1- Cómo califica usted los cuatro años de gobierno del presidente Leonel Fernández?
En sus inicios logró manejar el negativo entorno institucional y económico que heredó de Hipólito Mejía. Llegó en un entorno de crisis institucional y económica provocadas tanto por el estilo de gobernar de Mejía y sus seguidores, como por los fraudes bancarios. Fernández tuvo logros importantes en materia macroeconómica y monetaria. En lo social privilegió lo asistencial, y no ha fortalecido las políticas sociales de carácter universal, ha tenido éxitos en lo normativo y reglamentario, la ejecución correcta y eficiente no ha sido la norma gubernamental en lo social. Se ha realizado una política de promoción de la ética aceptable, pero en lo judicial su desempeño contra la corrupción ha sido deficiente y cuestionable.
2- Desde su punto de vista, cuáles han sido los puntos fuertes del Gobierno en términos institucionales y cuáles los más débiles?
Respuesta: Los puntos fuertes han sido la creación de normas, decretos y leyes que mejorar el entorno institucional. Tales como las leyes que crean las Secretarias de Estado de: 1) Economía, Planificación y Desarrollo, 2) la de Hacienda, y 3) recientemente la de Administración públicas. Si las leyes que crea estas instituciones se cumplieran serían como dar el primer paso en la luna de la institucionalidad, un paso enorme en pro de lograr un mayor nivel de institucionalidad y eficiencia en el Estado Dominicano.
Otras tres leyes trascendentes son 1) la de Presupuesto, 2) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano, y 3) la que establece las funciones del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. Este tribunal ha sido el que que, para poner un ejemplo, conoció el caso de Huchi Lora contra Diandino Peña por denegación de información. Las tres son piezas importantes en la construcción de la transparencia; en el caso de las dos primeras el nivel de cumplimiento es insatisfactorio. Lo tercero se encuentra en un proceso al que hay que darle seguimiento estrecho.
Entre los decretos se puede señalar el que “sube” de rango al antiguo Departamento de Prevención de la de Corrupción Administrativa, hoy Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA). Y la división de las tareas de promoción de la ética de las tareas de la persecución. Se ha aumentando significativamente el número de Comités de Ética de las oficinas públicas.
La promoción de la creación de las oficinas de acceso a la información en varias secretarías de importancia, es un logro a resaltar. Hay pequeños avances en ese sentido.
Los puntos fuertes están referidos a la creación de la normativa institucional. Los débiles, por desgracias, se encuentran en el lado de la práctica, del cumplimiento de esa normativa. Por ejemplo, el hecho de que se haya elevado el rango de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), no impidió que se retirarán de las justicia casos tan escandalosos y en proceso como el que se le seguía a Ángel Lockward, por el caso del GLP, tampoco ha aumentado substancialmente el número de casos investigados por la DPCA.
Las leyes que crean la secretaría de Hacienda y la de Economía, Planificación y desarrollo no son respetadas, debido a diferencias entre sus respectivos secretarios. Aunque hay que reconocer que la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo hace intentos importantes de cumplir con su deber.
La Ley de Compra y Contrataciones no es respetada, y lamentablemente hay poco interés en hacerla cumplir. El marco que crea la Ley de Administración Pública es un excelente instrumento para lograr la implantación de una auténtica carrera civil y administrativa. Su creación es muy reciente y se está a la espera de ver hasta dónde se podrá reglamentar el empleo público.
3- Al asumir la Presidencia, Fernández anunció una serie de medidas para hacer frente a la crisis, empezando con una política de austeridad y frenar la corrupción. ¿Cree que ha sido coherente el Gobierno en estos aspectos?
No, no, no hay coherencia. El dispendio de energía es enorme, es normal ver vehículos con placa oficial circulando los fines de semana ( y se supone que eso está prohibido), la ley de austeridad es un adorno, y parecería que para gran parte de los altos funcionarios es una especie de chiste, ya que se ríen de ella.
En cuanto a la corrupción tampoco hay coherencia. Pero, este asunto es muy complejo, ya que los problemas de la corrupción en nuestro país están vinculados a la falta de instituciones fuertes, al clientelismo, a la debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, al patrimonialismo, a los ineficientes controles, a la falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y a la débil participación de la ciudadanía en el mundo de lo público.
No hay una política anticorrupción de parte del Estado Dominicano. Y tampoco hay estrategias claras, coherentes y permanentes de parte de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales muchas veces comen mucha bola, hay protagonismos excesivos en algunas y poca disposición a la unidad en otras.
A veces las organizaciones se activan por casos escandalosos y una vez terminado el caso regresan a un letargo. Incluso la ayuda internacional contribuye a la fragmentación de las acciones anticorrupción de las organizaciones civiles. Y es una pena, porque hoy hay una normativa que la sociedad civil podría usar para mejorar el marco institucional. La ONG y las organizaciones civiles en general deberían someter a los tribunales a quienes irrespetan la ley de compras y contrataciones, a quien no dan acceso a la información, deberían usar más el decreto que posibilita que la gente haga auditoria social. Hay mecanismos importantes que apenas son usados de manera tímida por las organizaciones.
4- De mantenerse el modelo y la política económicos actuales, qué puede esperar la población para los próximos cuatro años.
No debe mantenerse este modelo, de ninguna manera. El déficit social es muy grande y este modelo crea más desigualdad, hace más ricos a los muy ricos, y empobrece a la mayoría. El contexto internacional y las dificultades económicas obligan a que el gobierno redefina algunos aspectos, y convenza al sector privado de que debe dejar de ganar un poco para mantener la estabilidad y la gobernabilidad. Si se insiste en seguir la fragmentación social será mayor, más gente querrá irse del país como sea, y tendremos estallidos dispersos, pero creciendo en puntos de tradición de lucha, tales como los barrios de la parte alta de la capital, y en las municipalidades de Navarrete, Salcedo, San Francisco y otras.
5- La promesa para el próximo cuatrienio fue darle mayor atención a lo social. ¿Se están danto estas condiciones o señales para esa reorientación?
O las señales no son claras para el Catcher, o titilan débilmente, o el Lanzador está distraido. Hay que repetirlo: no se debe seguir por el camino que vamos en materia social, y no hay evidencias fuertes de que se esté promoviendo un cambio.
Por ejemplo en el sector salud, cada vez es más importante el papel que juega la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en la implementación del sistema, pero el gobierno no la fortalece. La Sisalril como organismo regulador en ocasiones parecería estar más cerca de la ARS que del paciente.
El gabinete social no coordina con las diversas secretarías de estado, no hace su función de rector de una política social integral y articulada a la política económica. El sector social del gobierno carece de un liderazgo fuerte.
Parecería que se le presta más atención a lo asistencial, que a la ejecución de una política social que ayude a la gente a desarrollar sus capacidades y potencialidades al máximo. Es decir, una política social que promueva el desarrollo humano.
Claro hay que reconocer que debemos esperar, sería importante, por ejemplo, saber quienes serían las personas que pasaría a ocupar los puestos claves en política social, es decir, el secretario o secretaria de Educación, el de Salud, las personas responsables en las diversas instituciones del sector salud, del sector vivienda, del gabinete social mismo.
