Muchos se quejan de cómo la degradación clientelar arropa la política dominicana. La queja parece generalizada. Hay quienes justifican la acción clientelar de manera baladí: “es que la mayoría de la gente es clientelista y por lo tanto no hay forma de que un político gane una elección o se convierta en un dirigente partidario sin ceder a la tentación clientelar”, dicen. Hay quienes sostienen que el clientelismo es ubicuo: está en todas partes, por lo que combatirlo es casi imposible. Tanto poder se le da al clientelismo que uno termina frustrado, haciendo girar el globo terráqueo y pensando: ¿A qué país allende América Latina debe uno ir a vivir para escapar del clientelismo?
¿Por qué el clientelismo tiene tanta fuerza en naciones como la nuestra, pobres, de escaso desarrollo institucional y con políticas sociales deficientes y asistenciales? Para responder esa pregunta, primero debo decir qué entiendo por clientelismo. En palabras sencillas: es el intercambio de apoyo político por favores. El político da favores (que pueden ser en dinero, en especies, o en respaldo para acceder a bienes y servicios públicos) y recibe a cambio el apoyo de las personas que ha favorecido. ¿Hay solución? Sí, evitemos que los políticos tengan la discrecionalidad de entregar los recursos públicos para hacer clientelismo. ¿Cómo? Luchando por más transparencia, enfrentando ideas como las que justifican que senadores y diputados tengan una cartera dedicadas a “ayudar” a sus comunidades, ya que eso es clientelismo en su forma más burda. Pelear porque exista una ley de carrera civil y administrativa que impida que los funcionarios y funcionarias nombren a sus claques en el estado. El clientelismo es pues un fenómeno político-institucional que debe ser combatido con acciones político-institucionales.
Pero, esa es sólo una arista del problema. Hay otra: la ciudadanía. ¿Qué hacer con tantas personas que los deficientes servicios de educación y salud, no les han permitido desarrollar sus capacidades por lo que no pueden conseguir trabajos estables y bien remunerados? ¿Qué hacer con sectores que logran ascender, estudiar, prepararse pero la rigidez del mercado de trabajo les impide conseguir un buen empleo? La política partidaria en el país es una fuente de empleo, en la que ideologías y valores no valen, sólo la reproducción material inmediata. Peliagudo y complejo el asunto. Porque el clientelismo tiene una base social y material, que debe ser atacada y no con palabras, sino con hechos. ¿Cómo? Peleando por una política social universal: que ninguna persona crea que para poder recibir un buen servicio público, o beneficiarse de programas sociales específicos, debe andar lamiéndole a un político esa parte en la cual la espalda pierde su nombre.
Además de político, institucional, social y material el clientelismo se relaciona a los valores. Se confunde lealtad y fidelidad con clientelismo. Emplear un familiar incapaz en un organización pública, sea estatal o civil, es clientelismo y no lealtad. Y las ayuda a primos, hijos, hermanos, y demás familiares es lo más generalizado en todas las esferas de la sociedad. Ahí nadie escapa. Para unos ayudar a quien les apoya es lealtad y apoyar a quien les ayuda es fidelidad, pero las ayudas la sacan de nuestros bolsillos. El clientelismo es la célula del comportamiento corrupto. Es claro que las acciones propuestas aquí no son exhaustivas, porque el espacio no lo permite, son sólo indicativas. El mensaje es que un fenómeno multidimencional debe ser atacado de manera multidimensional.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe 3 de mayo 2007
Alicia persigue un conejito blanco por vericuetos inenarrables: en el trayecto descubre un país de maravillas que ella transforma y a ella la transforma. Demandar la construcción de una sociedad democrática es igual: se construye la democracia y el trayecto nos descubre nuevos espacios para la acción colectiva. Alcanzar la meta es el fin del relato, pero el relato social es interminable. Desde el País de Alicia es mi persecución del conejito de la democracia, en este país de ambiguas maravillas.
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SANTO DOMINGO, DN.-El Representante de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI) y del Foro Ciudadano ante la Comisión Nacional de Ética, aplaudió la decisión del nuevo Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que ordena a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y a su director, Diandino Peña, que pongan de inmediato a disposición de Huchi Lora la información de los planos aprobados y de los estudios realizados para la construcción del metro de Santo Domingo.
El sociólogo y escritor Ramón Tejada Holguín destacó la importancia de la inciativa de Huchi Lora, y la valentía de este comunicador, de hacer valer su derecho a través de los instrumentos, recursos, mecanismos e instituciones que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, como son la Ley de Acceso a la Información Pública, las instituciones ante las cuales se solicita la información, la nueva ley de amparo para el ejercicio de este recurso y los tribunales.
Afirmó que la decisión del tribunal sienta un precedente que las actuales y futuras generaciones de ciudadanos usarán a su favor, a la hora de invocar su derecho a estar informadas, cuando quieran formarse una opinión sobre un asunto, cuando necesiten la información para tomar cualquier decisión, incluso la de elegir a sus candidatos, cuando deseen saber en qué se están utilizando los recursos del Estado, que son sus propios recursos o, en fin, simplemente cuando quieran saber por saber, por curiosidad.
Destacó que lo que estamos presenciando es el inicio del establecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los gobernantes.
Recordó que en el 2005, con el lanzamiento del Plan Estratégico de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, el gobierno asumió formalmente un compromiso con la transparencia.
Sostuvo que ese compromiso, que no tiene retorno, incluye entre sus objetivos poner en marcha la vigencia real de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, lo cual implica, no solamente suministrar la información a todo ciudadano que la solicite, sino ofrecerla espontáneamente a través de las Oficinas de Acceso a la Información que deben crearse en cada institución pública, así como de las páginas de internet que dichas instituciones deben crear y mantener para todo ciudadano.
Clave Digital 28 de abril 2007
y Hoy 29 de abril del 2007
Aplaude sentencia a favor de Huchi Lora por reclamo de información
SANTO DOMINGO, DN.-El Representante de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI) y del Foro Ciudadano ante la Comisión Nacional de Ética, aplaudió la decisión del nuevo Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que ordena a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y a su director, Diandino Peña, que pongan de inmediato a disposición de Huchi Lora la información de los planos aprobados y de los estudios realizados para la construcción del metro de Santo Domingo.
El sociólogo y escritor Ramón Tejada Holguín destacó la importancia de la inciativa de Huchi Lora, y la valentía de este comunicador, de hacer valer su derecho a través de los instrumentos, recursos, mecanismos e instituciones que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, como son la Ley de Acceso a la Información Pública, las instituciones ante las cuales se solicita la información, la nueva ley de amparo para el ejercicio de este recurso y los tribunales.
Afirmó que la decisión del tribunal sienta un precedente que las actuales y futuras generaciones de ciudadanos usarán a su favor, a la hora de invocar su derecho a estar informadas, cuando quieran formarse una opinión sobre un asunto, cuando necesiten la información para tomar cualquier decisión, incluso la de elegir a sus candidatos, cuando deseen saber en qué se están utilizando los recursos del Estado, que son sus propios recursos o, en fin, simplemente cuando quieran saber por saber, por curiosidad.
Destacó que lo que estamos presenciando es el inicio del establecimiento de una cultura de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los gobernantes.
Recordó que en el 2005, con el lanzamiento del Plan Estratégico de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, el gobierno asumió formalmente un compromiso con la transparencia.
Sostuvo que ese compromiso, que no tiene retorno, incluye entre sus objetivos poner en marcha la vigencia real de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, lo cual implica, no solamente suministrar la información a todo ciudadano que la solicite, sino ofrecerla espontáneamente a través de las Oficinas de Acceso a la Información que deben crearse en cada institución pública, así como de las páginas de internet que dichas instituciones deben crear y mantener para todo ciudadano.
Clave Digital 28 de abril 2007
y Hoy 29 de abril del 2007
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