Enfrentar la posdemocracia

Hemos hablado del peligro que enfrenta la democracia debido al creciente poder e influencia que tienen las élites empresariales en el Estado, con la agravante de que, según Crouch, en su libro “Posdemocracia”, existe un gran desequilibrio entre los intereses empresariales y los de prácticamente todo el resto de los grupos (Pág. 145). El problema es que no están teniendo contrapeso de ningún tipo, que su poder se acrecienta en un contexto en que la gente común se excluye o es excluida de la política, dejándoles así el campo libre.

En la posdemocracia dominicana, los partidos políticos conocen un proceso creciente de debilitamiento, y la influencia empresarial se hace sentir fuertemente a través del financiamiento de las candidaturas y las actividades partidarias. El costo de las candidaturas se eleva cada día: precio de la televisión, de la radio, de los diarios, de los asesores y consultores ¿Quiénes tienen el dinero suficiente para financiar partidos y candidatos? Para los empresarios financiar campañas es una inversión, pero para la ciudadanía que apenas tiene los recursos para sobrevivir financiar campaña es un gasto. El financiamiento privado de las candidaturas en el país se asemeja a un bono con el cual se compra los favores y se trafica con la influencia, antes de llegar al poder.

¿Ejemplos? Las formas en que se realizan las privatizaciones, es uno. Las compras que realizan las entidades estatales sin previa convocatoria a concursos públicos transparentes. La asignación de obras grado a grado. La evasión de impuestos. La colocación de la propaganda publicitaria. La inexistencia de entidades de protección al consumidor o consumidora y las trabas que se colocan para crear este tipo de institución. Las ineficiencias de las diversas superintendencias: eléctrica, banca, seguros. Nombramiento de funcionarios que favorecen a grupos empresariales específicos. Ausencia de legislación sobre determinados aspectos de la protección de la ciudadanía frente a determinados productos.

Estamos en una encerrona. ¿Qué hacer? Crouch propone tres campos de acción. El primero es enfrentar el creciente poder empresarial en la política. Para lo cual una ley que limite el financiamiento privado de los partidos y sus candidaturas ayuda. Se trata de nivelar la competencia política, legislando sobre el uso igualitario de los medios de comunicación masivos. Se trata de evitar que el que tenga más dinero pueda influenciar en los partidos, de manera que cuando estos lleguen al Estado le devuelvan con intereses lo “invertido”. El segundo campo de acción es la búsqueda de nueva formas de hacer política. En el país hay un interesante proyecto de Ley de Partidos Políticos que contiene aspectos importantes. El tercero es la ciudadanía. Este campo tiene la ventaja de que ayuda a mejorar los otros dos. Para actuar en este campo hay que entender los tres modelos de ciudadanía que según Crouch existen (Pp. 25-27).

El modelo de ciudadanía que puede ayudar a enfrentar la posdemocracia es el que llama “ciudadanía positiva”: que la gente se organice en grupos de intereses en comunes, que creen sus propias identidades, definan con claridad sus demandas e interpelen directamente al sistema político. El ciudadano activo reconoce en la política la principal esfera de participación. Los modelos de ciudadanía que contribuyen con la posdemocracia son: 1) la ciudadanía que se vive quejando de de las élites, que vive refunfuñando y diciendo que todos los políticos son corruptos, por lo que no vale la pena participar en política; y 2) la ciudadanía pasiva que entiende que cree que es suficiente con ir a votar cada cuatro años, y no vuelve a interesarse en las cuestiones políticas. El resabioso y el apático contribuyen por igual a la posdemocracia, uno porque vive quejándose sin hacer nada y el otro porque no se queja de nada. ¿Y usted en cuál modelo se ciudadanía se inscribe?

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
16/diciembre/2004

¿Reformar y modernizar qué y para qué?

Es un lugar común hablar de la necesidad de cambios substanciales en la administración de la cosa pública. Consultores nacionales y extranjeros, organismos multilaterales y personas con bellas ideas sobre la inserción del país en los mercados internacionales gritan a coro: reformas, modernización y más reformas. Estas personas han logrado darle un contenido positivo a ambas palabras. “Reformar y modernizar son sinónimos de cosas buenas que beneficiarán al país”, piensa la gente común. Pero, no es así. Una institución, e incluso el Estado Dominicano, puede ser reformada para peor. Por eso al hablar de reformas y modernización hay que debatir con claridad su tipo y su sentido, la filosofía que está detrás de ambos conceptos.

La verdad es que nos hemos reformado y modernizado mucho, diría demasiado. Desde los años noventa el Estado Dominicano ha conocido un agudo proceso de modernización y reforma. Pero, creo que esto no ha permitido el proceso de fortalecimiento del Estado, sino más bien su debilitamiento. Cada vez los sectores empresariales son más poderosos y la ciudadanía más indefensa. Lo cual no es bueno, ¿o sí? ¿Quiénes impusieron el ritmo y sentido del Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana y los Estados Unidos? Un sector empresarial ligado al mercado exterior. ¿Cuál es el principal obstáculo para lograr un Plan Básico de Salud a un precio justo según lo que dice la Ley de Seguridad Social? Un sector del empresariado ligado a la salud. ¿Quiénes han sido los grandes beneficiarios de la privatización del sector eléctrico, primero y de la revisión que se hizo en Madrid, después? Un sector del empresariado nacional y extranjero. Y en todos estos casos, ¿Cuál ha sido la suerte corrida por el consumidor, la ciudadanía común y corriente? Han sido los más afectados negativamente.

Como se puede ver uno de los grandes problemas de la reforma y modernización del Estado Dominicano es que otorga más fuerza y poder al llamado sector privado. Esto se debe a que la filosofía que está detrás es la de que beneficiando este sector, la sociedad entera se beneficia. Según está visión lo que el Estado debe hacer es evitar que el mercado sea controlado, hay que dejar libre el mercado. Pero, resulta que dejando libre el mercado se benefician quienes tienen más poder en el mercado. Es decir, el empresariado que posee más organización, más claridad en sus metas y fines, y mayor poder económico. Pretenden olvidar que la mala calidad de los servicios sociales (educación, vivienda, salud) es uno de los obstáculos que la gente pobre debe enfrentar para desarrollar sus capacidades al máximo y así poder competir en el mercado. Es decir hay inequidades histórica que ameritan ser corregidas por el Estado.

Por eso sostengo que los objetivos de la reforma y modernización no deben ser achicar el Estado, ni reducir su influencia, ni dejar que las leyes del mercado rijan las esferas de lo público y lo privado. Como ejemplo recordemos que una de las causas de la crisis económica es la quiebra de los bancos, en la cual hay una gran cuota de responsabilidad de los organismos gubernamentales encargado de la supervisión y regulación bancaria que o no cumplieron con su trabajo y deber o fueron cómplices. Definitivamente lo que necesitamos es una reforma y modernización que contribuya al fortalecimiento del rol regulador del Estado y que este haga su trabajo con eficiencia y calidad, así el pez grande no seguirá comiéndose impunemente al chiquito. O se le hará más difícil comérselo. O si se lo come tendrá algún castigo.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
09/diciembre/2004