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La mesa de diálogo y la CIDH

Los medios de comunicación se han hecho eco de los temas que se abordarán en la MESA DE DIÁLOGO con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), resaltando que se tratarán tópicos relacionados con la migración y la adquisición de la nacionalidad.

La agenda fue publicada por la CIDH, organismo que explicó que la MESA DE DIÁLOGO tendrá una duración de doce meses y que durante ese período habrá dos reuniones, una en Santo Domingo y la siguiente en Washington, aunque las fechas aún no han sido fijadas.

Se ha tratado de tergiversar, con informaciones falsas y argumentos infundados, el rol del Gobierno en la MESA DE DIÁLOGO que sostendrá con la CIDH. El objetivo es claro: confundir a la sociedad.

El Gobierno acudirá a esta MESA DE DIÁLOGO a explicar todo lo que está haciendo en materia migratoria y de nacionalidad, defendiendo siempre nuestra soberanía y ordenamiento jurídico.

En esa MESA DE DIÁLOGO no se permitirá injerencias ni imposiciones de ninguna índole. Será una conversación informativa, donde el país suministrará informaciones y se permitirán preguntas.

La Mesa de Diálogo se celebrará aquí porque una vez que se saca a un país del capítulo IV o “lista negra” se estable el mecanismo de la mesa de diálogo en la nación para que, como haremos nosotros, defender lo que hemos hecho en materia migratoria y respeto de derechos humanos.

De hecho, este proceso se ha llevado a cabo en otros países de la región como Colombia y México que, al igual que RD, fueron sacados de dicho capítulo.

República Dominicana nunca debió estar en el Capítulo IV de la CIDH, ya que el Gobierno dominicano siempre ha mantenido una política de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.

Y, justamente, esa realidad es la que se explicará en la MESA DE DIÁLOGO. El Gobierno no ha negociado ni negociará absolutamente nada que tenga que ver con los atributos soberanos de la República Dominicana.

El Gobierno dominicano está comprometido con respetar y hacer valer su ordenamiento jurídico en materia migratoria y de nacionalidad, así lo ha demostrado. Cómo respeta los derechos humanos y la normativa internacional al respecto.

República Dominicana es un país libre y soberano con sus leyes y Constitución, y el gobierno las respeta y defiende, así como los acuerdos internacionales y los derechos humanos.

Hay que reiterar que la Ley 169-14 es un estatuto justo, equilibrado, políticamente viable, y que, además, está acorde con la Constitución y las demás normas del ordenamiento jurídico del país.

Con esa Ley han quedado resuelto los problemas que afectaban a miles de personas nacidas en el país hijos de padres extranjeros residentes en condición migratoria irregular, antes del 2007.

La ley se refiere a la nacionalidad. 

En cuanto al tema migratorio llevamos a cabo un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el cual ha jugado un papel importante en el control migratorio en el país. El PNRE fue un éxito y ya nadie puede inscribirse en él porque las inscripciones finalizaron.

La Ley Especial 169-14 buscaba retornar la documentación a personas nacidas en el pais, que tenía sus documentos y ellas no cometieron ninguna irregularidad al conseguirlo. Solo aplica para esas personas que se contabilizaron en unas 50 mil. Esta ley fue fruto del consenso de todos los sectores políticos y diversas instituciones nacionales.

El Plan Nacional de Regularización, es un ejemplo de que República Dominicana aplica una política migratoria justa, respetuosa de los derechos humanos, tal y como lo establecen las legislaciones vigentes a nivel nacional e internacional.


Hoy en día países como Chile y Colombia discuten la posibilidad de aplicar planes de Regularización de Inmigrantes que están es esos países de forma irregular.

Ramón Tejada Holguín.

Pequeño diccionario de palabras que se confunden: regularización, migrantes y nacionalidad


Hay diversas instituciones y personas que al momento de hablar del tema migratorio y la naturalización dominicanos desconocen las características e implicaciones del Plan de Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), y confunden este, el PNRE, con el proceso de la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional cuyos ambos padres sean extranjeros irregulares y que fueron inscritas en el Registro Civil Dominicano.

La ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se refieren a dos aspectos totalmente distintos: la primera hace referencia a la nacionalidad y naturalización, y el segundo a la necesidad de que todos losextranjeros que estén en el país esténformalmente documentados, debidamente regularizados en su estatus legal.

Esta ley fue fruto de un gran consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso Nacional y sus líderes políticos.

También se consultaron y dieron su visto bueno organizaciones de las distintas iglesias,la sociedad civil y sus liderazgos.


1. Nacionalidad y Naturalización

La ley 169-14 establece:

A) Un régimen especial en beneficio de hijos e hijas de padres y madres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil Dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; a todas esas personas se les reconoce la nacionalidad dominicana automáticamente. Esas personas ya tenían sus actas de nacimiento, y habían nacido y criado en nuestro país, era de justo derecho devolverles sus documentos de identidad. Este grupo no pasa de 55 mil personas.

La ley también identificó un grupo de personas nacidas en el país y con la misma características del grupo anterior, pero que nunca se inscribió en el registro civil. 

A este grupo se le llamó grupo B. En ese caso se estableció el procedimiento para el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil. Estos primeros se inscribieran en el libro de extranjería y luego de dos años podían optar por la naturalización. En este grupo se inscribieron menos de 9 mil personas.


2. Migración y Regularización

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) no se relaciona con dar o quitar nacionalidad a nadie, o dar naturalización a alguien.

El PNRE fue diseñado exclusivamente para migrantes extranjeros que se encontraban en el país en situación irregular, y su objetivo fue regularizarlos, dicho en lenguaje sencillo "darles papeles", de manera que estos migrantes puedan ejercer sus derechos ciudadanos (por ejemplo, acceso a la seguridad social y Plan de Pensiones) y cumplan con sus deberes ciudadanos (por ejemplo, pagar sus impuestos y pagar lo que les corresponde en materia de seguridad social).

Al 17 de junio de 2015, fecha de cierre del PNRE, 288 mil 466 personas se habían acogido al plan. Al día de hoy hay 249,947 expedientes de personas aprobados. Cerca del 80 % de los acogidos al PNRE nacieron en Haití y el resto en Canadá, Estados Unidos, México, algunos de los países de Centro y Sur América, China, y algún país europeo. 

Es claro que quien no se haya regularizado, deberá, ahora, cumplir con las leyes migratorias dominicanas o retornar a su país de origen, como se estila en todas partes del mundo. 

De hecho el gobierno diseñó en aquel momento un plan de retorno voluntario, en el cual el gobierno dominicano le garantiza, sin costo alguno, el retorno a su país de nacimiento de las personas migrantes irregulares y sus pertenencias. Muchas personas se acogieron a este Plan de Retorno.

Cómo se puede observan faltan a la verdad quienes promueven la idea de que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros busca nacionalizar o naturalizar a extranjeros y en especial a personas de origen haitiano.

Las leyes migratorias dominicanas con claras y ya que el PNRE ha finalizado se aplica estrictamente la Ley de Migración y su protocolo de forma ordinaria. El Gobierno da garantías de que se respetará la dignidad de los extranjeros que sean sometidos al proceso de repatriación por no cumplir con los requisitos establecidos por las leyes dominicanas para residir en el país.

La Dirección General de Migración es la responsable de llevar a cabo el proceso de repatriación de extranjeros irregulares (o sea "sin papeles"). Ningún policía o militar puede apresar a un extranjero que resida irregularmente en el país, violando la ley de migración, sin la presencia de un oficial de Migración.

Cada extranjero debe ser registrado y procesado individualmente de manera que se controle la legalidad de su detención. Asimismo, se le debe proveer información en su idioma.

Cuando se puso en marcha el PNRE fueron capacitados 150 inspectores de la Dirección General de Migración y 2 mil militares, en materia de derechos humanos y orientados sobre los nuevos protocolos de chequeo.

Hay que estar bien claros, pues. Faltan a la verdad quienes colocan en el mismo nivel la ley 169-14 y el PNRE.

Lágrimas negras y la Constitución

Como gran parte de mi generación, es probable que la haya escuchado por vez primera en el vientre de mi madre. Quizás ya es parte del código genético caribeño y con solo oír los primeros acordes de "Lágrimas negras" la atmósfera que nos rodea se transmuta a la nostalgia y melancolía por algún amor que nos ha dejado en el abandono.

Diversos los ritmos y estilos en los que ha sido ejecutada. El bolero-son original interpretado por el mismísimo Miguel Matamoros, caribeño de pura cepa de inconfundible fraseo. Llevarla al danzón fue uno de los aciertos del fabuloso Barbarito Diez. Javier García, de padre cubano, madre irlandesa y nacionalidad española, hace una fusión entre reggae jamaiquino y la salsa al estilo Fania.

La canción está ligada a nuestro país. Cuentan que en 1930 Miguel Matamoros se alojaba en la pensión de Luz Sardaña, en Santo Domingo. Un día escuchó que el llanto quedo de una mujer se escapaba de una de las habitaciones. La voz prima y compositor del Trío Matamoros preguntó a doña Luz el porqué del desconsuelo de la mujer. Sardaña respondió: "su marido la ha abandonado por otra". De la congoja de la mujer nació la canción.

Los versos han sufrido cambios. Matamoros la inicia así: "Aunque tú me has dejado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones". Omara Portuondo sustituye ‘dejado’ por ‘echado’, y el Cigala hace un cambio radical para adaptarlo a su estilo de cante hondo, a su voz con reminiscencia árabe: "Aunque tú me has echa´o en el abandono. Aunque tú mataste mis ilusiones".

Víctor Víctor y Francis Santana en su "Homenaje a Matamoros", la devuelven al son. Igual hicieron Pablo Milanés y Caco Senante. Puedo hablar de las 17 versiones que tengo y me gustan, o de las cientos que existen. Pero, creo haber demostrado que cuando de "Lágrimas negras" se trata el debate sobre cuál interpretación resulta la mejor es rico y diverso, propicio a realizarse acompañado de un grupo de amigos boleristas y un trago del ron "OpthimUs". Nadie dirá que sólo una interpretación es válida. Sea a ritmo de son, bolero, danzón, bachata o reggaeton cada versión encontrará un público que la disfrutará con particular fruición.

Yo, amante del bolero que no hablo como jurista sino con el lenguaje de los seres humanos, creo que la Constitución y el bolero no se parecen. Por lo tanto, el debate sobre la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura no es cuestión de la validez de cada interpretación, ni de tertulias. La actual Constitución es clarísima y no deja lugar a dudas: una ley orgánica, para ser aprobada o modificada necesita dos tercios de la matrícula de legisladores presentes. Aceptar que una modificación del Presidente a una ley orgánica, propuesta a través de una observación, sea aprobada por mayoría simple, va en contra del sentido común y de la lógica aristotélica, y provoca el llanto por el abandono a la institucionalidad. Los boleros se interpretan, las constituciones se respetan.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
Perspectiva Ciudadana
22 marzo 2011

Ilustración robada a Gerhard Seyfried.

Crónica y explicación de las consecuencias de la aprobación inconstitucional de la Ley Orgánica del CNM

El martes la mayoría simple de la Cámara de Diputados aprobó las observaciones que el Presidente le hizo a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hay quienes dicen que es necesario que todo el liderazgo social, económico y político de vocación democrática se una y enfrente este grave hecho usando las herramientas institucionales y de movilización social.

¿Es tan grave lo ocurrido? Veamos. Según la Constitución el CNM designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a los del Tribunal Constitucional (TC), y a los del Tribunal Superior Electoral (TSE). Además, evalúa el desempeño de los de la SCJ. Esto significa que si una persona o un grupo particular domina el CNM, tendría en sus manos a las cabezas del Poder Judicial (porque nombra y evalúa el desempeño de la SCJ), el control constitucional (nombra jueces del TC) y el sistema electoral (nombra jueces del TSE).

Como el CNM es tan importante, la ley que establece cómo debe funcionar es orgánica. Para que las leyes orgánicas sean aprobadas la Constitución dice en su Artículo 112 que se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes, y lo mismo para modificarlas.

La Ley Orgánica del CNM se hizo según la Constitución y se envió al Presidente para su promulgación. Pero el Presidente la devolvió, disponiendo que como el CNM está compuesto por 8 personas, en caso de empate su voto desempata.

El martes los diputados y las diputadas reformistas y la mayoría de los y las del PLD, aprobaron lo que dijo el Presidente, con el voto favorable de la mayoría simple y no con el de los dos tercios de los presentes que dice la Constitución.

Esta decisión da al Presidente el control del CNM, ya que el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados, el Procurador y el Presidente con su voto que desempata, podrán decidir sin concertar con los otros sectores representados en el CNM. Además establece un precedente que permitiría al presidente y a los legisladores que le son fieles aprobar cualquier ley orgánica con mayoría simple.

¿Es grave o no lo ocurrido?

Ramón Tejada Holguín
Perspectiva Ciudadana
17 de marzo de 2011

Ilustración robada a:
Gerhard Seyfried.

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El proceso de votación en la Cámara de Diputados y Diputadas es automatizado, y ofrece un reporte automático de los resultados de las votaciones. Como se puede ver en la foto el reporte automático de la votación en cuanto a la Ley Orgánica del CNM aparece como "no aprobado". Observen arriba a la derecha dice:
"Tipo de mayoría 2/3".
"Resultados: No"



¿Para qué sirve un tribunal constitucional que no tiene la última palabra?

Creo que hay juristas de ambos sexos que se cuelgan de un lenguaje y de elucubraciones que les impiden ver "la realidad monda y lironda". Por ejemplo, uno lee una ley que dice "azul", y un o una jurista trata de convencernos de que el legislador usó "azul" para decir "amarillo". Como no soy jurisconsulto, trato de ver las cosas en su significado claro y llano y evidente, si azul es la palabra, azul es el color. No bromeo, pienso en el debate sobre las funciones del Tribunal Constitucional (TC), y veo como el sentido común sale volando por los aires.

Sí, estoy escribiendo del rollo en torno a las funciones del TC, y la oposición de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a que el primero conozca en última instancia cualquier decisión que afecte lo constitucional. Usemos el sentido común para responder estas preguntas. ¿Cómo se llama el tribunal? Constitucional. Fin del debate, un tribunal que se llame constitucional es lógico que tenga la última palabra en todo lo que tenga que ver con lo constitucional. Dice un jurista que las cosas son más complicadas y que la Suprema es Suprema. Entonces, ¿para qué sirve un Tribunal Constitucional que no tiene la última palabra en lo constitucional? Pues, para muy poca cosa. Tan sencillo como eso.

Si la lógica del sentido común no es suficiente, observemos que la Constitución Dominicana del 2010, sostiene en su artículo 184: "Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria." Más claro ni el agua purificada: si el Congreso Dominicano le quita la última palabra al Tribunal Constitucional estaría violando la Constitución.

Quizás la sociedad civil debe someter una instancia al TC, cuando este sea creado, para que decida si sus funciones violan o no la Constitución. Y si me dicen que "nadie puede ser Juez de su propia causa", yo les recuerdo un precedente: en el 1998 a instancia de la Sociedad Civil la SCJ actual interpretó la Constitución y decidió que parte de la Ley de Carrera Judicial no se le aplicaba a sí misma.

Ramón Tejada Holguín
Perspectiva Ciudadana
12 Enero 2011

Así no me protejas, compadre

En ocasiones defendemos o rechazamos acciones gubernamentales, basados en percepciones o preferencias partidarias. A veces sin hacer un análisis minucioso y objetivo. Por eso intentaré evaluar un componente de la Política de Seguridad Ciudadana de manera desapasionada y ateniéndome a los hechos. Me refiero a los retenes, a esos chequeos policíacos que se están haciendo casi cotidianos, en avenidas como la Máximo Gómez, la Jacobo Majluta, el Malecón, la Venezuela y otras.

En términos institucional, democrático y constitucional, violan del artículo 46, que consagra la libertad de tránsito. Libertad que sólo puede ser suspendida en caso de declaración de "Estado de Conmoción Interior y de Emergencia", según lo establece el artículo 266 de la Constitución que nuestras actuales autoridades venden como un orgullo nacional, pero que son incapaces de hacer que la Policía la respete. Los retenes entorpecen el desplazamiento de las personas sin causa justificada, con la agravante de que se realizan sin la presencia de ninguna autoridad judicial competente. Para colmo, en ocasiones, los agentes se colocan en lugares poco visibles, sin iluminación, y aparecen de la nada siendo proclives a provocar una desgracia.

Un ejemplo es el retén que se coloca en la Jacobo Majluta, cerca de la esquina con República de Colombia. En términos económicos hay aspectos positivos y negativos. Son positivos para los agentes que participan en estos operativos, ya que el "macuteo" les permite obtener ganancias extras. Un policía una vez me dijo: "Esto es para protegerle a ustedes, pero ¿quién nos protege a nosotros?". Incluso es tan beneficioso que trabajan horas extras y en sus propios vehículos: he visto cómo algunos policías llegan en sus autos al retén, no en los oficiales. Para la ciudadanía, y en especial quienes andan con prisa por razones de trabajo u otras, el balance económico es negativo porque deben "cantearse", o porque la molestia implica mayor gasto de gasolina y tiempo.

¿Se combate a la delincuencia? Hay quienes piensan que sacrificar un poco de tiempo, y de libertad, en aras de hacer más seguras las calles, es válido. Pero, el balance no es efectivo en esos términos. En las ocasiones que he sido detenido, nunca he permitido que revisen mi vehículo, y les he explicado el porqué en términos de mis derechos. Otros u otras simplemente dan unos pesos y siguen su camino. Hace poco, por ejemplo, en la misma zona donde se coloca un retén se asaltó una estación de gasolina, y los del retén ni se enteraron. Lo positivo es que incautan decenas de bates, armas blancas y de fuego; la mayoría de estos artefactos son para la autodefensa de quienes lo portan. Pero no impiden un secuestro, no evitan un asalto, no aparece ni una onza de cocaína, y la violencia sigue igual, según todos los indicadores.

En conclusión, el balance es dañino porque: 1) crea estados de ánimo negativos en las personas, en particular las que trabajan en horarios nocturnos, 2) debilita el estado de derecho vía la limitación de la libertad de tránsito, y 3) aumenta la desconfianza en la policía, debido al picoteo y a que los agentes tienden a abusar de los sectores que observan como vulnerables, o sea los pobres, los jóvenes y las mujeres solas. Todos ganaríamos si esa necedad es descontinuada.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe 29 de Marzo 2010

Reforma Policial o La seguridad a lo Harry El Sucio

¿Es circular y repetitiva la vida en la República Dominicana? En ocasiones esta pregunta me toma de sorpresa llenándome de pavor, y en noches insomnes me asalta, cual policía dominicano, vaciando mi voluntad de esperanza. Pero, como he dicho en otros momentos y lugares "la esperanza es el gatillo del alma rebelde" y debemos alimentarla a toda costa.

Hoy la rabia visita La Caleta y la muerte de ciudadanos pobres que regresaban de sus trabajos, por parte de la policía. Y la muerte de un coronel. Y la muerte de tres jóvenes, supuestos delincuentes, primero golpeados brutalmente por la población enardecida, luego entregados a la policía, y finalmente aparecidos muertos a balazos en Patología Forense.

Hace 8 años, el 12 de Junio del año 2000 publiqué un trabajo llamado: "Reforma Policial o la Seguridad de Harry El Sucio”. Que lamentablemente, y con lágrimas debo decir, conserva una atroz actualidad.


*****

Uno de los héroes policiales de todos los tiempos es Harry el Sucio, personaje interpretado por el fabuloso Clint Eastwood. Harry es un consuetudinario violador de los derechos humanos. Es un gatillo alegre. Claro, en las películas siempre tiene la razón, y definitivamente a quienes les viola sus derechos son asesinos despiadados. En la realidad las cosas son muy diferentes, y eso lo saben los residentes en los barrios pobres de la ciudad de Santo Domingo.

El Sucio Harry parece ser el modelo de los policías dominicanos, quienes, se diría, tienen como filosofía "dispara primero, y averigua después". Lo grave es que muchos comunicadores sociales, y creadores de opinión pública apoyan este tipo de acciones, sin ver todas las aristas del problema y el peligro que se cierne sobre toda la ciudadanía.

No es nuevo el debate sobre la forma en que la policía combate los delitos en la República Dominicana. Cada cierto tiempo ocupa las primeras páginas de la prensa, casi siempre por las mismas razones: los desafueros y abusos policiales. ¿Puede decirse que las acciones como las golpizas a reclusas de la cárcel de Rafey, el uso de la tortura como método de interrogatorio y la muerte de civiles en los llamados intercambios de disparos, están motivados en la maldad y el sadismo de algunos policías?

La respuesta es, evidentemente, no. La historia de la institución, así como la forma en que está estructurada y su funcionamiento son elementos importantes para la explicación de los abusos. El problema no se soluciona separando de las filas a policías que en ocasiones son usados como chivos expiatorios, como una forma de callar los reclamos ciudadanos.

Así a principios de la semana (segunda semana de junio del 2000) la jefatura de la policía anunció que había separado deshonrosamente a unos 200 policías. La acción es correcta, pero no suficiente.

En efecto, no debemos ser injustos, hay que admitir los significativos avances con respeto al pasado, pero no por eso habrá de negarse la necesidad de redefinición del cuerpo del orden. La suspensión de la ayuda estadounidense (esa semana se anunció que el gobierno estadounidense no contribuiría con la reforma policial) descansa sobre bases válidas: existen sectores en la policía nacional que ejecutan sumariamente a los acusados, así como sadismo y torturas en las cárceles, como bien ha denunciado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, si bien el derecho a la vida y a la integridad física es una condición de todos los seres humanos, delincuentes o inocentes, estas acciones tienen el agravante de que las víctimas, sospechosas de la comisión de un delito, por no haber sido juzgadas son inocentes, ya que, como reza una máxima jurídica, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario; la policía parece pensar que todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario.

Segregación espacial y seguridad ciudadana.

Entre quienes han apoyado las acciones de la policía nacional se encuentra el presidente electo Hipólito Mejía quien dijo al hablar de los desafueros policiales: "Y no le doy importancia a eso, yo la importancia se la doy a la seguridad ciudadana. Para mí la seguridad ciudadana es determinante y hay seguridad, que es lo que me importa a mí, y hay que garantizarla e incrementarla".

Evidentemente que habría que definir quién es el ciudadano, y a qué seguridad se refiere. Si definimos como ciudadanos a los sectores de las clases medias y altas, parecería que efectivamente hay seguridad ciudadana. En efecto, quienes se sienten más seguros son los residentes en los barrios de los sectores de mayores recursos, y en los cuales se ubican los negocios nocturnos a los que estos sectores asisten.

En los barrios llamados populares, o pobres o marginados, no hay tal seguridad. Al contrario, la policía misma mantiene en zozobra a sus residentes, y hay temor a salir de noche. No hay que negar que en muchos de esos sectores operan bandas de jovenzuelos y de vendedores de drogas, como no hay que negar que en ese aspecto la policía no ha sido eficiente en erradicarlos, y más bien son eficientes en infundir temor al ciudadano residente en ellos para que no salgan de noche. En ese sentido, la policía misma se hace parte del problema.

Parecería que el problema se relaciona, entre otros aspectos a la definición del delincuente. El perfil del delincuente que maneja la policía y las características de los jóvenes residentes en los barrios pobres es parecido. Esta definición provoca una cierta segregación espacial. Los jóvenes de los barrios pobres tienen dificultades para transitar por los lugares frecuentados por los sectores medios y altos, ya que se convierten en sospechosos.

En los barrios populares se habla de que en la policía existe un escuadrón dedicado a buscar a delincuentes conocidos los cuales caen posteriormente abatidos en los ya tristemente célebres intercambios de disparos. La impunidad, y el estímulo a estas acciones provocan que, como se ha denunciado, haya policías que han usado el pretexto de los intercambios de disparos, para resolver asuntos personales y pasionales

Una seguridad ciudadana con estas características es frágil, muy frágil. La violencia es como una espiral en la que se inicia por un punto y luego nada la detiene. De hecho hay "errores" policiales muy sonados en el pasado, y no hay garantía de que la violencia policial no llegue a afectar sectores que ahora la celebran.

Los tiempos cambian más rápido que la policía.

Hay que insistir en que los abusos policiales no deben verse como obras de las manzanas podridas del barril, como motivado en la maldad de policías corruptos. El cuerpo policial dominicano conserva la estructura de un organismo de represión política del Estado.

Esta estructura de carácter militar es heredada del trujillismo, y de los doce años del doctor Balaguer. No ha existo una sintonía entre los cambios operados en el orden político y social, y la necesaria transformación de la policía. Los "métodos de investigación y de interrogación" aplicados a los comunistas, son hoy los aplicados a los delincuentes. Simplemente se ha dado una redefinición del "enemigo".

Ese es uno de los graves problemas, actuar como si se tratase de una guerra cuyo campo de batalla es la sociedad, en el cual el enemigo es el delincuente, pero un delincuente que tiene las mismas características que los jóvenes de los sectores más desposeídos de la sociedad. Y el peligro se encuentra en que la definición del "enemigo" la hace la propia policía.

Ya que la policía nacional asume la lucha contra la delincuencia como una guerra, ante la denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde marzo de 1999, cuando el General Pedro de Jesús Candelier llegó a la jefatura de la policía, unos 275 ciudadanos han caído abatidos por disparos de policía (El Siglo, 5 de Junio), la institución responde que desde la misma fecha han muerto 23 policías y militares.

Es decir han muerto un promedio de 12 ciudadanos por cada policía y militar. Hay que anotar, además, que las circunstancia de las muertes de los policías y militares, no son aclaradas, algunos de estos policías han muerto a manos de compañeros de armas, y otros, así como los militares, han muerto en incidentes confusos, en los que no siempre se puede decir que lo hicieron en cumplimiento del deber. Es decir, que este promedio de 12 ciudadanos muertos por cada policía puede ser mucho mayor. De hecho para Octubre del 1999 el promedio, según la doctora Murrielle Perroud era de 18 civiles por cada policía.

Precisamente, en un artículo de Murielle Perroud, publicado en octubre del año pasado por El Siglo, se reseña que en New York, en donde hay un número de habitantes parecido al del país, considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo (en la época, porque ahora ya no es considerada así), en promedio mueren unas 30 personas al año a manos de la policía. Eso no es todo. Según la autora, que es la Coordinadora del Programa Policía y Ciudadanía de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en todos los Estados Unidos mueren a manos de la policía un promedio de 5 ciudadanos por cada policía. Resulta evidente la desproporción existente entre ambos países.

Para la doctora Perroud: "la vulnerabilidad de los civiles que en vez de resultar heridos pierden la vida, contrasta con la omnipotencia de los agentes policiales que casi siempre salen ilesos." Parecería que nuestros policías, a pesar de la escasez de proyectiles, son bien entrenados en el afinamiento de la puntería y que el poder de fuego de los temibles delincuentes es anulado con eficacia.

La reforma policial.

Si aceptamos que el problema no es la existencia de algunos miembros del orden, sino que se trata de una institución que si bien se supone es un cuerpo civil, su estructura ha sido heredada de la dictadura y de los 12 años de Balaguer, que es una institución que opera como un organismo militar, que inclusive tiene su propio tribunal, convirtiéndose así, en juez y parte; entonces de lo que se trata es de redefinir el rol de la policía de adecuarla al papel que debe jugar en un régimen democrático.

Hay quienes piensan que se tiene temor a ponerle el cascabel al gato, cuando de reforma policial se trata. Hay quienes dicen que muchos son los intereses que se verían afectados. Hay quienes dicen que las autoridades temen a los cuerpos armados.

De todas formas, hay, además, evidencias importantes de que está surgiendo un nuevo liderazgo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un liderazgo con mayor comprensión del rol de estas instituciones en el contexto de un régimen democrático. Hay pues que iniciar apoyando y promoviendo un nuevo liderazgo a lo interno de este cuerpo policial. Y sobretodo hay que desmilitarizarlo, convertirlo en un verdadero auxiliar de la justicia. Para lo cual hay que definir con claridad su rol.

La mayoría de la ciudadanía apenas sabe cómo funciona la policía nacional, si bien sabemos que no debe seguir funcionando de esa manera, pocos pueden opinar sobre el sentido en que debe reformarse dicha institución. Por esa razón hay que prestarle mucha atención al Fiscal del Distrito Nacional (El fiscal era Francisco Domínguez Brito) cuando dice que todo el sistema judicial policial debe ser reformado, si bien reconoce que hay avances importantes.

Un aspecto importante señalado por el fiscal es la necesidad de que los casos de abuso policial sean conocidos en los tribunales ordinarios, y no en los tribunales policiales. Hay pues que abolir la existencia de los tribunales policiales. La policía no puede ser juez y parte. Además, este es un organismo civil, por lo cual se supone que debe estar regido por las leyes ordinarias, y no un código policial especial, como ocurre en los hechos.

La coordinadora del Programa Policía y Ciudadanía de la Finjus, Murrielle Perroud, en el artículo mencionado más arriba, sostiene que deben crearse mecanismos de "control de la eficacia de la organización policial para cumplir la misión que tiene encomendada y control del comportamiento de los miembros de dicha organización para que la eficacia pretendida se logre sin menoscabo de los derechos de todos los componentes de esa sociedad y sin desviaciones de conducta respecto de las leyes o reglamentos" (El siglo, 1 de Octubre de 1999).

Dos son los tipos de controles: 1) de carácter interno, y 2) externo. El interno puede ser ejercido por la jerarquía, de ahí la importancia de promover un nuevo liderazgo a lo interno de la institución, y por organismos especializados, al estilo de los existentes en otros países, es decir, lo que llaman la "policía de la policía" o "Asuntos Internos".

Para establecer los controles externos la policía debe dejar de verse como un organismo autogobernado, y entender el papel del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. De su parte organismos como la Cámara de Diputados y el Senado pueden crear comisiones encargadas de los asuntos policiales. Pero, el papel más importante lo deben jugar los propios ciudadanos y los medios de prensa. Lamentablemente, en muchos sectores de los medios de prensa se tiende a justificar las actuaciones de la policía, lo cual constituye un elemento de gran preocupación.

Ambos tipo de controles son de gran importancia, ya que mientras el primero puede ser más benigno con sus compañeros de armas, mientras que los segundos pueden tender a lo contrario.

Como bien reseña la doctora Perroud, en América Latina se está discutiendo la necesidad de transformar los cuerpos policiales, en policía comunitaria: "La policía comunitaria no sólo se limita a mantener el orden, prevenir y reprimir la criminalidad, sino que extiende su mandato a la resolución de problemas de la comunidad. Problemas de ruido, de conflicto entre vecinos, podrían muy bien solucionarse con la ayuda de un policía con nociones básicas de derecho y psicología. Dicho agente funcionaría como árbitro y las soluciones podrían surgir evitando que cualquier caso termine frente al fiscal o juez."

Evidentemente que tal transformación es imposible sin un proceso de concertación entre todos los sectores, la actual Policía Nacional incluida. Es evidente que la percepción del presidente electo de que la Policía Nacional está actuando bien, no es compartida por todos los sectores de la sociedad dominicana.

Sería pues interesante que Hipólito Mejía escuchara atentamente lo que la Finjus opina sobre la reforma policial, y sobre el tipo de modernización de la que le habló el jefe de la policía, así como también que escuche lo que tienen que decir las organizaciones barriales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien ganó de manera arrolladora gracias al voto de los más desposeídos, debe escuchar su voz.

Ramón Tejada Holguín
Junio 12 del 2000
Suplemento Enfoque del diario El Siglo, pág 5.

Indefensión del Pueblo

Este mes vamos a cantar cumpleaños feliz y regocijarnos porque el 1ero. de febrero la ley 19-01, que instituye el Defensor del Pueblo en el país, promulgada el año de nuestro señor 2001, arribó a su sexto aniversario, demostrando que seguimos a la vanguardia de las naciones que promulgan leyes destinadas a ser irrespetadas o a ser marco creador de instituciones inoperantes, ineficientes, que provocan más desencanto que esperanza. Las rebatiñas partidarias por nombrar a sus parciales y los cabildeos de diversos grupos han impedido el nombramiento de una defensoría técnica y humanamente preparada para realizar su labor con eficacia.

La Cámara de Diputados haría un gran ejercicio de institucionalidad si le presta atención a lo que plantea Luis de la Barreda, defensor del pueblo del Distrito Federal de México: “por importante y elevados que sean los objetivos de una institución, ésta no puede cifrar su valor en sus proclamadas finalidades: su valía y su utilidad dependerán de las personas que la integran” (“El Alma del Ombudsman”, Aguilar, México, 1999, Pág. 71.). Si bien la capacidad de acción de la defensoría estará estrechamente ligada a la aceptación de tal figura de la ciudadanía, especialmente la no organizada, lo más importante es la confianza y credibilidad del primer equipo que la integre.

Los niveles de escepticismo son altos en la nación y casi no quedan instituciones políticas y sociales que ayuden a conjurarlos. El conflicto de intereses marca organizaciones y activistas. La designación de titulares y adjuntos de la defensoría del pueblo es de vital importancia, pues les imprimirán o no la debida autoridad moral, credibilidad y capacidad técnica y administrativa. Su fracaso sería otro monumento a la estulticia de la elite política y social dirigente, y otro ladrillo en el muro del desencanto que han construido nuestros predecesores poco a poco y sin pausa.

En el caso dominicano no debe asumirse única y exclusivamente como el protector de los derechos ciudadanos, civiles y políticos, ha de tener un componente pedagógico, motivador y creador de ciudadanía. Su objetivo, según la ley, es proteger las prerrogativas personales y colectivas establecidas en la Constitución de la República, y debe asumir la misión de salvaguardar los derechos de la ciudadanía en todas sus dimensiones. Especial atención habrá de prestar a grupos poblacionales vulnerables y olvidados como la mujer, la niñez, la juventud, y al gran indefenso: el consumidor.

La defensoría del pueblo podría jugar un papel en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones del Estado, abriendo espacios para las efectivas relaciones entre estas y la ciudadanía, procurando la participación y el compromiso de ésta última. Podría ser un valioso instrumento para reforzar el trabajo de instituciones sociales, que durante años han dedicado esfuerzos para reducir la violencia que afecta la mujer dominicana, proteger la niñez, el medio ambiente, los Derechos Humanos y el buen funcionamiento de la administración pública. Pero, no se debe repetir la historia de la JCE y elegir según cuotas para cada sector.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
8 de febrero 2007

Nueve vidas

Quizás alguna de ellas miraba absorta esas muñecas espigadas en manos de otras niñas o exhibiéndose en los escaparates de hermosas tiendas. Es posible que primero quisiera jugar con ellas y después parecérseles, colocarse en algún escaparate en Ámsterdam cual maniquí impúdico. Talvez alguna de ellas, de niña, se paseaba por la playa con sus moñitos recién hechos imaginando que uno de esos hombres, turistas semidesnudos colorados de sol, sería la puerta hacia la casa de la esbelta muñeca de perfecta formas.

¿En qué momento se dieron cuenta que sus cuerpos podían ser su medio de producción? ¿Y si algún familiar las acariciaba con cara de sátiro y las inició en el comercio del placer? Estoy seguro que ninguna de ellas, ahora las seis muertas por asfixia, tuvo la oportunidad de elegir entre un abanico de opciones, de ser la protagonista de su historia. Estoy seguro que una concatenación de hechos sobre los que no tuvieron control las llevó hacia el Jazzy's Elite Club propiedad, según la prensa, de Esdras Pérez Borges, en la cual murieron por asfixia debido a negligencias, indiferencias e irresponsabilidades múltiples.

¿Alguien pregunta por qué a uno de los tres hombres jóvenes muertos le llamaban lobo? A quién le importa que el lobo tuviera 22 años y que prefiriera quedarse a dormir en el club para no andar de madrugada arriesgándose en las inseguras calles, sin saber el peligro que corría durmiendo en un sitio herméticamente cerrado, en una jaula, en un lugar público sin salida de emergencia, y un guardián con la orden de no dejar salir ni entrar a nadie. Murieron nueve personas, por asfixia, y yo acuso directamente a la indolencia en que vivimos, a unas autoridades que no cumplen con su deber, a la calidad del sistema eléctrico. Acuso y me acuso.

Nada podrá levantar de las tumbas esas nueve vidas jóvenes, pero algo debe hacerse para impedir que vuelvan a ocurrir hechos similares. ¿Quién, llorando, dirá un panegírico y exigirá una investigación a fondo de los hechos? ¿Quién indignado dirá que el Estado dominicano le está fallando al soberano pueblo y la muerte de nueve personas es una metáfora irrebatible?

Irrebatible, sí señor, sí señora. Piensen ustedes en lo siguiente, las nueve personas murieron por asfixia, provocada por el humo de un fuego que no fue apagado por bombero alguno. La causa del fuego fue un cortocircuito, provocado o por negligencia de quienes construyeron las instalaciones eléctricas o por las deficiencia en el servicio energético. La única puerta para entrar y salir del lugar estaba cerrada con cadenas, no había ventana, no había salida de emergencia, pero alguien aprobó esa construcción, alguien la construyó, alguien no la supervisó. ¿Quién es responsable de vigilar para que los centros de diversión del tipo que sea cumplan con las normativas de seguridad? Muchas instituciones del Estado no cumplieron con su deber y eso costó esas nueve vidas jóvenes.

Para colmo veo que estamos perdiendo la capacidad de indignación en la nación, que nos estamos acostumbrando a la negligencia criminal. Fueron nueve vidas jóvenes señoras y señores, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que la tragedia ocurra en un centro del polígono central, que mueran hijos o hijas de las clases media y alta para comenzar a preocuparnos y demandar acción y demandar justicia?

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
30 de noviembre del 2006

República del Consumidor Racional

Se piensa que no se debe regular la economía, porque introduce distorsiones en el mercado. Pero, cuando el mercado se deja a la libre ganan los mejor organizados y con mayores recursos económicos y perdemos quienes tenemos menos capacidad organizativa y dinero. La situación actual de los precios lo demuestra. La tasa del dólar conoce una tendencia a la baja, ha perdido alrededor de un 40% de su valor frente al peso, y sin embargo los precios no se reducen en lo absoluto o se reducen muy poco. Cuando la tasa inició su tendencia alcista una gran parte de los importadores y comerciantes comenzaron a colocar sus precios en dólares o los subían a medida que se elevaba la prima. Los gobiernos que ha tenido el país en los últimos 12 años no han cumplido con su papel regulador ya sea por incapaces o corruptos o porque defienden los intereses de los que se benefician de la falta de regulación. No esperemos nada por ese lado.

¿Qué hacer? Admito que en más de una ocasión me asalta un sentimiento de impotencia, y enfilo las maldiciones gitanas más terribles hacia los gobiernos que hemos tenido y los que vendrán, y a comerciantes y a importadores. Rosario Espinal, el martes, me dio esperanzas. Dijo que la negativa a comprar productos caros era un excelente mecanismo del mercado para obligar a que los precios tomen su nivel. Si la gente deja de comprar cosas caras y superfluas y adquiere lo estrictamente necesario, lo básico, habrá presión para que los precios de los productos que dejan de ser consumidos bajen.

Para mí, Rosario habló de la ciudadanía del consumidor(a), alguien que consume racionalmente y luego de evaluar bien las ofertas del mercado. Pasar del consumismo pueril a la racionalidad en la compra, es una forma de presionar para que los precios se adecuen a la realidad. Una acción de esta naturaleza no se le puede pedir a las familias pobres del país, ellas ya están comprando lo básico, no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Son las clases media y media alta dominicanas las protagonistas de la película. Es en su seno que se han desarrollado las tendencias consumistas y es para ella que se traen la mayoría de los productos que se compran en dólares.

Definitivamente, frente a gobiernos que renuncia a ejercer su rol de regulador y voraces comerciantes y productores, la regulación de los mercados recae en los y las consumidores(as) pero no en sentido individual, sino formando parte de la República de Consumidores Racionales, asumiendo un rol consciente y activo en la lucha por retornar los precios a su verdadero valor, sumando sus voluntades, haciendo un uso más racional y consciente de los recursos que se poseen. Hago un llamado a que por unas semanas sólo compremos lo estrictamente necesario y que revisemos diariamente la prensa y publicidad para adquirir esos productos en los lugares en donde están más baratos. Así iniciaremos la jornada por la construcción de una verdadera ciudadanía del y la consumidor(a).

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
18/noviembre/2004