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Gira el carrusel salarial

Estos lluviosos días me llevaron por los vericuetos de la nostalgia y un exquisito cd doble de Víctor Manuel y Ana Belén, “Para la ternura siempre hay tiempo”, me pedía a gritos ser escuchado. Hay canciones muy conocidas como la ya mítica “La Puerta de Alcalá”. Pero, “Gira carrusel” fue la pieza que se metió, cual gusanito impertinente, en mi cerebro en el mismo momento en que una neurona díscola pensaba sobre el “Proyecto de ley de regulación salarial del Estado Dominicano”, aprobado por el Senado y pendiente de su ratificación por la Cámara de diputados.

La música de la canción recuerda las vueltas a ningún lado de un carrusel de pueblo. Hay cierto sarcasmo: “hay quien dice que estamos cuesta abajo ­­/ cuentan otros que todo va muy bien / es difícil saber a dónde vamos / donde lleva la vía de este tren.”

Un sabor a cosa rancia se apoderó de mi ánimo, el olor a mocato nubló mi pensamiento, y una pregunta martilló esas neuronas que defienden con mayor énfasis el ejercicio de una ciudadanía activa: ¿no sería mejor construir la vía de este tren en vez de quejarnos por no saber su norte?

Cuando el estribillo se hizo presente, una nube gris, vetusta y opresiva, carcomió mi alma rebelde que desea ser parte de construcción de lo nuevo: “Gira, gira carrusel / pide lo imposible y si lo dan avísame”.  Fue en ese instante que me vino a la mente el tiempo que hemos dedicado, desde las organizaciones de la sociedad civil, a demandar la regulación de los salarios del Estado Dominicano. Podemos,  en esta materia, dejar que otros pidan lo imposible, y dedicarnos a defender con uñas y diente una ley posible.

El proyecto contiene los aspectos a los que podemos aspirar en el contexto de la correlación de fuerzas que se da entre los sectores que presionan por seguir como estamos y los que queremos mayor nivel de racionalidad y equidad en los salarios del estado. Basta notar que con la promulgación de la ley el servidor público deberá contar solo con su salario y los beneficios inherentes al cargo que ocupa.

Será el fin de las grandes remuneraciones, incentivos y dietas que se reciban por participar en consejos, juntas, comisiones y el de la discrecionalidad de altos funcionarios que a los salarios les incluyen “incentivos” que salen del presupuesto nacional, para sí mismos y para sus allegados.

Sé que el proyecto de Ley tiene aspectos que pueden ser criticables. Pero sé que tener esa ley, tal cual fue aprobada en el Senado, es mejor que seguir como estamos hasta ahora. Y esas son las dos opciones. O todas las personas que queremos mayores niveles de institucionalidad reclamamos de la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto tal cual fue aprobado en el Senado y así se convierta en Ley, o seguimos como chivos sin ley en cuestiones salariales. Es hoy o nunca.




Ramón Tejada Holguín
El Caribe
Perspectiva Ciudadana
7 agosto 2012

Avances institucionales dominicanos

Cuando diversos indicadores colocan a la nación entre los últimos lugares, las primeras páginas proliferan y los artículos de opinión se suceden unos a otros. Se busca llamar la atención del gobierno para que tome medidas contundentes ante situaciones que definitivamente deben ser corregidas. Lo cual es positivo.

En ocasiones algunos índices nos ubican en buenas posiciones y nos dicen que en determinados aspectos vamos por muy buen camino. En esos casos, deberíamos asumir una posición similar. Dar a conocer el índice y estimular a las personas responsables para que continúen mejorando en la materia de que se trate.

Recientemente se ha dado a conocer el "Segundo Barómetro de la Profesionalización del Empleo Público en Centroamérica y República Dominicana" que, como su nombre lo indica, tiene por objetivo ofrecer una visión del estado de situación de la administración pública en la región, y los avances en la profesionalización del empleo público.

Según este Barómetro la República Dominicana ocupa el segundo lugar en la profesionalización del empleo público en general, solamente superado por Costa Rica, país que tiene una larga tradición en la materia. Pero hay más. En el 2008 ocupábamos el tercer lugar entre los siete países estudiados, con una puntuación de 31; pero en el 2012 nuestra puntuación sube a 39 y nos ubicamos en segundo lugar en la región. Además, junto a El Salvador somos los países que más hemos avanzado: este último pasó de 26 puntos en 2008 a 34 puntos en el 2012.

Para llegar a estas conclusiones se miden cinco aspectos. Por un lado la eficiencia y la capacidad funcional, en donde conservamos nuestro segundo lugar. Por el otro se mide el papel del mérito en la profesionalización y la consistencia estructural en los cuales todavía el país tiene retos importantes, ya que se ubica en un cuarto lugar en ambos temas.

Entre los cinco indicadores hubo uno en el cual la República Dominicana se coloca en el primer lugar con 55 puntos: la capacidad integradora. En la presentación del Barómetro se destaca: "el carácter integrador de las reformas en República Dominicana, con mecanismos de participación de grupos de interés internos y externos".  En otras palabras, el proceso de reforma de la administración pública dominicana tiene como elemento más destacable la forma en que las organizaciones civiles han sido integradas al proceso y la participación de los propios empleados públicos.

Estos son logros indudables del Ministerio de Administración Pública (MAP), del ministro Ramón Ventura Camejo y del equipo que le acompaña desde hace casi ocho años. Precisamente esos avances han convertido el país en una referencia en la región.

La credibilidad del Barómetro está fuera de toda duda. Es auspiciado por la Agencia de Cooperación Española (AECID) y por el Sistema de Integración Centroamérica (SICA) y fue dirigido por Francisco Longo, titular del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de la Escuela Superior para el Desarrollo (ESADE), de Barcelona.


Ramón Tejada Holguín
El Caribe
Perspectiva Ciudadana
10 de abril 2012

¿Demasiados servidores públicos por personas?

El domingo 29 de enero Nelson Suárez en un reportaje para el diario Hoy revela que "el Estado tiene un funcionario público activo por cada veintiún habitantes". Algunas personas han puesto el grito al cielo porque entienden que el principal problema de la Administración Pública Dominicana es la excesiva cantidad de servidores y servidoras del sector. De ser cierto la acción urgente del Ministerio de Administración Pública (MAP) sería la reducción de la "empleomanía estatal". Pero, ¿es ese el principal problema?

El autor del reportaje sostiene que "no tengo suficientes elementos de juicio ni datos comparativos para decir si la proporción población/empleados públicos del país es excesiva, adecuada o deficiente, pero lo que sí me arriesgo a afirmar es, que los resultados en términos de suministro de servicios públicos a la ciudadanía por parte de la Administración Pública, no son eficientes (relación costo-beneficios) ni eficaces (relación gasto-resultados)."

Pronto aparecerá algún candidato que dirá que reducirá el número de funcionarios y funcionarias. Pero, los diagnósticos y datos del Servicio Público Dominicano sugieren que ese no es el principal problema que enfrenta el Estado para lograr la eficiencia y eficacia de los y las empleados municipales, del Congreso, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de las organizaciones descentralizadas. Preguntémonos: ¿cuántos médicos de ambos sexos, enfermeras, paramédicos por habitantes necesita un país?, ¿cuándo profesores y profesoras por estudiantes de primaria, secundaria, universitaria?, ¿cuántos técnicos de ambos sexos necesita un municipio, un juzgado o el Congreso para funcionar correctamente?. En países en donde no se ha desmantelado el estado de bienestar como en Suecia la relación es de ocho habitantes por funcionario. En Finlandia, Letonia y Malta, son nueve por cabeza. En Bélgica y Francia son doce, y en España son diecisiete.

Desde este punto de vista, creo que plantear el tema de reducir los empleados públicos es obviar los problemas de fondo y elude debatir los temas substanciales. En el país existe una Ley de Función Pública buena, que establece mecanismos que pueden ayudar a la eficiencia y eficacia. Un reclamo de la ciudadanía debería ser la exigencia del cumplimiento de dicha ley y el fortalecimiento de las instituciones que la ley crea (por ejemplo el Ministerio de Administración Pública -MAP-). La ley habla del necesario funcionario de carrera y establece las formas de lograr un servicio público eficiente y eficaz.

Un tema trascendental que se obvia constantemente es la necesidad de salarios competitivos para los y las servidores públicos, ya que existe un gran nivel de inequidad salarial. O sea hay altos cargos que ganan sumas escandalosas, y técnicos cuyos salarios no les permiten sobrevivir. Hay un ministro que calculando su salario y las dietas y comisiones que recibe por su participación en juntas y directorios llega al millón de pesos mensuales, pero hay técnicos del mismo ministerio que apenas logran llegar al mes. Una administración eficiente demanda suficientes empleados, satisfechos y motivados, para dar un buen servicio.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
Perspectiva Ciudadana
1 de febrero 2011