Por instrucciones del señor presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez, hago pública la posición del Gobierno dominicano sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será conocido en la Conferencia Intergubernamental auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a celebrarse los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos.
La iniciativa de trabajar un pacto migratorio está contenida en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes adoptada el 19 de septiembre de 2016 por los estados miembros de la ONU en la Asamblea General de ese año como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en diferentes partes del mundo, especialmente desde países de África y del Medio Oriente hacia los países europeos. La idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los estados miembros para enfrentar un grave problema que impacta, y sigue impactando, a múltiples países sin que ninguno pudiese, de manera aislada, dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno.
La declaración de Nueva York definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los estados miembros para arribar a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
Se trata, pues, de una iniciativa que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus estados miembros. Su intención es loable: procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, así como para combatir males sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Como país que no solo es receptor, sino también emisor de migrantes, podemos valorar en su justa dimensión la motivación de esta iniciativa. Nosotros queremos que cada dominicano o dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar expuesto al abuso, al maltrato y la discriminación.
De igual manera, el Gobierno dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras.
Esto explica el Plan Nacional de Regularización Migratoria que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo, el cual ha permitido que algo más de doscientos mil migrantes hayan regularizado su condición en el territorio dominicano acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que contemplan las normas legales sobre la materia. Igualmente, el Gobierno dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de las personas, al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de nuestras fronteras.
No obstante, al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Medina toma en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la Constitución y las leyes.
Es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia migratoria que transcienden una coyuntura circunstancial; son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos.
Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tienen disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos. Asimismo, el pacto crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano, o lo limitarían enormemente, para dar respuesta a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos prolíticos y sociales que se viven en el país vecino.
El Gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza, por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias.
Por estas razones, el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el Gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el Gobierno dominicano no esté presente en la Conferencia Intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto.
El Gobierno dominicano comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, por los canales diplomáticos correspondientes, las razones por las cuales el Estado dominicano no firmará este pacto atendiendo a las condiciones particulares de la República Dominicana.
