Así fue que se comenzó a hablar del SeNaSa 2.0, en palabras del fiscal Wilson Camacho.
La preocupación y demanda de que se explique a qué altura están las investigaciones son válidas si tomamos en cuenta el desarrollo del caso SeNaSa, hubo demasiados actores gubernamentales y políticos involucrados que se han ido de rositas.
Recordemos que el presidente Luis Abinader, hasta agosto de 2025 defendió SeNaSa con uñas y dientes, instituciones como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental certificaron a SeNaSa con altos porcentajes en transparencia, hasta 4 meses antes de judicializarse, a pesar de que el caso presentado evidenció que el tramado de corrupción se inició en el mismo momento en que Hazim tomó posesión del cargo.
Para que SeNaSa pudiera evadir todos los controles debió contar con cómplices en una serie de instituciones encargadas de su supervisión y regulación durante los 5 años que duró el entramado. Por lo que siempre se ha esperado que el llamado SeNaSa 2.0 debería incluir del papel durante los cinco años del crimen del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que es su órgano rector, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que es el órgano fiscalizador, pero otras instituciones que habría que observar bien son la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que administra los fondos de SeNaSa, y las que auditan los recursos públicos: la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
Fueron cinco años en los que a una gran cantidad de dominicanos y dominicanas se le impidió el acceso a la salud, reportando procedimientos falsos y agotando los recursos individuales de cada afiliado, para esa parte del entramado necesitaron médicos y centros de salud que formaran parte del entramado de corrupción. La propia procuradora Jenny Berenice así lo reconoció en diciembre de 2025 cuando dijo “Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos”.
A la fecha no hay datos sobre la marcha de la investigación, solo una información que puede resultar preocupante. El 3 de mayo Wilson Camacho dijo que los investigados por el caso 2.0 “han comenzado a gestionar acercamientos para llegar a acuerdos”. Con el antecedente de impunidad durante 5 años de los actuales implicados una declaración de ese tipo debe preocupar a quienes queremos justicia.
Otro aspecto que el 2.0 debe esclarecer es el verdadero monto de del caso. A pesar de que el ministerio publico habló de más 15 mil millones de pesos en sus inicios, hace poco fue sometido a la justicia Ángel Luis Guzmán Vázquez ex empleado de SeNaSa, apresado intentando salir del país con un pasaje solo de ida, en el conocimiento de las medidas de coerción para este implicado se habló de autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025 de unas 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos 41 mil millones 125 mil 551 pesos. Solo en el caso de un imputado, se tiene que es responsables de un monto de tal magnitud, ya debemos imaginar a cuanto podría ascender el caso en su totalidad.
Así que no se trata de cambiar la base institucional y legal para evitar que situaciones similares puedan ocurrir, lo que debe hacerse es sancionar a todos los culpables dentro y fuera de la administración pública, se trata de llevar los responsables a la justicia.
Bien hace, pues, el PLD en su última rueda de prensa al reclamar que se informe claramente el estado del SeNaSa 2.0
Ramón Tejada Holguín
19 de mayo de 2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario