A veces las organizaciones de la sociedad civil dejamos morir por desuso leyes y decretos que nos ayudarían a reducir la corrupción.
Leyes y decretos en los que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzos para lograr que sean aprobados.
Las leyes y decretos son como los músculos, si no se usan se atrofian, se convierten en inútiles. En materia de lucha contra la corrupción necesitamos una especie de 4% que nos sacuda.
Una vez pensé que el decreto que permite crear las auditorías sociales pudo ser nuestro 4% en materia de lucha contra la corrupción.
Permítaseme recordar ese intento y plantear que todavía podemos usarlo.
En marzo del 2005 escribí un artículo llamado “Y dale con el Metro”, en el cual propuse a las organizaciones de la sociedad civil que, amparadas en el decreto 39-2003 que crea las comisiones de auditoría social, organizáramos una comisión de auditoría social del metro, que podría estar presidida por el sacerdote Jorge Cela -lo propuse sin su permiso- estudioso de la problemática urbana y comprometido con el ordenamiento urbano de la ciudad.
¿No les parece que pudo ser un ejercicio de ciudadanía novedoso y provechoso para la lucha contra la corrupción?
Cualquier ciudadano o ciudadana afectado por la obra puede dar los pasos para crear una comisión de auditoría social, la cual según el decreto 39-2003 debe: “contribuir con las diferentes instituciones estatales encargadas de dar seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos, para que las obras se construyan conforme a lo planificado y presupuestado y al programa de ejecución o cronograma de la obra”.
Por eso la primera acción de la comisión que propuse debió ser exigir los documentos de planificación, el presupuesto y el cronograma de ejecución del metro. En caso de que no existieran, los exigiríamos antes de que se continuara construyendo. De haberlo hecho así, otra habría sido la historia del metro, se lo aseguro.
Las comisiones además deben hacer “visitas de inspección a la obra y registrar las observaciones en el formulario respectivo”. Esas inspecciones mantendrían al tanto a la ciudadanía y a los afectados sobre el impacto de las construcciones, si se debe modificar el cronograma, si hay imponderables que están elevando los costos o si se están disparando los precios como se dispararon los de los elevados. La comisión había ayudado a reducir los costos.
Las comisiones también se encargan de “verificar la calidad de la construcción de la obra, documentando las fallas técnicas que se detecten”. Por eso en una comisión de auditoría social tienen que participar grupos y sectores conocedores de los precios y la calidad de los materiales de construcción. La comisión deberá “comunicar a la oficina estatal que realiza la obra, a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, a la Fiscalía, y a cualquier otra instancia que estime conveniente, las irregularidades técnicas o de administración que detecten en la supervisión de la obra, así como las informaciones o denuncias que en este sentido reciban de parte de la comunidad.” Finalmente elaborará un informe al término de la obra y previo al recibimiento formal por parte del gobierno, dando cuenta a la comunidad, y a todas las oficinas e instancias interesadas el resultado de su trabajo de supervisión y vigilancia.
El decreto 39-2003 que crea las comisiones de auditoría social fue promovido por las mismas organizaciones civiles, su promulgación fue un triunfo y sigue vigente, por lo que bajo su amparo es posible supervisar cualquier obra del Estado. Bien harían las organizaciones civiles dándole un uso intensivo.
El Caribe
Perspectiva Ciudadana
20 septiembre 2011
