Bipartidismo significa que, sin invalidar la existencias de otras organizaciones, la vida política se polariza entre dos partidos.
¿Hay bipartidismo en Dominicana? Sí y le llamo bipartidismo de nuevo cuño. El PRD y el PLD dominan el sistema político: concentran más del 90% de los votantes, según las últimas presidenciales; las demás agrupaciones, incluyendo al otrora mayoritario PRSC, negocian su participación electoral con ambos; y la mayoría de los funcionarios que ocupan cargos electivos fueron elegidos de las boletas de una de estas dos fuerzas políticas. El bipartidismo se fortalece debido a la búsqueda frenética de acuerdos de parte de los demás partidos dominicanos con los dos que gobiernan el sistema político, y las pocas posibilidades que las encuestas dan a las candidaturas fueras del circuito de ambos partidos.
¿Porqué de nuevo cuño? Porque según la teoría, la doble vuelta electoral, y la posibilidad de presentar candidaturas al congreso y las municipalidades tienden a favorecer la existencia de más de dos partidos fuertes y con posibilidades electorales. Se supone que a la primera vuelta concurren los partidos con sus propuestas especificas y en la segunda se hacen las alianzas. Es de nuevo cuño porque aquí no ocurre así. Luego de la muerte de Balaguer y la incapacidad de la dirigencia reformista de construir un verdadero partido político, se ha evidenciado una polarización entre el perredeismo y el peledeismo. Tenemos bipartidismo en un ambiente institucional que se supone no propicia el bipartidismo. Es de nuevo cuño, además, porque la academia enseña que para que haya bipartidismo deben existir dos partidos con visiones distintas, con proyectos societales diferenciados; sin embargo en el país PLD y PRD coinciden girando a la derecha. Para colmo quien gobierna actualmente al PRD busca parecerse a quien lidera el PLD, quien a su vez ha logrado convertirse en el principal cabecilla del sistema político y tiende a parecerse, en parte de sus actuaciones, al fallecido líder del minúsculo PRSC.
¿El bipartidismo de nuevo cuño es positivo o negativo? Depende desde que punto de vista se observe. Le funciona muy bien a los líderes conservadores que desean mantener los niveles de exclusión política existentes en el país. El bipartidismo de nuevo cuño permite que el PRD y el PLD postulen personas cuestionadas por amplios sectores de la sociedad, desde aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia en asuntos de violencia de género, hasta aquellos que nunca han explicado sus fortunas. Esto es posible gracias a la ausencia de opciones distintas, y a la inexistencia de organizaciones políticas independientes del circuito bipartidista, haciendo que lo tradicional reine perpetuando la exclusión y las tendencias autoritarias. El bipartidismo de nuevo cuño no presenta opciones claramente diferenciadas, prevaleciendo la lógica del ganar por ganar
¿Qué hacer? Luchar por la democratización de los partidos, de manera que a lo interno puedan emerger opciones distintas, se necesitan movimientos menos conservadores en el seno del PLD y el PRD. Además, quienes tratan de construir nuevas agrupaciones deben abandonar la tendencia a ser satélites de los partidos mayoritarios, y tratar de construir una opción realmente independiente, empezando desde abajo, no queriendo ser candidato a presidente a la primera intención. Otra de las acciones es oponerse al contenido de la actual ley de partidos, ya que hay artículos que buscan perpetuar el bipartidismo de nuevo cuño. ¿Casualidad que se haya pactado su aprobación? El país marcha hacia un bipartidismo de nuevo cuño, pero no es inexorable el camino. No sigamos viéndonos el ombligo, actuemos.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe,
8 de Febrero 2010
Tweets por @Ratehol
Poca supervisión y mucho control
No me opongo a una Ley de Partidos. Las agrupaciones políticas necesitan ser reglamentadas, pero el Proyecto de Ley de Partidos que se conoce en la Cámara de Diputados debate puede resultar dañino e inaplicable, ya que otorga mucho poder a la JCE (como vimos la semana pasada), es tímido a la hora de supervisar cuestiones que deberían tener mayor nivel de fiscalización, y queriendo controlar el trasfuguismo hace a los partidos menos democráticos.
Para controlar el transfuguismo se establece en el artículo 51 del Proyecto de Ley que los puestos de Senador, Diputado, Sindico y Regidor pertenecen a la agrupación política que postuló al candidato o candidata. Luego sostiene que la persona perderá su cargo en caso de que: o cambie de partido,u organice una agrupación política nueva, o se declare independiente del partido que le postuló. Es loable el intento de controlar el transfuguismo, pero el articulo 51 y sus párrafos corren el riesgo de convertirse en una espada que haga más temerosos a legisladores, síndicos y regidores de expresarse libremente y de actuar en función de sus consciencias, es otra de las manera de dar más poder a las cúpulas partidarias. Además, el transfuguismo existe, porque hay partido receptores de tránsfugas profesionales y ocupan puestos que no son de elección popular.
Más que controlar el transfuguismo, se necesita mayor control del financiamiento privado de los partidos políticos. Hay evidencia de que el financiamiento privado es una de las causas eficientes de la nefasta privatización de la política, ya que quienes reciben grandes sumas de dinero de empresarios y corporaciones actuarán para favorecer a sus financiadores, o al menos evitaran afectarlos.
El financiamiento de los partidos de parte del sector privado, cuando no tiene límites ni controla, prohíja la corrupción: quienes dan mucho dinero, esperan un retorno de algún tipo. Lo positivo del anteproyecto es que pone límite a lo que puede dar un contribuyente individual, persona o empresa, y exige que se publique los nombres y montos de quiénes financian partidos políticos y candidatos. Esto es mejor que el vacío que existe actualmente, pero no es suficiente, y al final del día con muchas contribuciones individuales se puede llegar a juntar más millones de pesos que los que la JCE da a cada partido.
No es suficiente porque para controlar el financiamiento privado se debería poner límites a los costos de las campañas, establecer un tope de gastos, se debería supervisar el uso de los medios de comunicación y lograr un acceso más igualitario para todos los partidos. En el caso de que se violen las tímidas reglas sobre financiamiento deben establecerse claramente las sanciones y los organismos encargados de aplicarlas. Nada de esto hace el proyecto de ley que descansa en el Congreso.
El proyecto consigna la creación de un organismo dentro de la JCE para que supervise el financiamiento. En la actualidad la JCE tiene una dirección de partidos políticos y mecanismos de supervisión sobre los usos que dan los partidos al financiamiento público. El nuevo mecanismo es más burocracia. El problema no es crear una nueva instancia, el problema es que la JCE no cumple con su deber. La JCE no cumple porque los partidos mayoritarios son quienes eligen a sus miembros. La JCE termina "buscándole la vuelta" a los informes de auditoría de los partidos. No olvidemos que la composición de la JCE es expresión de la correlación de fuerzas existente en el Senado. La ley de partidos debe consignar claramente la aplicación de la Ley de Lavado a las agrupaciones políticas y sus candidatos. ¿Conclusión? El proyecto de Ley de partidos debe ser revisado.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
1 Febrero 2010
Para controlar el transfuguismo se establece en el artículo 51 del Proyecto de Ley que los puestos de Senador, Diputado, Sindico y Regidor pertenecen a la agrupación política que postuló al candidato o candidata. Luego sostiene que la persona perderá su cargo en caso de que: o cambie de partido,u organice una agrupación política nueva, o se declare independiente del partido que le postuló. Es loable el intento de controlar el transfuguismo, pero el articulo 51 y sus párrafos corren el riesgo de convertirse en una espada que haga más temerosos a legisladores, síndicos y regidores de expresarse libremente y de actuar en función de sus consciencias, es otra de las manera de dar más poder a las cúpulas partidarias. Además, el transfuguismo existe, porque hay partido receptores de tránsfugas profesionales y ocupan puestos que no son de elección popular.
Más que controlar el transfuguismo, se necesita mayor control del financiamiento privado de los partidos políticos. Hay evidencia de que el financiamiento privado es una de las causas eficientes de la nefasta privatización de la política, ya que quienes reciben grandes sumas de dinero de empresarios y corporaciones actuarán para favorecer a sus financiadores, o al menos evitaran afectarlos.
El financiamiento de los partidos de parte del sector privado, cuando no tiene límites ni controla, prohíja la corrupción: quienes dan mucho dinero, esperan un retorno de algún tipo. Lo positivo del anteproyecto es que pone límite a lo que puede dar un contribuyente individual, persona o empresa, y exige que se publique los nombres y montos de quiénes financian partidos políticos y candidatos. Esto es mejor que el vacío que existe actualmente, pero no es suficiente, y al final del día con muchas contribuciones individuales se puede llegar a juntar más millones de pesos que los que la JCE da a cada partido.
No es suficiente porque para controlar el financiamiento privado se debería poner límites a los costos de las campañas, establecer un tope de gastos, se debería supervisar el uso de los medios de comunicación y lograr un acceso más igualitario para todos los partidos. En el caso de que se violen las tímidas reglas sobre financiamiento deben establecerse claramente las sanciones y los organismos encargados de aplicarlas. Nada de esto hace el proyecto de ley que descansa en el Congreso.
El proyecto consigna la creación de un organismo dentro de la JCE para que supervise el financiamiento. En la actualidad la JCE tiene una dirección de partidos políticos y mecanismos de supervisión sobre los usos que dan los partidos al financiamiento público. El nuevo mecanismo es más burocracia. El problema no es crear una nueva instancia, el problema es que la JCE no cumple con su deber. La JCE no cumple porque los partidos mayoritarios son quienes eligen a sus miembros. La JCE termina "buscándole la vuelta" a los informes de auditoría de los partidos. No olvidemos que la composición de la JCE es expresión de la correlación de fuerzas existente en el Senado. La ley de partidos debe consignar claramente la aplicación de la Ley de Lavado a las agrupaciones políticas y sus candidatos. ¿Conclusión? El proyecto de Ley de partidos debe ser revisado.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
1 Febrero 2010
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