Sería bueno que el Senado recuerde los siguientes aspectos a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.
1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 juntas municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.
2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país.
3) La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.
4) Según la prensa, el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del metro cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos.
5) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con esta actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y les exige que establezca “para las actuaciones de los oficiales del estado civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.
Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil.
Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto 2006
1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 juntas municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.
2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país.
3) La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.
4) Según la prensa, el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del metro cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos.
5) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con esta actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y les exige que establezca “para las actuaciones de los oficiales del estado civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.
Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil.
Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto 2006
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