Decir “la desigualdad social debe ser objeto de políticas públicas” parece un Perogrullo, pero no lo es, porque hay tomadores de decisiones y ejecutores de políticas públicas que ven la desigualdad como algo normal y culpa de los mismos pobres. La idea del combate a la desigualdad parte de la aceptación de conceptos como “equidad”, “justicia” y “derechos”. Asumir esos conceptos como rectores de las políticas sociales, implica la visión de que las diferencias existentes entre los grupos sociales no justifican el acceso inequitativo a los bienes públicos, a la cultura y a la participación como ciudadano de pleno derecho. De esa visión parecen carecer los principales ejecutores de políticas sociales en el país.
Karen Mokate distingue la equidad horizontal de la equidad vertical. La primera significa trato igual para iguales parte del reconocimiento de que existen desigualdades históricas en las sociedades que es justo tratar de corregir. La segunda, la equidad vertical, considera que todos son iguales de manera absoluta y por lo tanto no son necesarias las políticas preferenciales y lo que se debe hacer es dejar libre el mercado ya que el mismo tiene los mecanismos para asignar a cada uno su lugar. La idea de equidad vertical sugiere que la desigualdad entre los grupos se motiva en las diferentes capacidades, potencialidades y aptitudes de las personas. Pero, considerar a todo el mundo como iguales para la definición de políticas sociales, impide ver las inequidades previamente existentes, fruto de la pasada interacción entre los grupos sociales, y de la desigual dotación de capacidades que la condición de inequidad histórica ha provocado.
Estas ideas van al centro del debate sobre las características de las políticas públicas y el papel del Estado en la reducción de la desigualdad. Para la escuela económica llamada popularmente neoliberal, la desigualdad o inequidad es un problema creado por las regulaciones que se les colocan al mercado o a los mercados. Lo mercados, sostienen, ubican socialmente a las personas según sus capacidades, aptitudes y voluntades individuales, por lo tanto no debemos hablar de desigualdad sino de diferencias provocadas por las distintas dotaciones con que se nace. Por lo tanto promueven un tipo de equidad vertical, basada en la idea de igualdad de oferta para todos. Esta visión de la desigualdad influye en la definición de las políticas públicas, tanto en nuestro país como en América Latina. La igualdad de oferta para todos, implicaría que la necesidad de extender una oferta (servicios, de información, o de otro objeto de la política) a toda la población, independientemente de su condición, su clase y su capacidad de pago. O sea, en primera instancia, la equidad se asociaría a oferta universal y homogénea de servicios sociales.
Pero, esta visión de la igualdad oculta la desigual capacidad de los grupos para poder “beneficiarse” de los productos sociales. Hay pues que estimular políticas sociales que permitan que los sectores excluidos sean incorporados a la sociedad, políticas especificas para estos sectores, pero no de cortes asistenciales y prebendarías, se necesitan políticas inclusivas.
El Caribe
28 de septiembre
Ramón Tejada Holguín
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