Jorge Cela dijo que la Policía dominicana “es un cuerpo enfermo, corrompido y muy deteriorado” (Hoy, 15-10-2001). Más o menos un año después la doctora Aura Celeste Fernández me invitó a participar en un taller sobre Dignidad Humana y la Policía, junto a gente de la sociedad civil, de la Iglesia como Luis Rosario y Rogelio Cruz, y de la Policía entre los que se encontraban la cabeza principal del Instituto de Dignidad Humana de la institución, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
Mi diagnóstico de la Policía era similar al de Cela. Había agentes que disparaban primero y averiguaban después, y contaban con el apoyo de la jefatura. Los métodos policiales de combate a la delincuencia no eran efectivos, y en ocasiones los miembros de la institución tendían a convertirse en aliados de la delincuencia. Sus métodos de enfrentar la criminalidad eran ineficientes, responden con fuerza excesiva e irrespetando los derechos humanos. La acusación de ser un cuerpo totalmente corrompido y que no respeta su propia ley institucional era generalizada.
Creía que el cuerpo policial dominicano conservaba la estructura de un organismo de represión política del Estado. Esta estructura de carácter militar la había heredado del trujillismo, y de los doce años del doctor Balaguer. No ha existido sintonía entre los cambios operados en el orden político y social, y la necesaria transformación de la policía. Los "métodos de investigación y de interrogación" aplicados a los comunistas, eran aplicados a los delincuentes. Simplemente se dio una redefinición del "enemigo".
En aquel evento comencé a ver las cosas un tanto diferentes, y conocí a un oficial policial, Pérez Sánchez, que no encajaba en el diagnóstico. Había esperanzas, siempre y cuando policías como éste asumieran los puestos de dirección, y en la sociedad civil se entendiera que la situación de la Policía Nacional nos importa a todos y todas. La responsabilidad va desde el Presidente como jefe máximo de la institución a los sectores económicos que han apoyado a jefaturas represivas, a los diversos organismos defensores de los derechos humanos, así como al ciudadano de cualquier condición que en cualquier momento puede ser muerto por una bala perdida o un error policial.
A finales de los 90 desde la Fijus, la doctora Murrielle Perraud elaboró una serie de documento en los que se planteaba la necesidad de transformar esta institución en una policía comunitaria, que además de sus labores de mantener el orden, de prevenir y reprimir la criminalidad, ayude a la comunidad en la solución de diversos tipos de problemas. Ruido, conflictos entre vecinos, podrían muy bien solucionarse con la ayuda de un policía con nociones básicas de derecho y sicología. Dicho agente funcionaría como árbitro y las soluciones podrían surgir evitando que cualquier caso termine ante el fiscal, el juez o en una desgracia.
El general Pérez Sánchez, alma del Instituto de Dignidad Humana, recién nombrado jefe de la Policía Nacional, tiene la gran oportunidad de dirigir el cambio de la institución, el cual es imposible sin el concurso de todos los sectores. Una nueva policía es necesaria para la democracia, hagámosla.
Ramón Tejada Holguín - 19 de agosto 2004
