Este texto fue escrito en el 2001. Sorprende por lo actual. Y da tristeza, por lo permanente de nuestros problemas institucionales.
Ramón Tejada Holguín
¿Tiene la persona dominicana una personalidad autoritaria?
La mayoría de los intelectuales dominicanos tienen la percepción de que en República Dominicana existe una tradición autoritaria y paternalista que ha afectado a todas las organizaciones del sistema político y de la sociedad en su conjunto, lo que obstaculiza la consolidación de la democracia dominicana y el establecimiento de instituciones sanas y confiables[1]. Esa característica de la personalidad política tradicional de la población dominicana ha obstaculizado los procesos de modernización, y provoca la debilidad institucional y la preeminencia de las relaciones primarias antes que la formalización de instituciones y reglas del juego estables y respetadas por todos.
Para analizar la forma en que funciona la democracia dominicana y el tortuoso camino que recorre hacia su consolidación, es de vital importancia conocer cómo piensan y actúan sus ciudadanos, cuáles son los obstáculos y bloqueos culturales que debe enfrentar una cultura de participación y los procesos de ciudadanización. El fortalecimiento de las instituciones democráticas es impensable sin la participación de la ciudadanía. Democracia implica un proceso de ciudadanización, en el cual todo miembro de la sociedad se reconoce como tal y con derechos a decir y hacer en libertad, pero con el deber de cumplir reglas con las cuales se medirán a todos por igual.
Uno de los primeros en anotar los efectos del autoritarismo en la personalidad política de los dominicanos fue Jesús de Galíndez, intelectual español muerto por el trujillismo. Según sus planteamientos el poder de la dictadura de Trujillo se basan en que este había creado entre los dominicanos y dominicanas una visión del mundo en la cual para poder realizar cualquier acción cotidiana y normal, como conseguir trabajo o simplemente circular libremente, se debía expresar una clara adhesión al régimen trujillista[2]. Con la muerte del dictador en el 1961 el país comienza a construir organizaciones gremiales, sindicales y ciudadanas, y se inician las actividades públicas de los partidos políticos creados en el exilio o la clandestinidad.
Desde cierto punto de vista la visión de Galíndez se ve confirmada por la historia del país. Dos encuestas nacionales sobre la cultura política dominicana, Demos 94 y Demos 97[3], ofrecen evidencia de que esta percepción del mundo todavía se encuentran enraizada en una proporción importante de la ciudadanía. Hay avances importantes como se verá más adelante, pero también hay todavía un largo trecho que recorrer en la construcción de una democracia estable.
Principal obstáculo para el desarrollo institucional del país
Los hallazgos de ambas encuestas sugieren que el primer muro que ha tenido que enfrentar el proceso de ciudadanización es la llamada externalidad o exteriorismo. Es decir, esa tendencia a no confiar en sus propias fuerzas, a buscar la fuente de lo bueno y lo malo fuera de uno mismo, a creer en las fuerzas del destino y desconfiar en la capacidad de la gente para construirse su propio futuro. “La conducta basada en la externalidad se opone, pues, al criterio de actuar según su propia determinación individual”[4]. Se podría decir que en la externalidad se encuentra la base del paternalismo y autoritarismo dominicanos.
Esa creencia en fuerzas superiores que orientan y dirigen las acciones de la gente, abre las puertas a la mentalidad del dominado que se cree incapaz de dirigir su destino. Las figuras de autoridad, principalmente masculinas, son vista como depositarias de una sabiduría inaccesible al común de la gente. Un buen presidente, un buen padre, un hermano mayor, regañan y castigan porque en el fondo buscan el bien de todos y todas, y aunque a veces sus motivaciones no sean del todo claras se cree que quieren el bienestar de quienes “están bajo su responsabilidad”.
El exteriorismo es uno de los factores que influyen en que una proporción importante de la población dominicana prefiera el uso de mecanismos informales en sus forma de relacionarse e interactuar, antes que los mecanismos institucionalizados y modernos. Uno de esos mecanismos informales, que se diría es una institución nacional, es el enllave[5]. Se dice que tener un enllave ha facilitado todo tipo de tramites administrativos, ha posibilitado la consecución de buenos empleos, y ha dado ciertos niveles de impunidad ante algunas violaciones a las leyes de transito, impositivas y otros delitos.[6] El enllavismo al mismo tiempo es el principal puntal del clientelismo político y el tradicionalismo que obstaculiza el desarrollo institucional.
La participación como pilar del proceso democratizador
Pero, la sociedad dominicana ha ido cambiando. Luego de la muerte del dictador y la inestabilidad política que le siguió, los procesos de democratización dominicana conocen dos momentos de gran importancia: la primera entrega pacifica de gobierno de un partido a otro distinto ocurrida en el 1978[7] y el pacto por la democracia de 1994.
El “Pacto por la Democracia” de 1994, con el cual se puso fin a una crisis post-electoral permitió que en el país se instaurara la doble vuelta electoral, la prohibición de la reelección presidencial por dos períodos consecutivos y creó el Consejo Nacional de la Magistratura constituyendo este hecho uno de los pasos más relevantes para la construcción de un poder Judicial Independiente.
La década de los noventa es importante para la historia política del país no sólo por la firma del “Pacto por la Democracia”, con el cual se enterró la virulencia de las crisis electorales, si no también por la forma en que irrumpieron en el escenario político dominicano diversas organizaciones de la sociedad civil. El asociacionismos creció substancialmente en la década, los partidos políticos mismos comenzaron a tener mayores niveles de apertura y a realizar elecciones internas con la participación de todos sus miembros y simpatizantes[8]; al mismo tiempo el tipo de liderazgo político tradicional han ido cambiando.
Todavía persisten dificultades importantes. La participación amplia es tanto más necesaria en cuanto el país tiene un consenso social débil sobre los grandes objetivos de desarrollo y bienestar y sobre los compromisos y esfuerzos requeridos para lograrlos. De hecho, todavía predominan visiones particulares sobre las prioridades de desarrollo y suele haber más divergencia que convergencia entre los actores políticos relevantes y los principales agentes económicos.
En ese contexto dar respuesta a la demanda de participación de parte de la población se convierte en uno de los puntales para el desarrollo del Capital Social en el país, y el combate del autoritarismo y el paternalismo que ha caracterizado el temperamento nacional. La presente década ofrece una oportunidad de primer orden para que el país avance hacia la consolidación de los procesos de institucionalización, como lo revelan los siguientes indicadores:
1. La Encuesta Nacional de Cultura Política señala que entre 1994 y 1997 se incrementó el número de personas que “participa en las reuniones para resolver demandas y problemas sociales de barrios, comunidades y ciudades del país”, pasando de 46.7 % en el 1994 a 57.0% en el 1997. 52.7 % de los y las entrevistados en la Demos, 97 pertenecía por lo menos a una organización de algún tipo, ya sea política, territorial, laboral comunitaria. Además del incremento en los niveles de asociatividad, se ha evidenciado que existe una tendencia de los dominicanos a confiar más en las instituciones electorales que en el pasado[9]. Este nivel de confianza en los mecanismos de elección evidentemente que contribuye con la gobernabilidad democrática, y puede aprovecharse para extender los niveles de confianza hacia todo el sistema político.
2. Si bien la participación en las organizaciones tradicionales de la sociedad es un elemento positivo, tanto más interesante e importante es notar el reclamo de la ciudadanía de que se creen nuevas formas de participación. En efecto, según la Demos-97 el 94.7% de los y las entrevistados(as) dijo estar de acuerdo con que se deben “crear nuevos mecanismos para que la gente participe en las decisiones que les afectan”. En el 1994 cuando se hizo la misma pregunta un 87.9% de las personas encuestadas dijeron lo mismo[10]. En este sentido la búsqueda de formas innovadoras de asociacionismo y la participación de la población canalizaría una gran energía de la sociedad hacia la creación de metas comunes, energía que evidentemente en el momento es subutilizada.
3. Desde la sociedad civil se ha intentado dar respuesta a esa demanda de innovación en las formas de participar, aunque sus frutos son todavía embrionarios. En efecto, se han creado espacios para la concertación y el trabajo en conjunto: 1) desde 1996, el movimiento cívico Participación Ciudadana, coordina un esfuerzo que involucra a más de 100 organizaciones de diversos tipos para observar los procesos electorales, teniendo éxitos indudables; 2) existen organizaciones de apoyo a la democracia, como el Proyecto para el Apoyo a las Iniciativas Democráticas, en el marco del cual se realizan importantes procesos educativos que involucran a sectores organizados y no organizados a favor de la democracia; 3) en un esfuerzo conjunto organizaciones de la sociedad civil dominicana han creado un grupo llamado Foro Ciudadano en el que participan más de 200 organizaciones comunitarias, territoriales y empresariales. 4) existe una organización que agrupa a la mayoría de las organizaciones de interés social, Alianza ONG; y 5) en los últimos años se ha creado otro organismo importante en los procesos de fortalecimiento de la asociatividad de los dominicanos: el Programa de Fortalecimiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil, FOSC.
Como se ve la demanda de participación de la sociedad civil dominicana va en aumento, y la sociedad política, de alguna manera, ha sabido captar estas demandas de participación. Cada vez son más los sectores políticos que entienden que crear mecanismos institucionales que posibiliten la apertura de la sociedad, ayudará a la reducción de la exclusión social, política y económica deviene en una tarea prioritaria. Hay mucha energía social que bien canalizada contribuirá con el progreso integral del país.
Lamentablemente, si bien se han incrementado los espacios de participación, en muchos de estos sólo interactúan las organizaciones de la sociedad civil y no se da un proceso de sinergia con las instituciones políticas y de gobierno, además de que algunos de los espacios creados han estado asociados a procesos muy puntales y sin continuidad en el tiempo.
Los pasos de avances entre la relación gobierno y sociedad civil tienen todavía que sedimentarse, darle continuidad en el tiempo, y convertirse en un issue político de primer orden. El Diálogo Nacional fue un paso de avance importante[11] para el establecimiento de prácticas de inclusión ciudadana en las decisiones de interés colectivo, pero los resultados del mismo no fueron incluidos en la agenda gubernamental, lo que desestimula la participación.
Actualmente (febrero 2001) el acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales tienen un nuevo espacio de importancia, los Consejos de Gobiernos que realiza el actual mandatario en diversas comunidades, en la cual se escuchan las demandas de esas localidades.
Además, se ha estado creando marcos institucionales importantes, tales como el decreto que crea el Consejo Nacional de Seguimiento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, instancia mixta con participación del Estado y de la sociedad civil, el que establece los Consejos de Desarrollo Regionales, Provinciales, Municipales y Sectoriales y que deben constituirse en un puntal importante para la descentralización. También el que establece el Consejo de Lucha Contra la Pobreza; el que instituye el Gabinete Social, y el que crea la Comisión Especial de Reforma Constitucional, de cuya matrícula una parte importante son personas e instituciones de la sociedad civil
Se diría que en los últimos años se han evidenciado avances importantes en el establecimiento de marcos institucionales adecuados para la consolidación de la democracia y la participación ciudadana Los marcos institucionales adecuados son necesarios porque reducen la corrupción, estimulan la responsabilidad social y la participación, dan confianza a los agentes económicos y sociales y potencializa el capital social del país.
De igual forma se ha dado participación a la sociedad civil en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, que constituye un punto de avance en los procesos de rendición de cuentas que ha demandado la sociedad dominicana. Pero, la lucha contra la corrupción no ha logrado insitucionalizarse, y dos proyectos de ley se encuentran estancado en el congreso dominicano, uno es el de inversión del fardo de la prueba, es decir que sean los funcionarios a los cuales se les compruebe que han incrementado su patrimonio al pasar por el ejercicio de funciones publica quienes prueben que dicho incremento no se hizo a través del usufructo de los bienes del estado, y la creación de un fiscal especializado en la anticorrupción.
De todas maneras, los decretos y leyes que acercan al estado y la sociedad civil, deben ser aplicados y profundizados para convertirse en un paso trascendental en el cambio de un tipo de participación comunitaria ligada más que nada a demandas de soluciones a problemas locales y puntuales, hacia una participación mucho más significativa, efectiva y eficaz que interviene tanto en la definición del problema como en la forma de solucionarlos y la ejecución de las acciones.
La mejor forma de combatir el exteriorismo es la participación real y efectiva, que la gente crea en sí misma porque siente que los resultados sociales son también propios. La participación acrecienta el sentido de pertenencia y la cohesión social, y reduce el sentido de exclusión y desamparo potencializando de esta manera las energía sociales. De esta manera, además, se profundiza y consolida la democracia y se crean las bases para una estable y prolongada gobernabilidad [12].
Gobernabilidad y buen gobierno no son sólo atributos del Estado; la sociedad civil en su conjunto juega un papel de primer orden. Los procesos de toma de decisiones que afectan la economía, la política y la implementación de políticas públicas de un país, son los tres aspectos básicos de la gobernabilidad. La gobernabilidad remite a la idea de buen gobierno en la visión del PNUD, es decir, un gobierno cuyas metas están relacionadas a la asignación y administración de recursos para responder a los problemas colectivos, cuya característica principal es la participación, transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad política[13]. El logro de un gobierno que responda a estas características incluye la promoción y el desarrollo de una sociedad civil responsable, con capacidad y vocación para el dialogo.
Administración de justicia
La mayoría de los juristas coinciden en que la independencia del poder judicial busca que las decisiones de los jueces se hagan con base en el derecho y en la aplicación de principios y leyes preestablecidas, sin que se tome en cuenta el rol social, económico o político de una o más de las partes en conflicto; así como tampoco se deje influenciar de agencias gubernamentales o no gubernamentales y/o personas que ocupen puestos dentro del tren gubernamental o el sector privado.
Con el Pacto por la Democracia se inició un proceso importante de reforma del poder judicial, cuyo eje central lo constituye el establecimiento de su independencia, este proceso ya ha comenzado a dar su fruto pero sobre el cual todavía quedan tareas pendiente de importancia.
Los punto incluidos en fueron: 1) La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual se encargaría de designar a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo quedó integrado por el Presidente de la República, dos senadores (de partidos distintos), dos diputados (de partidos distintos) y dos miembros de la Suprema Corte de Justicia incluyendo su Presidente; organizaciones importantes de la sociedad civil contribuyeron en el proceso de selección de los jueces de la Suprema, constituyendo este proceso todo un hito en la historia republicana del país. 2) Se le otorgó a la Suprema Corte de Justicia la potestad de designar a los demás jueces del país, lo cual era antes realizado por el Senado de la República, 3) Se le otorgó al poder judicial autonomía presupuestaria y administrativa, 4) Se establecieron la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces, y 5) se le dio a la facultad a la Suprema Corte de conocer de manera directa sobre la constitucionalidad de las leyes.[15]
Avances desde la Suprema Corte
Con algunos tropiezos, y criticas de algunos juristas, la Suprema Corte de Justicia ha ido construyendo su autonomía. La promulgación de la Ley de Carrera Judicial en agosto de 1998 y la aprobación por parte de la Suprema Corte en noviembre del 2000 del Reglamento de Carrera Judicial constituyen otros dos hitos importantes en la construcción de una justicia independiente de los demás poderes del Estado. Al decir del presidente de la Suprema Corte de Justicia “en esta estabilidad reside parte de la fortaleza del Poder Judicial, debido a que por primera vez en la historia judicial dominicana, los magistrados pueden desempeñar su función de administradores de justicia sin estar sujetos a los vaivenes inherentes a las pugnas políticas”[16].
Se diría que desde la Suprema Corte se realiza una ardua labor en la modernización del sistema judicial, comenzando por la selección de los jueces de los Departamentos Judiciales del país, dando participación a la sociedad civil para que hicieran observaciones u objetaran a los candidatos. Se evaluó la integridad y la competencia de 2, 657 abogados, de los cuales fueron seleccionados 493 jueces, de los cuales el 48% fueron mujeres, con un 34% de jueces confirmados. Se ha llevado al cabo el mejoramiento de la infraestructura de los tribunales, la informatización de los procedimientos de la Suprema Corte de Justicia, la instalación de la Escuela de la Magistratura, además del establecimiento de diez jurisdicciones especiales de niños, niñas, y adolescentes.[17]
Además, recientemente la Suprema Corte de Justicia sustituyó a gran parte de los jueces del Tribunal de Tierras porque encontró altos niveles de parcialidad en su seno, al mismo tiempo se ejecuta, con un préstamo del BID, un proyecto de modernización de la jurisdicción de tierras.
Otro de los puntos de avances importantes que vale la pena destacar es el proceso de consulta ciudadana llevado al cabo entre octubre y diciembre del 2000 por la Suprema Corte de Justicia con el apoyo de dos importantes organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS- y Participación Ciudadana. En estas consultas participaron representantes de grupos comunitarios –rurales y urbanos-, asociaciones de diverso tipos, gremios profesionales, legisladores, gobernadores provinciales y diferentes representantes de la diversas confesiones religiosas. La misma constituyen un buen ejemplo de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y uno de los poderes más importantes del Estado.
Más de 1,500 personas participaron en estas consultas, evidenciándose que los mayores niveles de preocupación de este segmento de la sociedad civil organizada giraban en torno a “la institucionalización del Poder Judicial, la celeridad de los procesos, las condiciones económicas del sector, la capacitación de los jueces y del personal administrativo y la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial, y otras como las relativas al ministerio público y a las cárceles, que escapan a la jurisdicción del Poder Judicial como tal” [18].
El proceso culminó con la celebración de la “II Conferencia del Poder Judicial: Definiendo Estrategias para el Siglo XXI” celebrada el día 2 de febrero del 2001 a la cual asistieron todos los jueces del país con el objetivo de diseñar la planificación del Poder Judicial para los 5 años siguientes, es decir del 2001 al 2005. Las autoridades del Poder Judicial trabajan y defienden la independencia del poder que representan.
Pero, existe un largo trecho por recorrer. La independencia del poder judicial no sólo depende de la Suprema Corte de Justicia. Es necesario que la sociedad misma perciba y trabaje porque la decisiones de los jueces no estén mediada por ningún otro poder, ya sea político o económico, y los demás poderes del Estado deben respetar y defender esa independencia, deben estar convencidos y conscientes.
Sin embargo, en el último año han ocurrido algunos aspectos preocupantes que comprometen la independencia del poder judicial, y en el cual se han visto envuelto representantes del Congreso. En varias ocasiones se ha estado hablando de la necesidad de reformar la Constitución Dominicana, se ha abierto un debate público en cuanto al tema, entre los aspectos que se establecieron como punto a discutir, estuvo el de la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, un sector del Congreso y algunos juristas cuestionaron la inamovilidad de la actual Suprema Corte de Justicia. Si embargo, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que laboran en el área de la judicatura, y otros sectores no organizados, entienden que “de mantenerse el sistema de inamovilidad que rige actualmente, ahora provisto de un buen reglamento de carrera judicial, los jueces tienen sus posiciones seguras mientras se desempeñen con honradez y eficiencia y hasta la edad de retiro obligatorio y nadie fuera de estos casos puede desplazarlos de sus posiciones, asegurando de esta manera su completa independencia”[19].
Hasta el momento ha resultado evidente que la independencia del Poder Judicial será defendida por una gran mayoría de representante de la sociedad civil organizada, por el mismo gobierno central y una proporción de los senadores y diputados del país. De todas maneras cabe advertir la necesidad de mantener dicha autonomía como una garantía de que el Estado de Derecho no sucumbirá en la República Dominicana y de que la aspiración de justicia para todos será una realidad en un futuro no muy lejano. (Estamos en el 2008: ¿nos equivocamos?)
La Garantía de los Derechos
Cabe destacar que la independencia del Poder Judicial no es una panacea, que en sí misma no es garantía de que la población dominicana tendrá igual acceso a la justicia, y que habrá equidad en las decisiones y órdenes de los jueces.
La ciudadanía dominicana ha considerado en el pasado que sus derechos de protección jurídica y el derecho universal, consignado en la constitución del país, de igualdad ante las leyes no se aplica totalmente. En la Demos, 97 se establece que “un conjunto mayoritario de la población entrevistada percibe que, en la sociedad dominicana, la ley no se aplica o carece de importancia frente a factores como el estatus social, el clientelismo, la riqueza y el líder fuerte”[20]. Sin embargo, entre 1994 y 1997 la percepción de la ciudadanía sobre la justicia mejora substancialmente, ya que mientras en el 1994 el 22.3% evaluaba la justicia como buena o muy buena, en el 1997 hacía lo mismo un 31.4%. Sería interesante investigar la percepción de la población sobre este aspecto en los momentos actuales, pero no se tiene información al respecto.
Se diría que la ciudadanía percibe que existe una voluntad de cambio importante en el ambiente judicial dominicano, lo cual todavía no ha logrado traducirse en una administración de justicia con equidad, eficiencia y calidad. Es cierto que todavía es muy temprano para evaluar lo resultados de las acciones que se toman desde el poder judicial, y de los diversos proyectos que desde su seno se llevan acabo.
Considerando el Sistema Judicial en su conjunto, se diría que no hay una garantía total para el ejercicio de una justicia basada en la eficiencia, eficacia y equidad. En el país no existen mecanismos de protección a los derechos de las víctimas, a menos que se constituyan en parte civil dentro de un proceso penal. Una de las principales causas de las limitaciones y dilaciones de la administración de justicia y, por tanto, de la falta de protección jurídica adecuada es la tajante separación existente entre la función de investigación, asignada a la Policía Nacional, y las demás funciones judiciales encomendadas al Ministerio Público. Además de que la policía no actúa como auxiliar del ministerio público, ni respeta la jerarquía que la ubica como dependiente de la Secretaría de Interior y Policía.
Se diría que la principal fuente de amenaza y de posible violación de los derechos se encuentra en la organización policial dominicana[21]. La situación ha sido catalogada de grave por diversas organizaciones y estudiosos del problema policial, tanto que se habla de refundar la Policía Nacional, convirtiéndola en una policía comunitaria, y estableciendo mecanismos efectivos que garanticen el "control de la eficacia de la organización policial para cumplir la misión que tiene encomendada y el control del comportamiento de los miembros de dicha organización para que la eficacia pretendida se logre sin menoscabo de los derechos de todos los componentes de esa sociedad y sin desviaciones de conducta respecto de las leyes o reglamentos" [22]
La inoperancia del Sistema Judicial y la desconfianza sobre su imparcialidad, no sólo constituye una amenaza de violación, y en ocasiones violación misma de los derechos de la ciudadanía, sino que además afectan severamente el crecimiento económico. La falta de confianza en que los conflictos que eventualmente se presenten en el desarrollo de un contrato serán resueltos de manera rápida, poco costosa e imparcial, frenan sensiblemente la inversión y los negocios. Muchos contratos exigen trámites, previsiones y recursos cuantiosos para cubrir riesgos de incumplimiento, lo cual encarece sensiblemente la actividad económica, y aumenta los costos de transacción.
La reforma del sistema judicial en su conjunto no sólo en lo que corresponde a los jueces, es por tanto, una pieza fundamental para el afianzamiento de los derechos humanos y el desarrollo económico. La Comisión para la Reforma y Modernización de la Justicia ha tenido logros significativos, y por supuesto, se tiene todavía un enorme retos para lograr un aparato judicial equitativo, eficiente, eficaz y oportuno. Entre los logros de esta Comisión vale destacar el establecimiento de comisiones de actualización de los Códigos Civil, Penal, Procesal Criminal y de Comercio; programas de capacitación a los funcionarios judiciales; apertura de nuevas áreas en materia de justicia, como la protección a la propiedad intelectual, y el establecimiento de un programa de defensoría pública. El Comisionado ha promovido, además, el respeto del Poder ejecutivo a la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Hay avances, pero existe un largo trecho a recorrer. Uno de los retos importante en los actuales momentos es darle continuidad a los procesos de reformas que se ha iniciado en gobiernos anteriores y que han rendido frutos de importancia.
[1] Cfr.: Brea, Ramonina; Duarte, Isis; Tejada Holguín, Ramón, y Báez, Clara: “Estado de Situación de la Democracia Dominicana”. Santo Domingo: PUCMM, 1995;
[2] Galíndez, Jesús de: La Era de Trujillo : un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana. Santiago de Chile: Editora Del Pacífico, 1956.
[3] El informe final de la Demos, 94, fue escrito por Duarte, Isis; Brea, Ramonina; Tejada Holguín, Ramón, y Báez, Clara, y publicado bajo el título de “Cultura Política y democracia en la República Dominicana, 1994”. Santo Domingo: PCUMM, PROFAMILIA y USAID, 1996. De su parte el informe de la Demos 97 fue escrito por Duarte, Isis; Brea, Ramonina; y Tejada Holguín, Ramón, bajo el título de “Cultura Política y democracia en la República Dominicana, 1997”. Santo Domingo: PCUMM, PROFAMILIA y USAID, 1998. Ambas se aplicaron a personas mayores de 18 años (edad adulta según la constitución del país), de ambos sexos y de todo el territorio nacional.
[4] Duarte, Isis; Brea, Ramonina; y Tejada Holguín, Ramón; 1998. Pág. 27. Ob. Cit.
[5] Tener un enllave, significa ser amigo o familiar de alguien que ocupa un alto puesto en una empresa, un partido o el mismo estado; algunos estudiosos de los fenómenos políticos llaman a esto el enllavismo.
[6] “Entre las razones por las cuales el “enllavismo”, el patrimonialismo y el presidencialismo están profundamente metidos en la mente y las acciones de los dominicanos, es decir forma parte de nuestra cultura, es porque la mayoría cree que no puede controlar sus propias vidas, no confían en sus propias capacidades, piensan que las cosas se resuelven por la voluntad divina, el destino u otras fuerzas externas a ellos.” (Tejada Holguín, Ramón: “El Régimen Democrático y la democracia dominicana”. Santo, Domingo: PUCMM/CUEPS, segunda edición, 1999. Pág. 22).
[7] Según “Estado de la democracia Dominicana” de Brea, Duarte, Tejada Holguín y Báez, 1995 (Ob. Cit.), la gran mayoría de los estudiosos de la sociedad dominicana colocan esa fecha como el punto de inicio del actual proceso de democratización y consolidación de la democracia dominicana.
[8] “Hay signos de avances hacia mecanismos de elección de las candidaturas (de los tres partidos mayoritarios: PRD, PLD y PRSC) que viabilizan una mayor participación de las militancias, y se observa el interés en determinados sectores de los partidos de que los procesos eleccionarios se realicen con reglas del juego claramente definidas, lo que redunda a favor de la transparencia y diafanidad de los procesos” (“Observación de la Selección de los Candidatos”, Serie Observamos, no. 1. Movimiento Cívico Participación Ciudadana, 1999. Pág. 22)
[9] Duarte, Brea y Tejada Holguín, Demos-97. Ob. Cit. Pp 81-104.
[10] Duarte, Brea y Tejada Holguín, Demos-97. Ob. Cit. Pág. 127.
[11] El Diálogo Nacional fue un espacio amplio de discusión sobre las prioridades nacionales, que no contó con la participación oficial del partido de oposición mayoritario, pero una proporción importante de sectores, organizaciones y autoridades municipales de ese partido asistió a las diversas sesiones de trabajo.
[12] Para el PNUD la gobernabilidad se refiere al “ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos jurídicos, cumplen sus obligaciones y median sus intereses”. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. ‘‘Governance for Sustainable Human Development’’. Nueva York: PNUD, MDGD-BPP, UNDP Policy Document, 1997; pág. 2.
[13] PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. ‘‘Reconceptualizing Governance’’. New York: PNUD, MDGD-BPP, Discussion Paper no. 2, 1997
[15] Álvarez Valdez, Francisco: “Incidencia de la sociedad civil en la reforma judicial la experiencia dominicana”. Conferencia dictada en el marco del encuentro: “Reforma Judicial: Una tarea inconclusa. Perspectiva de la sociedad civil.” Ciudad de panamá, 24 y 25 de octubre de 2000 (http://www.pciudadana.com).
[16] Subero Isa, Jorge, Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, conferencia en ocasión de la apertura de la “II Conferencia del Poder Judicial: Definiendo Estrategias para el Siglo XXI”, 2 de febrero del 2001, (http://www.suprema.gov.do/novedades/discursos/discursos.htm)
[17] Subero Isa, Jorge: “Discurso en el Día del Poder Judicial”, 7 de enero de 1999. (http://www.suprema.gov.do/novedades/discursos/discursos.htm)
[18] Subero Isa, 2001. Ob. Cit..
[19] Documento de la Coalición por una Justicia Independiente, dado a conocer el 7 de febrero por Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Participación Ciudadana; Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Asociación Nacional de Abogados Empresariales (ADAE); Centro de Estudios Padre Juan Montalvo; Asociación Americana de Juristas (AAJ) y Centro de Investigación y Asesoría Legal (CEDAIL).
[20] Duarte, Brea y Tejada Holguín; 1998. Pág. 75. La conclusión de los autores de la encuesta se basa en que el 80.4% de los entrevistados sostiene que no hay igualdad de ricos y pobres ante la ley, el 91.4% declaró que siempre o casi siempre la ley sólo se aplica al que está abajo, el 88.7% cree que un enllave en un alto cargo siempre o casi siempre vale más que la ley, y el 50.4% cree que un líder fuerte haría más que todas las leyes juntas.
[21] “El perfil del delincuente que maneja la policía y las características de los jóvenes residentes en los barrios pobres es parecido. Esta definición provoca una cierta segregación espacial. Los jóvenes de los barrios pobres tienen dificultades para transitar por los lugares frecuentados por los sectores medios y altos, ya que se convierten en sospechosos.” (Tejada Holguín, Ramón; El Siglo 11-06-2000, sección Enfoque, pág. 5)
[22] Perroud, Murrielle, ex coordinadora del Programa Policía y Ciudadanía de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (El siglo, 01-10-1999).
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