Nueva JCE: Primer Desafío Institucional

Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.

Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y como organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.

Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.

En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe

Institucionalidad versus JCE

Sería bueno que el Senado recuerde los siguientes aspectos a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.

1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 juntas municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.

2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país.

3) La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.

4) Según la prensa, el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del metro cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos.

5) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con esta actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y les exige que establezca “para las actuaciones de los oficiales del estado civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.

Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil.

Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto 2006

LA INSOPORTABLE PESADEZ DE QUERER UNIFICAR LAS ELECCIONES

1. Ir a la raíz y no quedarse por las ramas

Cada cierto tiempo y desde los ámbitos más disímiles se levantan voces a favor de la unificación de las elecciones en el país. La mayoría de los argumentos que se esgrimen tienden a quedarse en aspectos puramente formales. Hay quienes creen que unificando las elecciones resuelven problemas cuyas raíces se encuentran en la forma de relacionarse los políticos con la ciudadanía, en el clientelismo y la visión de la política como negocio. Es obvio que unificar las elecciones no podrá solucionar problemas substanciales, como parecería que creen algunos académicos y una buena parte de los políticos dominicanos

Todo sistema electoral tiene sus ventajas y desventajas, funcionan o no funcionan atendiendo a las características del sistema político en el cual operan. Para poner un ejemplo, hay países en la cual se realizan elecciones cada año y hay menos gastos en campañas y la democracia funciona mejor que en nuestro país. República Dominicana está entre los países que realizan procesos electorales apenas cada dos años. En Estados Unidos de Norteamérica se realizan procesos electorales cada año y se eligen hasta los jueces de los distritos. En México hay elecciones presidenciales, elecciones para diputados federales, elecciones para diputados de cada una de las entidades estatales, elecciones para gobernador o alcaldes.

Se ha dicho que todo sistema electoral debe ser analizado en función de su impacto en:

1) La forma en que se relacionan los políticos con la ciudadanía y la forma en que los primeros representan o no los intereses de los segundos,

2) Los niveles de participación de la ciudadanía en las toma de decisiones en todos los ámbitos, y

3) La gobernabilidad.

La separación o unificación de las elecciones no es lo único que influye en estos tres aspectos. Los niveles de participación remiten al proceso de ciudadanización como un todo integral y no sólo al derecho de elegir y ser elegido. Remiten, también, a mecanismos de intervención de la ciudadanía para provocar que las promesas realizadas por candidatos y candidatas sean cumplidas. Remite, además, a formas de “control de los políticos” de parte de la ciudadanía y a un sistema que permita el premio y el castigo para los representantes que hacen bien o mal las cosas. Remite, también, a la participación en organizaciones de todo tipo para lograr una democracia mejor, de más calidad y más cercana al ciudadano.

Definitivamente, la forma en que los políticos representan a la ciudadanía no remite sólo al sistema electoral, sino que la manera en que los partidos se organizan y se ven influenciado por las demandas de la ciudadanía jegan un rol en el tema de la representación.

La gobernabilidad por su parte no es simple capacidad del poder ejecutivo para gobernar, o niveles de eficiencias gubernamentales. La gobernabilidad se relaciona de manera directa a la participación política y a la social. La gobernabilidad es capacidad para procesar el conflicto, no sólo entre los partidos, sino entre gobernantes y gobernados en general y no sólo entre gobierno y oposición.

La gobernabilidad es un atributo de la sociedad civil, no sólo de los partidos y los gobiernos. Para el PNUD la gobernabilidad se refiere al “ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos jurídicos, cumplen sus obligaciones y median sus intereses”. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. ‘‘Governance for Sustainable Human Development’’. Nueva York: PNUD, MDGD-BPP, UNDP Policy Document, 1997; pág. 2.

En ese sentido no se le puede pedir al sistema electoral que responda a las necesidades de la sociedad en los tres ámbitos descritos. Los tres problemas tienen una complejidad tal que deben ser vistos en el contexto general del sistema político y sus características. Adelanto un conclusión: unificar las elecciones afecta menos el clientelismo político que, por ejemplo, promulgar y cumplir una ley de financiamiento de las campañas políticas que reduzca los niveles de uso patrimonial del estado y ponga controles a la inversión que hacen los empresarios en las campañas de los políticos.

2. Reducir el arrastre

Hay abrumadoras evidencias de que las elecciones separadas reducen efectivamente el arrastre. Eliminar el arrastre significa que la elecciones separada y el perfeccionamiento de las circunscripciones electorales pueden permitir una mejor relación entre el elegido y el elector, o sea entre representantes y representados. Toda vez que la persona teóricamente puede ser capaz de evaluar lo que ha hecho un determinado candidato en el ámbito que le corresponde representar.

Es decir, tiene la posibilidad de votar por gente de su demarcación al margen del candidato presidencial. Este hecho tiende a debilitar el presidencialismo tan pernicioso en América Latina y República Dominicana. Eso ya es una ganancia importante. Dejémosla separadas por eso.

Dirán que para lograr eso necesitamos un ciudadano más consciente y mejores candidatos. Lo cual es cierto, pero unificando la elecciones no se consigue un mejor ciudadano, tampoco mejores candidatos, ni más preocupados por su comunidad, al contrario se consigue el fortalecimiento del poder presidencial y se debilita la participación política a nivel local.

No niego, jamás podría, el impacto del clientelismo y las dádivas, pero hay pistas de que la gente sabe distinguir entre el voto a congresistas cuyas funciones son más difusas en el territorio, ya que su jurisdicción es nacional, como hacedores de leyes, y el voto municipal cuyas acciones tienen efectos inmediatos en la localidad donde se vive.

Los resultados de las elecciones congresionales y municipales del 2006 evidencian que la separación de las elecciones está contribuyendo al fortalecimiento del poder de los síndicos y a una mejor relación entre estos y sus munícipes, y al mismo tiempo habla de la necesidad de reformar el poder legislativo de pies a cabezas. No necesariamente de unificar las elecciones. Hay que ver los datos en todas sus dimensiones y no sólo en la dimensión congresional.

Muchas de las personas que votaron el 16 de mayo del 2006 eligieron partidos diferentes a nivel municipal que los elegidos a nivel congresional. Un ejemplo: En Santiago el candidato a senador por el Bloque Progresista (BP) que encabeza el PLD ganó, y el candidato a sindico de la Gran Alianza Nacional (GANA) encabezada por el PRSC, venció abrumadoramente en el municipio de Santiago, en donde se concentra más de 70% de los electores de esa provincia. Observando la cantidad de síndicos reelectos y los cambios en el Senado se puede decir que a los primeros los premiaron y a los segundos los castigaron.

El BP-PLD obtuvo el 52.3% de todos los votos que se emitieron a nivel congresual lo que le garantiza los senadores de 22 provincias. Los partidos de GANA (PRSC y el PRD) obtuvieron el 45.3% de los votos, pero sólo obtuvieron 10 senadores (6 el PRD y 4 el PRSC). Sin embargo, a nivel municipal las cosas fueron diferentes, el BP-PLD alcanzó el 46% de todos los votos municipales, lo que le garantiza un total de 68 municipios, mientras que el PRD sacó el 35% para 52 municipios y el PRSC logró el 15% de todos los votos municipales obteniendo 28 municipios, el PRI, el PPC y el PRSD lograron ganar 1 municipio cada uno. El PRD y el PRSC juntos tienen mayoría de síndicos: un total de 80.

¿A qué se debe este fenómeno? Mi hipótesis es que en las municipalidades se establecieron mejores relaciones con la ciudadanía, que los resultados de las gestiones son evaluables directamente por los munícipes observando si se recoge la basura y la participación del ayuntamiento en el ordenamiento urbano, el ornato y las obras que realiza este. Eso explica el gran número de síndicos reelectos.

Hay casos como el de San Francisco de Macorís, que era del PRD, con la alianza fue dejado de lado. El BP-PLD lo llevó en su boleta y ganó con el 57% de los votos. No es casual que el Sindico de La Vega repita con el 57%, el de Santiago con 62% y el del Distrito Nacional con 57%. Los tres tienen en común que, a pesar de ser de tres partidos distintos, han realizado un trabajo aceptable y visible para la población. Es claro que la gente premió a síndicos con trayectorias de trabajo, que realizan presupuestos participativos, que tienen sus ciudades limpias, que diseñan planes estratégicos. Hay sus excepciones. Esto es una evidencia más de que las elecciones separadas tiende a mejorar la democracia dominicana, al menos en el nivel municipal.

3. Gastos en campaña

Unificar las elecciones, ya sea el mismo año, con una diferencia de meses, o el mismo día no reduce substancialmente los gastos de campaña, porque el gasto excesivo tiene más que ver con la falta de controles que ejerce la JCE, la visión de la política como negocio y el dinero que los empresarios reparten entre los políticos y el uso patrimonial de los recursos públicos.

En ese sentido, más que pedir la unificación de las elecciones para reducir los gastos en campaña, deberíamos pedir que la JCE haga su trabajo con seriedad y aplique las leyes que prohíben las campañas a destiempo. En vez de intentar unificar las elecciones mejor pidamos a los partidos políticos y sus candidatos que entiendan que las campañas electorales no deben entorpecer el normal desarrollo de las actividades del país.

No importa que las elecciones se realicen cada seis años, si la Junta Central Electoral no cumple su papel de rectora de los asuntos electorales, los políticos seguirán dilapidando el dinero de “generosos” empresarios y del erario haciendo campaña como pre-candidatos, como candidatos y si nos descuidamos también la harán como post-candidatos.

Para reducir los gastos en campañas se debe modificar la forma de elección de la JCE, de manera que no la elijan los senadores, así la JCE se puede sentir más independiente de las autoridades que ella misma ayuda a elegir. Parte del problema es una JCE que no quiere enfrentar a los políticos que la elegirán, es un sistema perverso.

Los deseos expresos de algunos políticos de unificar los procesos electorales dizque para no cansar a la ciudadanía y evitar el gasto excesivo en las campañas son una muestra de la incapacidad de las elites políticas de cumplir los pactos. Muestran que constantemente buscan la salida fácil y sugiere que son incapaces de darle la oportunidad a lo nuevo de que funcione. No bien se firmó el Pacto por la Democracia en el 1994, que selló la separación de las elecciones el deseo de irrespetarlo penetró los poros de muchos.

Se dice que si se unifican las elecciones habría menos abstención. La abstención no es simple fenómeno técnico que se resuelve modificando el calendario. Ciertos niveles de abstención son una expresión del descontento de las personas con el sistema político. Por lo tanto en este aspecto el reto es mejorar la calidad de ese sistema político y no buscar métodos artificiales como la unificación de las elecciones. Mejorar los candidatos y candidatas es más importante que unificar las elecciones.

El abstencionismo en la congresionales es un elemento ligado al presidencialismo, y de lo que se trata es de romper esa cultura que fortalece el poder del presidente. Separar las elecciones debilita el presidencialismo, no me canso de decirlo y en el país el presidencialismo ha sido más pernicioso que la separación de las elecciones. Piensen en cómo casi todos los presidentes dominicanos han querido calzar las botas de Bonaparte, todos quieren ser como el Balaguer de los 12 años.

4. Elecciones vs gestión gubernamental

Otro argumento que se ha erigido para apoyar la unificación, es que las elecciones separadas no permiten que las energías de los políticos se concentren en hacer un buen gobierno. Ese problema es más substancial que eso. El reto que se tiene en este aspecto es lograr que los políticos entiendan que hacer un buen trabajo en sus funciones puede ser la mejor de las campañas electorales.

Hay muchos países que tienen las elecciones separadas y esa situación no se presenta. ¿Por qué en el caso dominicano se presenta? Porque el problema es de otra naturaleza y remite al proceso de ciudadanización y a la participación más allá de lo electoral y eso no lo resuelve un cambio en la forma de elección. De todas maneras el caso de las municipales, demanda de un estudio más atento y son totalmente obvias las ventajas de las elecciones separadas en lo que se refiere al fortalecimiento del poder local y de la gestión municipal.

5. Conclusiones

Unificar la elecciones es un tema demasiado peliagudo para tratar de hacerlo con urgencia y sin estudiarlo bien y sin debatir todas las alternativas posibles. No es justo que los académicos obvien el impacto en lo municipal y en el poder local de las elecciones separadas. No se le ha dado tiempo para que la separación de las elecciones rinda sus frutos y permita la mayor relación posible entre representantes y representados.

Unificar las elecciones para reducir la abstención en la congresionales y municipales es como barrer y meter la basura debajo de la alfombra. En realidad el tema de la unificación de las elecciones obvia lo más importante, obvia el necesario fortalecimiento de las capacidades del poder local y de los niveles de representación del Congreso, lo cual significa trabajar con conceptos más amplios de la participación, de la representación y de la gobernabilidad.

No lo olvidemos, ni la participación, ni la representación, ni la gobernabilidad dependen exclusivamente de los sistemas electorales.

Ramón Tejada Holguín
"Areito" Suplemento Sabatino del periódico Hoy
2 de Septiembre del 2006