Las actividades vitales que la gente debe realizar
en las sociedades actuales son imposibles si en las ciudades no existen formas
eficientes para trasladarse de un punto a otro, por ejemplo de la casa al
trabajo, a los lugares de ocio y recreación. La ciudadanía necesita de un
transporte público o privado eficiente, eficaz y a precio justo. El transporte
es un producto de primera necesidad, como los servicios de agua y electricidad,
por ejemplo.
El servicio de transporte, debe ser tratado como un
bien público y es una responsabilidad estatal regirlo, disponerlo, proveerlo
(ya sea por vía pública o privada, o ambas) y garantizar que sea una
contribución al bienestar común, a la vida colectiva digna.
Por décadas tanto las rutas, el orden y la calidad
del transporte en la República Dominicana estuvieron descuidados, con
autoridades sectoriales intentando, precariamente gestionarlos sin éxito,
tratando con paliativos un fenómeno enorme y complejo que involucra a la
totalidad de la población del país.
El transporte ha sido caótico, agotador,
extenuante, insuficiente, precario e inseguro.
Desde que la administración del presidente Danilo
Medina asumió la gestión del Estado hubo conciencia de que los esfuerzos que se
venían desarrollando con la provisión de servicios de transporte y la
ampliación y mejoras de vías eran insuficientes, pero había una base para
trabajar.
Por eso, además de continuar con procesos en curso:
el Metro, la OMSA y la inversión en infraestructura, se acometió la tarea de
que tuviéramos un marco institucional y regulatorio que nos diera instrumentos
de gestión sin los cuales el transporte seguirían siendo caótico e incapaz de
satisfacer las necesidades de las personas.
El marco consensuado en la Ley de Movilidad,
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 63-17, es precisamente el
instrumento imprescindible para que nos dotemos de un sistema que dé respuesta
sana a los desafíos de este proceso complejo y enorme.
Se avanza, se ha unificado el criterio del sector,
se realizan los estudios de rigor, se ha comenzado a dar orden y a ejercer la
autoridad necesaria.
Muchos de los involucrados en el sector mostraron
desconfianza y resistencia. Pero, fueron convencidos de venir a la mesa de
negociación y entender que vamos en transición hacia algo nuevo que será de
beneficio para todos.
Unos pocos se resisten a abandonar la forma en que
explotan a los usuarios, en que explotan
a sus choferes y en que explotan el espacio público, porque son parte y se han
beneficiado del caos en el transporte.
El tránsito y transporte van a cambiar la sociedad
dominicana, y el Estado va a organizarlos y gestionarlos sin ceder al chantaje
de los que persisten en sostener el calamitoso escenario en que hoy se
benefician.
Ya tenemos reglas, se está abordando con rigor y
sin demagogia las soluciones y se está fundamentando una autoridad y regulación
racionales, dialogantes, sensibles, pero investidas de la jerarquía y el
sentido de responsabilidad necesarios para hacer de nuestras calles y avenidas
un bien público que había estado secuestrado.
El
transporte será servicio público dirigido al bien común de usuarios y
proveedores, con dignidad, con reciprocidad y con responsabilidad. Necesitamos
construir en ese sector una conducta colectiva que nos transforme y que exprese
los valores de comunidad y solidaridad que son imprescindibles y contra los
cuales quieren actuar aquellos que siempre encontrarán excusas para no
abandonar su poder de abusar, extorsionar y actuar sin respeto por nada ni por
nadie.
Hacer cumplir la Ley de movilidad, transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial, 63-17, demanda del concurso de la ciudadanía y de
todos los sectores conscientes, principalmente los organizados que dicen
defender a la ciudadanía.
Hay grupúsculos partidarios y sectores de la
disminuida marcha verde; así como otros que se dicen luchadores sociales que
parecen hacer política partiendo de la idea de que toda lucha dirigida contra
una autoridad constituida, sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, es por
definición legítima y debe ser apoyada. Uno diría que no reflexionan seriamente
en las consecuencias negativas de ciertas luchas para los mismos pobres que
dicen defender.
Observemos el apoyo que se le brinda a Hubieres,
por ejemplo, incluso uno de esos grupúsculos lo ha proclamado como candidato a
la presidencia.
¿Por qué no protestan por la forma gansteril
con que maneja el transporte urbano e interurbano
en el país? ¿Por qué no luchar por una mayor institucionalización del
transporte masivo? Se necesitan reglas claras en el transporte de pasajeros, y
el final de la impunidad e inmunidad de ciertos empresarios del transporte que
se dicen a sí mismos sindicalistas.
Pero, hay quienes creen que irrespetando la
institucionalidad se es revolucionario, como si ignoraran que las revoluciones
crean sus propias institucionalidades.
Esa forma esquizoide de hacer política es lo que
más ha bloqueado el crecimiento de los movimientos sociales.
Que conste, creo que el país necesita un movimiento
social fuerte y racional, capaz de actuar en lo sociopolítico, como diría
Gramsci, basados en la construcción de la hegemonía de los grupos subalternos.
O sea, que tenga como norte constituir una autoridad política y moral que
enfrente la hegemonía de los grupos que hoy tienen la sartén por el mango.
La apuesta al enfrentamiento pueril es el bloqueo
principal de la constitución de lo nuevo, en la política dominicana. Hubieres representa
todo lo viejo y caótico del transporte.
Ramón Tejada Holguín
22 octubre 2018
Podcast por la @Super7FM
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