Complejo del Gancho, Doble Pensar y Desarrollo Humano

Muchos años después frente al pelotón de autores que escriben sobre la Confianza como un componente del desarrollo social, económico y político fue que entendí lo pernicioso que para la República Dominicana es lo que el doctor Antonio Zaglul llamó Complejo del Gancho que, todavía hoy, penetra parte del “ser dominicano”. Zaglul sostuvo que, en sentido general, la personalidad dominicana tiene un alto componente de sentirse perseguido y pensar que se le quiere engañar. Es posible que esta actitud, que algunos asocian al llamado “pesimismo dominicano” se relacione directamente con los años de dictaduras y de gobiernos autoritarios que hemos vivido.

Jesús de Galíndez escribió que Trujillo había logrado inculcarle al dominicano la idea de que no podía ni siquiera trabajar a menos que declarara una adhesión expresa al régimen. En ese sentido, se desarrolló en las generaciones socializadas durante el trujillato una especie de doble pensar y mucho temor a decir lo que realmente se creía. Esto ha sido un mecanismo de control social y político que todavía tiene sus consecuencias en nuestra “estructura caracterológica”. El hecho de que el Estado Dominicano, en sus diversas dimensiones, sea el principal empleador, de que cada vez que hay un cambio de partido en la dirección de alguna de sus organizaciones se cambie una muy alta proporción de los mandos medios y bajos, tiende a estimular ese mecanismo. En el sector público se tiene muchísimo temor al caliesaje.

La pregunta del millón es, ¿el “complejo del gancho” y “el doble pensar” se han ido reduciendo con el paso de los años y el cambio generacional? Creo que se han transformado, que ahora se expresan como “falta de Confianza” en las instituciones y en los demás. Las Demos sistemáticamente muestran que la mayoría de la ciudadanía desconfía de las principales instituciones del sistema de representación política, destacándose el Congreso Nacional como la de menor Confianza. Las encuestas muestran cómo la mayoría cree que los políticos dominicanos sólo buscan su beneficio personal y de su grupo. Incluso en una de las encuestas que hice para el CIES se observa que la gente admite que participa en política buscando sus beneficios personales.

Se ha demostrado que la Confianza juega un importante papel en la organización de la gente, en lograr estimular la cooperación, en hacer un uso más eficiente y colectivo de los recursos públicos e influye en la construcción de un sentido de futuro común de la ciudadanía. La Confianza forma parte del Capital Social. Es claro que además de Capital Social se necesitan recursos económicos y naturales, así como uso de las tecnologías para producir riquezas. El Capital Social ayuda a hacer un uso colectivo de los recursos públicos y que beneficie a las mayorías. La dirigencia social y política debería centrarse en estimular el Capital Social para lograr un mayor nivel de desarrollo humano. Las actuales políticas asistenciales y el clientelismo estimulan el individualismo y redimensionan el complejo del gancho y el doble pensar.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe
31 de agosto del 2006

Nueva JCE: Primer Desafío Institucional

Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.

Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y como organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.

Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.

En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.

Ramón Tejada Holguín
El Caribe