A pesar de todo hay razones para el optimismo, o al menos para seguir luchando

El escepticismo es alto en la nación y existen bases para que así sea. Además de la corrupción gubernamental, se percibe que casi no quedan instituciones políticas y sociales que defiendan los intereses ciudadanos, porque el conflicto de interés chorrea por los cuatro costados de muchas organizaciones.

Pero no todo está perdido. Así como hay potentes organizaciones civiles, comunitarias y populares capturadas por el empresariado y otras por sectores gubernamentales, hay otras que hacen un excelente trabajo, aunque a veces modesto e invisible. Basta pensar en la lucha por el 4% del PIB para la educación, y en la juventud que acampó en Gonzalo defendiendo una de nuestras principales fuentes de agua.

Así como hay instituciones gubernamentales en que la corrupción es el pan de cada día, como el desayuno turístico de depredadores ecológicos, también existen instituciones como Pro Consumidor, que se embarcan en titánicas luchas a favor de todos y todas. ¿La vamos a dejar sola? Su lucha a favor de que todos los contratos de adhesión, incluyendo los del sector financiero, sean registrados es una lucha de la ciudadanía completa.

El sector financiero dominicano es fuerte y estable, y estoy seguro que no teme a que en el registro de los contratos se determine si existen o no cláusulas abusivas. ¿Cuál es la razón de negarse a registrar los contratos de adhesión en Pro Consumidor? No creo que el sector financiero tema al párrafo III, del artículo 81 de la Ley General de Protección a los Derechos de los Consumidores y usuarios (Ley 358-05), que dice: “En todo momento los consumidores o usuarios, por sí o a través de las asociaciones de consumidores podrán solicitar que se haga efectiva la revisión de los contratos de adhesión o en formularios que sean posteriores al inicio de las operaciones de Pro Consumidor, en especial en todo lo relativo a las cláusulas que limiten o atenúen responsabilidades”.

Bien harían las instituciones amigas del sector financiero en aconsejarle que registre sus contratos de adhesión. Quien no tiene hecha no tiene sospecha. Eso sí, quienes se oponen a registrar dichos contratos van contra la transparencia, la institucionalidad y la justicia.

Ramón Tejada Holguín
Perspectiva Ciudadana
17 febrero 2011
 
Nota: escrito a propósito del apoyo que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha dado a las instituciones financieras que se niegan a registrar los contratos de adhesión en Pro Consumidor.
 
El Listín Diario reseña la posición de Finjus:
 

La democracia es barata

La democracia tiene un costo tanto en dinero como en energía social. Pero, la relación entre recursos económicos y energía social debe siempre favorecer a la energía social. Es decir, un país debe invertir más tiempo, participación y acción de la ciudadanía que dinero en los procesos y campañas electorales. Pero, en nuestra nación el dinero fluye a montones por la carretera clientelar. Para colmo las instituciones electorales predican la opacidad con el ejemplo. ¿Sabes cuánto cuesta organizar un proceso electoral en la República Dominicana? ¿Cómo nos relacionamos con los demás países de la región en lo que al costo del proceso electoral se refiere?

Participación Ciudadana sostuvo, en su informe final del proceso electoral, que "la organización de las elecciones de parte de la JCE ha requerido de una inversión económica que se tendrá por cierta cuando se transparente el balance final del presupuesto ejecutado; sin embargo, estimaciones preliminares rondan entre los 2,100 y 2,880 millones de pesos (entre 57 millones 534 mil 247 dólares y 78 millones 904 mil 110 dólares)". ¿Es mucho o poco en comparación a otros países? Hay países más grandes y con una cantidad de electores muy por encima de los y las electores dominicanas, por lo que se hace la comparación tomando en cuenta la cantidad de dólares que se invierte por cada elector.

Según una investigación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (por sus siglas en ingles IFES) en las elecciones del 2002 en Brasil por cada persona inscrita en el padrón electoral se invirtió 0.29 dólares en la organización del proceso electoral, en Guatemala en el 2003 se invirtió 0.27, en Honduras país pequeño y pobre como nosotros en el 2001 fue 0.75 dólares, en Ecuador en el 2002 fue 1.09, en Colombia en el 2002 fue 1.95, Bolivia en 2002 fue 3.3 y Uruguay 3.72 dólares en el 2004. ¿Cuánto fue en nuestro país en el 2004? Según el IFES 6.84 dólares por cada persona inscrita en el padrón. Una exageración total. La comparación con otros países nos ubican como uno de los países en que el costo de las elecciones es mayor.

¿Volvemos al 2010?

Se ha dicho de la eficiencia de la actual JCE. Eficiencia significa hacer un buen o excelente trabajo con la menor cantidad de recursos. Si dividimos los millones de dólares que dice la JCE que gastó en el proceso electoral del 2010 entre los 6 millones 116 mil 417 personas en el padrón, el costo de estas elecciones estuvo entre 9.40 y 13 dólares por personas inscritas en el padrón, esto según los cálculos de Participación Ciudadana. Todo indica que esta JCE ha sido la más costosa de la historia republicana. El costo de las elecciones tiende a crecer, cuando lo esperable es que baje gracias a la eficientización de los procesos. Sólo México gasta más que la JCE. Todas las instituciones electorales de los demás países de la región son más eficientes que la actual JCE. La democracia es barata, pero esta JCE es muy cara.

Ramón Tejada Holguín
Perspectiva Ciudadana
El Caribe
15 de febrero 2011