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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la ciudadanía




La ciudadanía padece las grandes ciudades del país, sobre todo el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago. Grave es el problema del transporte de pasajeros y el tránsito, tapones, bocinazos; bulla y desesperación; inquietud e histeria.
  
Pero, hay buenas noticias. En lo institucional, se aprobó la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

 Vial, consensuada con todos los grupos sociales y empresariales, para abrir una nueva etapa en el sector que permita la formalización de las empresas, algunas veces mal llamadas sindicatos, del transporte.


Esta Ley creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que empezó su trabajo con la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial, el cual implicó un levantamiento de campo, entrenamiento de su personal y el establecimiento de convenios de colaboración e integración con diversos sectores.

Hoy en día, el INTRANT cuenta con siete de los reglamentos que la ley le ordena elaborar, y otros cuatro revisados y aprobados por su Consejo y remitidos al Poder Ejecutivo, logrando así alcanzar cumplir con su rol de regulador del caos del transporte de las grandes ciudades del país.

Entre las principales medidas que implementa está el “Plan de Reordenación del Transporte de Pasajeros del Gran Santo Domingo”. Con este plan se licitarán varias rutas de pasajeros en los corredores de la capital donde se ha identificado una alta demanda. ¡Basta ya de que sectores se crean dueños de rutas que pertenecen al espacio público! ¡Basta de muertes y sicariatos por el control de las rutas!

Estas licitaciones son públicas y el proceso se realiza con total transparencia, en el que todo el que muestre interés puede retirar el pliego de condiciones específicas y participar.

La primera licencia se concedió en el corredor Núñez de Cáceres, lo que se facilitó porque las empresas que allí operan, que no son de los grandes supuestos sindicatos, están asociadas y de manera inteligente vieron la ventaja de un nuevo modelo de hacer negocios. Ellos mismos se transformaron en empresas y van a adquirir sus vehículos, nada de dádivas del Estado; el Intrant les garantiza un entorno amigable para el negocio del transporte de pasajero, y esa es su misión.

En la actualidad está en desarrollo la licitación del corredor de la avenida Abraham Lincoln, y se seguirá con el de la zona colonial, que incluye una parte del malecón, para darle vida a los hoteles ubicados en esa vía.

Seguirán, y ya están listos para entrega los pliegos de licitación de los corredores de la Winston Churchill y de la Charles de Gaulle.

El corredor de la avenida 27 de Febrero, que en la actualidad lo operan Fenatrano y la OMSA, y es uno de los mayores, se dejaría para el final.

Las licitaciones de las rutas del transporte público de pasajeros constituyen un hito en la República Dominicana. Este proceso se realiza dando cumplimiento a las normativas de competitividad mediante la alianza del sector público y el privado.

Solo hay que recordar que de por medio hay grupos choferiles que se creen los dueños de esas rutas y que, ahora por primera vez, se les está diciendo al que desee entrar que hay nuevas reglas del juego, a tono con las exigencias de un transporte seguro, moderno y de calidad como lo estipula la Ley 63-17. Se está convocando a todo el que desee convertirse en empresario del transporte a participar, como quien dice se está democratizando.

Dentro de los requisitos establecidos en esta ley está que los operadores de las rutas tendrán que constituirse en empresas organizadas, que estén en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Es la vía más expedita para promover la formación de empresas de transporte, a través de una capacitación y formalización del sector, convirtiendo los actuales operadoras independientes en empresas organizadas que garanticen el servicio y la calidad de vida para los choferes y obviamente para los pasajeros.

Los conductores pasarían así, de trabajar 16 horas al día a un horario de trabajo organizado, que les permita compartir con su familia y tener su sustento de vida garantizado a través de un trabajo digno, y además tener los beneficios que brinda la seguridad social.

No se está improvisando. Por ejemplo, se están entrenados 300 agentes de la DIGESETT, antigua AMET, totalmente nuevos, sangre nueva, para la operatividad de esos corredores, y ya se inició un programa de capacitación para profesionalizar a los choferes que formarán parte del nuevo sistema integrado de transporte público de pasajeros.

La formación inició con un primer grupo de 116 conductores de la compañía que opera el corredor de la Núñez de Cáceres, y se extenderá a todos los demás corredores del Gran Santo Domingo.

Los conductores participantes son formados en normas de tránsito y señalizaciones, haciendo énfasis especial en las relacionadas con el servicio de transporte público de pasajeros.

La meta del Gobierno es que el Sistema Integrado de Transporte Público se vaya extendiendo, sin prisa y sin pausa, de Santo Domingo al resto del país.

En Santo Domingo el sistema cuenta con las dos líneas de Metro, el Teleférico de Santo Domingo y sus extensiones, y tendrá el Sistema Urbano de Buses Alimentadores. 

El interés del Gobierno es resolver el problema del transporte, pero es necesario la consciencia ciudadana, sí la tuya, tú eres parte de la consciencia ciudadana, sí sí también yo;  el respeto a la ley de transito, sí de tu parte no del otro, el otro también pero tú también tienes que respetar; y mayor cortesía, sí tú, de ti estoy hablando, y de mi y de todos los demás,  a la hora de movilizarse en vehículos propios o del transporte público, sí, de todos y todas mayor cortesía. Mejorar el transporte nos convoca a todos y todas.

Ramón Tejada Holguín

Lunes 1 de Abril de 2019
Texto del Podcast que se transmite los lunes, 
a la 8 de la mañana, a la 3 de la tarde y 
a la 8 de la noche por @super7fm

Hubieres, movimientos sociales y ley de tránsito terrestre

Las actividades vitales que la gente debe realizar en las sociedades actuales son imposibles si en las ciudades no existen formas eficientes para trasladarse de un punto a otro, por ejemplo de la casa al trabajo, a los lugares de ocio y recreación. La ciudadanía necesita de un transporte público o privado eficiente, eficaz y a precio justo. El transporte es un producto de primera necesidad, como los servicios de agua y electricidad, por ejemplo.


El servicio de transporte, debe ser tratado como un bien público y es una responsabilidad estatal regirlo, disponerlo, proveerlo (ya sea por vía pública o privada, o ambas) y garantizar que sea una contribución al bienestar común, a la vida colectiva digna.

Por décadas tanto las rutas, el orden y la calidad del transporte en la República Dominicana estuvieron descuidados, con autoridades sectoriales intentando, precariamente gestionarlos sin éxito, tratando con paliativos un fenómeno enorme y complejo que involucra a la totalidad de la población del país.

El transporte ha sido caótico, agotador, extenuante, insuficiente, precario e inseguro.

Desde que la administración del presidente Danilo Medina asumió la gestión del Estado hubo conciencia de que los esfuerzos que se venían desarrollando con la provisión de servicios de transporte y la ampliación y mejoras de vías eran insuficientes, pero había una base para trabajar. 

Por eso, además de continuar con procesos en curso: el Metro, la OMSA y la inversión en infraestructura, se acometió la tarea de que tuviéramos un marco institucional y regulatorio que nos diera instrumentos de gestión sin los cuales el transporte seguirían siendo caótico e incapaz de satisfacer las necesidades de las personas.

El marco consensuado en la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 63-17, es precisamente el instrumento imprescindible para que nos dotemos de un sistema que dé respuesta sana a los desafíos de este proceso complejo y enorme.

Se avanza, se ha unificado el criterio del sector, se realizan los estudios de rigor, se ha comenzado a dar orden y a ejercer la autoridad necesaria.
 
Muchos de los involucrados en el sector mostraron desconfianza y resistencia. Pero, fueron convencidos de venir a la mesa de negociación y entender que vamos en transición hacia algo nuevo que será de beneficio para todos.

Unos pocos se resisten a abandonar la forma en que explotan a los usuarios,  en que explotan a sus choferes y en que explotan el espacio público, porque son parte y se han beneficiado del caos en el transporte.

El tránsito y transporte van a cambiar la sociedad dominicana, y el Estado va a organizarlos y gestionarlos sin ceder al chantaje de los que persisten en sostener el calamitoso escenario en que hoy se benefician.

Ya tenemos reglas, se está abordando con rigor y sin demagogia las soluciones y se está fundamentando una autoridad y regulación racionales, dialogantes, sensibles, pero investidas de la jerarquía y el sentido de responsabilidad necesarios para hacer de nuestras calles y avenidas un bien público que había estado secuestrado.

 El transporte será servicio público dirigido al bien común de usuarios y proveedores, con dignidad, con reciprocidad y con responsabilidad. Necesitamos construir en ese sector una conducta colectiva que nos transforme y que exprese los valores de comunidad y solidaridad que son imprescindibles y contra los cuales quieren actuar aquellos que siempre encontrarán excusas para no abandonar su poder de abusar, extorsionar y actuar sin respeto por nada ni por nadie.

Hacer cumplir la Ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 63-17, demanda del concurso de la ciudadanía y de todos los sectores conscientes, principalmente los organizados que dicen defender a la ciudadanía.

Hay grupúsculos partidarios y sectores de la disminuida marcha verde; así como otros que se dicen luchadores sociales que parecen hacer política partiendo de la idea de que toda lucha dirigida contra una autoridad constituida, sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, es por definición legítima y debe ser apoyada. Uno diría que no reflexionan seriamente en las consecuencias negativas de ciertas luchas para los mismos pobres que dicen defender.

Observemos el apoyo que se le brinda a Hubieres, por ejemplo, incluso uno de esos grupúsculos lo ha proclamado como candidato a la presidencia.

¿Por qué no protestan por la forma gansteril con  que maneja el transporte urbano e interurbano en el país? ¿Por qué no luchar por una mayor institucionalización del transporte masivo? Se necesitan reglas claras en el transporte de pasajeros, y el final de la impunidad e inmunidad de ciertos empresarios del transporte que se dicen a sí mismos sindicalistas.

Pero, hay quienes creen que irrespetando la institucionalidad se es revolucionario, como si ignoraran que las revoluciones crean sus propias institucionalidades.

Esa forma esquizoide de hacer política es lo que más ha bloqueado el crecimiento de los movimientos sociales.

Que conste, creo que el país necesita un movimiento social fuerte y racional, capaz de actuar en lo sociopolítico, como diría Gramsci, basados en la construcción de la hegemonía de los grupos subalternos. O sea, que tenga como norte constituir una autoridad política y moral que enfrente la hegemonía de los grupos que hoy tienen la sartén por el mango. 

La apuesta al enfrentamiento pueril es el bloqueo principal de la constitución de lo nuevo, en la política dominicana. Hubieres representa todo lo viejo y caótico del transporte.

Ramón Tejada Holguín
22 octubre 2018
Podcast por la @Super7FM


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