, poco días antes del cambio de la JCE. Lockward fue cancelado por el actual presidente de la Cámara Administrativa aduciendo “conveniencia en el servicio”. (Ver la información en nota 3)

Con la entrada de la JCE actual a finales del 2006 se suspenden los pagos a SOMO y se busca hacer la investigación, y se contrata a la firma que hace la auditoría, pero sectores dentro de la JCE no aceptan la auditoría, ni la remiten al tribunal, resultando la JCE condenada.

¿Qué dice en concreto la auditoria? ¿Qué dice el contrato SOMO-JCE? Participación Ciudadana solicitó a la JCE que le diera toda la información pertinente. La Ley de Acceso a la Información, obliga a entregar todos los documentos disponibles del caso. Incluso el 18 de diciembre del 2008, en el diario Hoy el presidente de la JCE dijo que dirige una institución “seria y responsable”, por lo que los resultados de la auditoría al contrato con el Consorcio SOMO se darán a conocer tan pronto sea posible (ver información en la nota 4). Todo parecería indicar que Participación Ciudadana tendrá la oportunidad de analizar los hechos y dar a conocer una opinión en uno u otro sentido. Lamentablemente, el mismo presidente de la JCE dijo tres meses después, o sea el 3 de marzo del 2009 que no podía entregar los documentos a Participación Ciudadana porque el caso estaba todavía en curso (ver la información en la nota 5).

Por otro lado, hace más o menos un mes el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE sostuvo que “Hasta ahora me he mantenido al margen de las diatribas que se han vertido sobre el contrato JCE-SOMO, pero llega el momento en que hay que hacer justicia y en su momento, yo, moralmente creo que debo referirme a ese tema y lo haré mediante un documento público que pagaré con mis propios recursos” (Hoy 12 de Febrero 2009, ver información en nota 1). Pero, hasta el momento, 11 de marzo 2009, no se ha realizado dicha publicación. Seguimos a la espera,

¿Hará Participación Ciudadana como hizo Huchi Lora y llevará el caso hasta que le entreguen todos los documentos? Ojalá lo haga, para que al menos en este caso todas las dudas se despejen, se castigue a quien deba castigarse y salga inmaculada la persona que no tiene mancha. Esperamos la conclusión de este aleccionador caso en los próximos días, ojalá no necesitemos pañuelos para secarnos las lágrimas, ojalá no sea necesario gritar a voz en cuello: "coño, hasta cuando seguirá la impunidad campenado por sus fueros", pero si hay que gritar, al menos que nuestro grito sacuda los simientos de la nación.

Ramón Tejada Holguín
Marzo 2008

Nota 1. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2009/2/12/266425/Rosario-lamenta-condena-a-JCE-sostiene-contrato-SOMO-es-legal


Nota 2. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2008/12/20/259935/Auditores-sugieren-a-JCE-nueva-licitacion-cedula

Nota 3. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.clavedigital.com/App_Pages/Portada/titulares.aspx?id_articulo=8734


Nota 4. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2008/12/18/259780/JCE-daria-a-conocer-auditoria-al-pais

Nota 5. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://listindiario.com.do/app/article.aspx?id=92982

¿Entre la Codicia y la Necesidad?

La JCE denunció “los peligros que se ciernen sobre la organización de las próximas elecciones presidenciales” debido a la reducción de su presupuesto. La disminución del monto está consignada en la ley de presupuesto y gasto público. El organismo había solicitado $7,800 millones y el Poder Ejecutivo redujo la cifra a 3,547 millones. La rebaja afectará, conforme a lo escrito en un comunicado firmado por, Julio César Castaños Guzmán, Aura Celeste Fernández, Roberto Rosario Márquez, José Angel Aquino, Leyda Piña, Mariano Rodríguez Rijo, César Francisco Feliz, John Guilliani, Edy Olivares:

El voto en el exterior, la propaganda a través de los medios audiovisuales y escritos, la apertura de centros de cedulación, la reparación de los locales de las juntas municipales electorales, la creación de la Unidad de Fiscalización del Uso de Recursos de los Partidos Políticos, la adquisición de Datacard para cedulación, el plan de reparación de oficialías civiles, la instalación de nuevas oficialías, la creación del Cuerpo de Seguridad Electoral.

Las autoridades electorales descartan un nuevo sistema de transmisión de datos, el cambio en la Cédula de Identidad. No podrán realizar el convenio pactado con el PNUD y UNICEF para dotar de actas de nacimientos a escolares ni con SENASA, para dotar de identidad a 100,000 usuarios. Del mismo modo se afecta la expedición de actas de nacimiento y cédula en el exterior.

El contenido del Comunicado produjo declaraciones inmediatas de dirigentes y candidatos de los diferentes partidos políticos. El nuevo embajador de los EUA, también opinó. El presidente de la JCE conversaba sonriente con el Presidente de la República y los agoreros recordaban pasadas reyertas entre el Poder Ejecutivo y la JCE.

Continuaba el lamento por la escasez peligrosa y comenzaba el reparto de las canastas navideñas y se divulgaba el monto de viáticos, dietas, gastos de representación de la JCE, durante el período junio-octubre del 2007 ascendente a 40.3 millones de pesos. La inversión en publicidad, 58.2 millones, en prendas de vestir, 3 millones 307 mil 251 pesos. Y como los funcionarios electorales deben transitar cómodos se dispuso la renovación de la flotilla de vehículos. Los requisitos: año 2008, motor de 6 a 8 cilindros turbo diesel, doble tanque, asiento en piel, bolsas de aire, doble aire acondicionado, nevera, sun roof, automáticas y doble tracción.

Ramón Tejada Holguín, sociólogo, analista político, nada contra corriente y demuestra, lejos de la emoción y aferrado a los números, que las demandas de la JCE están más cerca de la codicia que de la necesidad


Gaceta Judicial: Después del dramático comunicado de la JCE, denunciando los peligros que enfrenta el proceso electoral debido a la reducción de su presupuesto, la opinión pública ha conocido acciones del organismo que contradicen la necesidad de tener más dinero. Usted ha demostrado que el dinero es suficiente. ¿Considera el impasse similar a situaciones que se creían superadas y que, en efecto, afectaban el desarrollo y credibilidad de las elecciones?

RTH. No creo que sea similar a las que se creían superadas. Hay cosas inéditas muy importantes. 1) A la JCE se le ha asignado el mayor nivel de presupuesto de su historia, basta ver el cuadro donde se observa la ejecución presupuestaria de la JCE de los últimos años. 2) La JCE recibe dinero por las acciones del estado civil, y no ha dicho qué hace con él. 3) La JCE tiene autonomía presupuestaria. 4) los miembros de la JCE gastan enormes cantidades de dinero en viáticos, compra de artículos de vestir, adquisición de vehículos de lujo, y ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, le supervisa. 5) Entre las personas que componen la JCE actual hay mucha capacidad y habilidad política, e independencia, no responden a un líder partidario como antaño se respondía a Balaguer o a Hipólito.

La Cámara Administrativa ha sabido neutralizar a instituciones que tradicionalmente eran vistas como críticas del quehacer político clientelar y de esa tendencia a la repartición de beneficios y áreas de poder dentro de las instituciones gubernamentales. Sabe manejar los recursos de la propaganda, y tiene prensa que le defiende. Han tomado medidas correctas, como por ejemplo, la asignación de salarios a los oficiales del estado civil, y establecimiento de precios a las acciones del estado civil.

Una evidencia de que los jueces de la JCE son muy hábiles es que no responden a las pruebas de que a la JCE le han dado más dinero que nunca. No se atreven a decir por qué, todas las JCE anteriores cumplieron con su deber con menos dinero que lo que tienen, e insisten en que se les ha recortado el presupuesto, lo cual es una falacia porque tienen más recursos que nunca, pero sostienen que cierran programas porque el dinero que se les asigna no les da. No se les dio lo que pedían, porque lo que pedía es casi cuatro veces más que lo que han ejecutado antes.

Mira si es distinta la cosa que, a pesar de que la presencia del PLD, el partido en el poder, es mayoritaria en la JCE, (recordemos que el presidente de la Cámara Administrativa es un ex miembro del Comité Central del PLD y llegó a la JCE como representante de ese partido), ha sabido agenciarse el apoyo de los partidos en esta cruzada por conseguir más dinero, usando argumentos catastróficos, pero carentes de validez y legitimidad. Y los partidos de oposición le hacen el juego, unos por desconocimiento y otros porque creen que acusar al gobierno de querer boicotear las elecciones les gana simpatía entre la gente. Pero la única que gana con esto es la JCE.

GJ: Con “la finalidad de lograr mayor eficiencia, funcionalidad y racionalización” fue modificada la Ley 275-97 y la composición de la JCE varió creándose las Cámaras Administrativa y Contenciosa. ¿Fue acertado el cambio o considera que afecta la unidad que debe tener la JCE?

RTH. La intención de dividir la JCE en dos instancias fue correcta, la forma en que se hizo provocó un desastre. Recordemos que la división se hizo en un momento de crisis, cuando el Senado, gobernado por el PRD, nombró una JCE sin tomar en cuenta a los demás partidos. Las organizaciones civiles reclamaron, los partidos también. Había quienes no querían a Morel Cerda, que era el presidente de la JCE. Entonces se decide elevar el número de jueces de 7 a 9, y se nombra a Roberto Rosario, en ese momento miembro del Comité Central del PLD, para que represente al PLD. El presidente del PRD nombra a otra persona relacionada a dicho partido, José Luis Tavares. Entonces la JCE se divide en tres: el Pleno con funciones reglamentarias, la Cámara Contenciosa y la Administrativa.

Fue un sinsentido esa división en tres instancias. Se justificaba una separación real de las dos funciones principales de la JCE , la contenciosa y reglamentaria, que debieron ser funciones de la Cámara Contenciosa. De hecho, las personas que pertenecen a la Cámara Contenciosa son las únicas que se les debe llamar jueces electorales. Esta Cámara no debería tener nada que ver con la administración y organización del proceso electoral. Incluso no debería estar en el mismo edificio, como está ahora. La Cámara Administrativa, por su lado, sería la encargada de administrar y organizar los procesos electorales. El pleno no debería existir.

La división de la JCE en tres partes es ficticia y todos se involucran en todo, lo que reduce la independencia interna del tribunal electoral. El nuevo poder constituido en la JCE , desde la Cámara Administrativa , ha intentado relegar a las demás instancias, y controlan en los hechos la cotidianidad de la JCE , lo que ha creado una tensión mayor.

GJ. Con simpatías conocidas, militancias pasadas y presentes, es innegable que la elección de los miembros de la JCE satisfizo las expectativas ciudadanas, sin embargo, desde aquella renuncia de Aura Celeste Fernández, jueza titular de la Cámara Contenciosa, al incentivo especial que restituía a los jueces el porcentaje descontado, correspondiente al Impuesto sobre la Renta y al Plan de Pensiones y Jubilaciones, la controversia ha estado presente. Algunos imputan a los miembros de la JCE afán protagónico, otros, desconocimiento de sus funciones. ¿Coincide con esa valoración?

RTH. En primer lugar, es bueno aclarar que la elección de la actual JCE fue una buena jugada política del Senado peledeísta. Cambiaron personas, garantizaron una JCE favorable al PLD y constituyeron una estructura de poder que se gestó desde la JCE anterior. No satisfizo totalmente todos los sectores, lo que hicieron fue neutralizar a los actores más importante del sistema electoral, incluyendo a las organizaciones civiles. Algunas organizaciones de la sociedad civil pensaron que la elección de personas ligadas a ellas podría hacer la diferencia, y obviamente no ha sido así.

En segundo lugar, observemos que ese nuevo poder interno tuvo su primer reto enfrentando los intentos de investigar el contrato con la empresa SOMO, el cual fue denunciado por sectores internos de la Junta Central Electoral. Todo el que criticó el contrato fue cancelado o castigado. La investigación del contrato duerme plácidamente en un limbo, de vez en cuando se habla de contratar una firma que lo investigue. La DPCA dice que lo investiga, pero no da resultados. La Cámara de Cuentas no cumple con su función en este caso, y en muchos otros.

Creo que la situación de la JCE se debe a la constitución de ese nuevo poder. No creo que se deba a desconocimiento de sus funciones. Los presidentes de las tres instancias de la JCE, así como la doctora Aura Celeste Fernández, y el licenciado José Ángel Aquino, tienen grandes experiencias en materia electoral, conocen perfectamente bien sus funciones.

Sí, hay algo de protagonismo de la dirigencia de la JCE , pero también se debe colocar como elemento importante la búsqueda de beneficios personales, tanto en términos económicos, como de relaciones de poder, de parte del grupo que dirige la JCE. El ex-presidente de la JCE, Ramón Morel Cerda, dijo que con la división de la JCE en tres instancias, la presidencia del Pleno se convirtió en una presidencia “gomígrafa”, o sea simbólica, y luego renunció. Morel Cerda tiene razón.

La Cámara Administrativa de la JCE es, en los hechos y el papel, quien dirige la JCE , en el día a día, en el manejo del dinero. La mayoría de las luces y sombras, en el manejo administrativo y de los recursos, es responsabilidad de la Cámara Administrativa. Ese es el poder constituido en la JCE. Por eso, no creo que sea casual que los escándalos relacionados con la JCE tienen que ver con las decisiones que se toman en la Cámara Administrativa , decisiones sobre salarios, viáticos, uniformes (la JCE gastó en los primeros 6 meses del año 2007 más de 3 millones de pesos en prendas de vestir, según datos publicados en un periódico nacional).

GJ. ¿Impedirá la JCE la intromisión de “los honorables” en el proceso electoral o permitirá que desconozcan sus atribuciones?

RTH. Es posible que lo evite. En la actual JCE, hay mucha habilidad política y mucho protagonismo, en especial en la Cámara Administrativa, por lo que no creo que deseen que honorables les hagan competencia. No creo que el problema de la JCE esté en su capacidad para organizar el proceso. El problema está en la falta de transparencia y la ausencia de controles de parte de las instituciones que deben supervisar a la JCE , incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, que han sido muy condescendientes con esta JCE. Además, las encuestas sugieren que habrá mucha diferencia entre el primero y el segundo lugar, lo cual reduce el nivel de problemas dentro de la JCE.

GJ. En un país con precaria institucionalidad, la existencia de un Presidente candidato incide en el desempeño de la JCE?

RTH. En teoría la respuesta es sí. Pero, siendo sincero, en los hechos creo que esta JCE, quizás por las contradicciones internas, y las fuertes personalidades de algún miembro y alguna miembra de la Cámara Contenciosa , se ha manejado con un poquito de independencia de la presidencia. Pero me gustaría que fuera aun más independiente. ¿Recuerdas que una vez hizo que Amable pagara un anuncio que colocó en la prensa, porque vendía su figura como candidato y el anuncio era pagado por la Liga Municipal Dominicana? Aunque veo cantidad de anuncios de instituciones públicas promoviendo al presidente, y la JCE no ha tomado una acción similar.

Fragnento del texto
¿TIEMPO DE CAMBIOS O CAMBIO DE ÉPOCA?
de Carmen Imbert Brugal
Publicado en la Revista Gaceta Judicial.

El senado de la República debe coronar el proceso de elección de la JCE de manera ejemplar

Terminar como empezó

Ha empezado con buen pie el Senado en cuanto a la elección de la Junta Central Electoral. Debe evitar tropezar. Se nombró una comisión especial en la que hay senadores de los tres partidos. La cual está presida por Reinaldo Pared Pérez e integrada por Cristina Lizardo, vicepresidenta del Senado, Francis Vargas Francisco (vocero de los senadores del PLD), César Díaz Filpo (vocero de los senadores del PRD) y Noé Sterling Vásquez (vocero de los senadores reformistas). Hubo vistas públicas, se escuchó a quienes hablaron, se entrevistaron a candidatos y candidatas. No hay pretexto que impida hacer una elección basada en la honestidad y eficiencia. El Senado tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de legislar como demanda una nación moderna e institucional. La forma de elección de la nueva JCE será un indicador de que la institucionalidad promovida por el PLD no es sólo de palabras.

El Senado tiene la oportunidad de elegir una JCE que pueda ser recordada como hoy se rememora ésa que dirigió Estrella Sadhalá o aquélla que comandó don Sully Bonelly. El PLD, como partido que controla el Senado no puede dar un traspié y elegir a militantes de esa organización política, hayan sido o sean miembros del Comité Central. No puede negociar con los partidos mayoritarios la repartición de los cargos como si fueran botín de guerra. Tampoco debe trasladar la elección a otros espacios y con otros actores. No debe escuchar a quienes le gritan que haga lo mismo que hizo el PRD con las dos JCE anteriores. El mal comportamiento ajeno, no justifica el propio. No debe escuchar a quienes le recuerdan la forma balaguerista de elección. La nación no soportará más comillas sobre los triunfos electorales. No es necesario realizar una gran cumbre entre los jefes políticos de los partidos para elegir una buena JCE, basta con que la comisión haga su trabajo correctamente. Si el PRD o el PRSC tienen algo que decir sobre la elección de los miembros de la JCE, que lo diga a través del senador que les representa en la Comisión Especial nombrada por el Senado. Una cumbre sólo se justificaría si el Senado hace una elección carente de legitimidad, sentido común y sensatez, como se ha hecho en el pasado reciente.

El Senado debe darle un plazo a la nueva JCE para que busque una solución justa para la cantidad de personas pobres que carecen de documentos de identidad y debe exigirle que regularice los actos del registro civil, eliminando la práctica de los oficiales del estado civil de poner el precio que desean por cumplir con sus responsabilidades. El Senado tiene la oportunidad de mostrar un rostro transparente, si además exige que se investiguen las denuncias que se han realizado sobre irregularidades en la forma en que se ha manejado el contrato de automatización del registro civil, los intentos para establecer una modalidad específica de voto electrónico y la realización de pagos irregulares. Ha empezado bien el Senado y no debe terminar mal. Nada es peor que sentirse engañado, las promesas insatisfechas son la principal fuente de deslegitimación de los gobiernos.

Ramón Tejada Holguín es ciudadano
El Caribe,
26 de octubre 2006


Nueva JCE: Primer Desafío Institucional

Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.

Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y cómo organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.

Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.

En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
10 de agosto 2006


Institucionalidad vs. JCE

Sería bueno que el Senado recuerde lo siguiente aspecto a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.

1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 Juntas Municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.

2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país. La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.

3) Según la prensa el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del Metro Cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos. 4) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con está actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y le exige que establezca “para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.

Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional dominicano, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil. Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto

Nueva JCE: Primer Desafío Institucional

Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.

Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y como organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.

Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.

En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe

Institucionalidad versus JCE

Sería bueno que el Senado recuerde los siguientes aspectos a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.

1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 juntas municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.

2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país.

3) La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.

4) Según la prensa, el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del metro cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos.

5) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con esta actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y les exige que establezca “para las actuaciones de los oficiales del estado civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.

Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil.

Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto 2006

Regular, no recular

Me quedé boquiabierto. Leí de nuevo la información, y no había dudas, el presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral –JCE- decía que favorecía la unificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, además establecía con claridad cómo debería hacerse: “hay varias propuestas, -dijo- una en la que yo creo es que el próximo período (congresional y municipal) sea de dos años y que entonces ahí se unifiquen las elecciones” (Hoy, 26 de mayo). Mi estupor fue mayor al enterarme que tanto el presidente de la Cámara Contenciosa como el del Pleno respaldaban la unificación de las elecciones (Listín, 27 de mayo). Tengo un amigo perverso que lo primero que dijo fue: “claro, como ahora existe la posibilidad de que el PLD logre hacer un mejor papel en las elecciones del 2006, le quieren reducir el periodo”. Pero, no creo que esa sea la motivación. Claro que no.

¿A qué se debe mi estupor? A que los presidentes de la JCE están reculando, y lo que deben hacer es cumplir su rol regulador de los procesos electorales. Actitudes como esa no contribuyen al proceso de institucionalización, y por el contrario se convierten en retranca de la consolidación de la democracia. Debido a su condición de presidentes de las diversas partes en que se divide el máximo organismo electoral del país, uno esperaría que hicieran un análisis sopesado de los beneficios y perjuicios de la unificación, antes de apoyarla o rechazarla. Pero el argumento de los presidentes es manido y es el mismo que han utilizado los congresistas que en el pasado han querido extenderse sus mandatos: que las elecciones separadas implican un gran costo económico para el país, y detienen la marcha normal de la sociedad. No, señores; si la JCE cumpliera su función como órgano regulador, las elecciones no serían tan costosas, ni traumáticas.

Realizar las elecciones congresionales el mismo año que las presidenciales es una forma de recular, y lo que se debe es regular las campañas electorales, de manera que el dispendio de recurso sea menor, y menos frustrante su desempeño. Ya basta de hacer concesiones antidemocráticas a los partidos, hay que establecerles límites a su dispendio y uso de los recursos y del tiempo de la ciudadanía. Los tres presidentes de la JCE están renunciando a cumplir con sus funciones reguladoras.

La ley electoral es clara en cuanto a los tiempos de las campañas, sólo faltaría regular con claridad lo que se refiere al financiamiento de los partidos políticos, y especialmente la parte proveniente del sector privado. Sólo hay que aplicar la ley correctamente y nos ahorraremos el dinero y el tiempo. Además, la existencia de un congreso gobernado por un partido diferente al del ejecutivo puede ser una ventaja en lo que se refiere a la fiscalización y el control de ambos poderes del estado. Sólo tenemos que ver los cuatro años del PPH-PRD controlando el Poder Ejecutivo y el Legislativo: festival de préstamos, reforma constitucional nefanda, ausencia de controles en la Cámara de Cuentas y un largo etcétera. Por otro lado, la renovación del Congreso a mitad de periodo estimulará en el largo plazo los procesos de negociación entre los diversos partidos. Hay que entender que los cambios institucionales tardan un tiempo en impactar en los comportamientos de los humanos. A la separación de las elecciones no se le ha dado ese tiempo.
Insisto, lo que hace falta es regulación. Lo lamentable es que esta actitud de los presidentes de la JCE reitera el comportamiento de parte de los miembros de la JCE durante el proceso recién finalizado. Cuando se le pidió aplicar la ley electoral en cuanto al uso de los recursos del Estado, dos de los tres presidentes, Nelson Gómez y Salvador Ramos, votaron en contra de que la JCE cumpliera con su papel de reglamentar el proceso electoral y brindar la igualdad para todos los contendientes. Por otro lado, Luis Arias, presidente del pleno, fue quien llamó a Agripino Núñez Collado y a los observadores internacionales, aquel anochecer del día 16 de mayo, y estos hicieron lo que de legítimo derecho le tocaba hacer, si es que había algún peligro, a la JCE. Regulen, no reculen.

Ramón Tejada Holguín
El caribe
01 de junio 2004

En cuál de las cámaras confía la gente

Los datos de las encuestas son los insumos del análisis, la materia prima para poder hablar de tendencias hacia donde marchan las variables estudiadas, no son el análisis mismo. Por ejemplo el hecho de que en la última Hamilton 19% de los entrevistados opina que la JCE está haciendo una labor excelente y 61% opina que es buena, no significa que la gente confía en la JCE. Una cosa es la medición de la confianza y otra muy distinta la percepción sobre la calidad del trabajo. Una institución puede hacer un trabajo excelente, pero no ser confiable a la hora en que se le presente un tranque.

La misma encuesta Hamilton revela que la gente puede tener sus reservas en cuanto a la confiabilidad en la JCE. Nótese que el 33% de los ciudadanos dijo que la JCE sirve mejor a los intereses de los políticos y el 18% que sirve mejor a sus propios intereses; es decir la mitad de las personas entrevistadas (51%) cree que la JCE responde a los intereses de los partidos o a los suyos propios y no a los intereses para los cuales se les eligió. El dato es preocupante y revela un grado de desconfianza importante y a ser tomado en cuenta. Incluyamos, ahora, en el análisis los porcentajes de las personas que creen que puede haber un fraude electoral, es decir el 46%, casi la mitad de los electores.

Como se ve al analizar todos los datos de la encuesta Hamilton, debemos decir que no tenemos pruebas de que la confianza en la JCE es del orden del 70 por ciento o más. Pero, todavía más preocupante resulta ver que es entre los votantes del PRD donde se ubican la gran mayoría de los que “confían” en la JCE, y que son los partidarios de la oposición quienes en su gran mayoría creen que “puede haber un fraude electoral”. Es decir, el potencial de dificultades posibles frente a un resultado no esperado por la oposición es real y debe preocupar a las instituciones de observación electoral, sobretodo cuando las encuestas más respetadas colocan en primer lugar al principal candidato de la oposición.

Por otro lado, y especulando un poco, creo que cuando la gente habla del buen trabajo de la JCE, está realmente pensando en la Cámara Administrativa, que es quien en estos momentos tiene la voz cantante, y quien está en la palestra pública. En los momentos en que la JCE tenía muy, pero que muy bajo niveles de confianza, y era criticada por todos, en la palestra se encontraba la Cámara Contenciosa, aquella que decidió a favor de PPH en los conflictos internos del PRD y que la gente identificó como favorable a esa corriente. En caso de algún tranque o situación de impugnación es en esa Cámara donde se juzgará y tomarán decisiones. ¿Se traspasará la confianza en la Cámara Administrativa a la Contenciosa?

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
03 de mayo 2004

Empieza el partido con un arbitraje débil

La conformación unilateral de la Junta Central Electoral, por parte del Senado, y varias decisiones de la Cámara Contenciosa, favorables a un sector del PRD, arrojaron dudas sobre su imparcialidad frente a organismos internacionales, a la opinión pública y a una parte de las organizaciones de la sociedad civil.

El cierre del plazo para la inscripción de candidaturas marca el final de una etapa. Aunque no ha logrado ganar la confianza y el apoyo de la ciudadanía y una parte de los partidos, tan necesarios para encarar un proceso electoral.

Hay evidencia de que la mayor debilidad de la JCE es la administración de las informaciones tanto entre los jueces de las dos Cámaras, y entre los jueces y el equipo técnico, así como entre la JCE y los demás actores relevantes del proceso.

Un ejemplo de esto lo constituye la reacción frente al diagnóstico elaborado por la Comisión de Asesores de Informática, en el cual se detectaron fallas en la integridad del padrón electoral, y cierta vulnerabilidad en la seguridad del sistema que pueden permitir a personas no autorizadas entrar al sistema de cómputos y hacer cambios que pondrían en peligro los resultados electorales.

El informe pudo haber pasado como un insumo y una evidencia de que está tratando de resolver los problemas. Sin embargo, la JCE lo acusó de poseer “debilidades e imprecisiones que pueden llevar a confusión”. La reacción de los jueces no ayudó a despejar las dudas.
Otra evidencia de la debilidad del flujo de información se observa en el revuelo causado cuando la prensa se enteró de que se imprimirían siete millones de boletas electorales.
En las primeras informaciones servidas no se aclaró que cerca de un millón y medio no llevarán las caras de los candidatos y candidatas, y serán usadas como material educativo.

La JCE ha ido cumpliendo con los plazos establecidos. El sábado pasado, en presencia de los delegados de los partidos políticos, hizo una prueba del sistema de registro de las actas de votación y conteo de votos, que consideró imposible de ser vulnerado; por lo tanto, se garantiza la calidad del proceso.

Definitivamente la falta de información y la hipersensibilidad a las críticas es una de las principales fuentes de desconfianza en la JCE. La mejor forma de combatirla es la transparencia y la información servida a tiempo.

A medida que se acerque la jornada de votación, mayor será la presión y el número de ojos sobre el tribunal, por lo que sus jueces deberán tener nervios de acero y responder con madurez y claridad.

Hay que llevar la tranquilidad en medio de un proceso electoral matizado por algunos brotes de violencia y por la beligerancia de los discursos de al menos dos de los candidatos presidenciales. Cuando la información es escasa, las dudas se acrecientan y la ausencia de información es suplida por las sospechas, los rumores y la inquietud.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
20 de marzo 2004