La aceleración y crecimiento de la desigualdad en la República Dominicana: qué se ha hecho y qué se puede hacer para reducirla

Respuestas a las preguntas del Ranier Maldonado, de la sección Economía y Negocios del periódico Listín Diario.

Ranier Maldonado: Concepto de la brecha económica.

Ramón Tejada Holguín: La “brecha económica” se refiere a la distancia que existe entre los muy ricos y los pobres. Mientras más grande es la brecha económica mayor es el nivel de desigualdad América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el 10% de las personas más ricas recibe alrededor del 40 de los ingresos totales generados por la región, mientras que el 20% más pobre recibe entre 2 y 4%.

Esto datos demuestran que hay un sector pequeño de la población con gran capacidad de consumo de bienes y servicios, y un sector muy grande que sufre niveles de desnutrición, no tiene acceso a los servicios básicos, ni siquiera a educación y salud de calidad.

Ranier: ¿Cuál es su visión del estado de la brecha económica en el país?

Ramón: Somos uno de los países más desiguales de América Latina. En el informe de desarrollo humano del 2005, la República Dominicana se ubicó entre los primeros 13 países (de un grupo de 177) que menos han aprovechado el ingreso por habitante para mejorar el nivel de desarrollo humano.

Eso significa que si bien el Producto Interno Bruto (PIB) ha ido creciendo en los últimos años, esto no se ha traducido en beneficio para la mayoría de las personas del país, sino que los muy ricos han salido beneficiados. Y el beneficio para los más pobres ha sido muy poco o casi nulo.

Según la CEPAL en su informe del 2006, en el país el 10% más rico recibía alrededor de la mitad de los ingresos, mientras que el 40% más pobres recibía apenas el 10.4%. Esto significa que nuestro país tiene un modelo económico que estimula la desigualdad. No se trata de una situación coyuntural. El combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza han sido relegados a la última fila en las prioridades de los sucesivos gobiernos y partidos.

Según las últimos cálculos realizados por la Secretaría de Economía Planificación y Desarrollo (SEPYD), usando las encuestas del Banco Central (BC) se ha evidenciando una muy leve reducción de la desigualdad entre el 2006 y el 2007. Lo cual se asocia a la puesta en ejecución de Ley de Seguridad Social y a los programas de transferencia monetarias como Solidaridad. Pero, los datos para el 2008 parecen que están revirtiendo esa tendencia, lo que significa que la misma no es sostenible en el tiempo. Además, los programas asistenciales a menos que no creen la capacidades para que los pobres se valgan por sí mismos, terminan creando pobres profesionales y siendo mínimo su impacto en la reducción de la desigualdad.

Imagínate lo que pasaría si se cumpliera cabalmente con la Ley de la Seguridad Social, si con todas las limitaciones que ha tenido la puesta en marcha del sistema, con las cortapisas que le han puesto y aun así ha logrado un mínimo nivel de reducción.

Ranier: ¿Cuáles factores sociales han influido en esta, quizá desde un punto de vista histórico?

Ramón: Los factores son diversos, y van desde el poco énfasis en políticas sociales universales (o sea la inversión en salud y educación de calidad para todas las personas), el poco énfasis en la creación de empleo y su protección, por el lado del gasto que hace el gobierno. Por el lado de los ingresos tenemos la existencia de impuestos indirectos generalizados que afectan a los “artículos de primera necesidad”, además la base de los impuestos del país descansa en el impuesto sobre la renta que pagan principalmente los asalariados, hay pocos impuestos a los altos niveles de ganancias, y existen niveles importantes de evasión.

Es decir, el presupuesto nacional no ha sido usado como una herramienta de desarrollo, que estimule el acceso a la salud, la educación y la vivienda de los más pobres, de manera que estos sean capaces de participar en el mercado de trabajo, de producir riquezas y obtener ingresos propios.

Una mención especial ha de tener el llamado Consenso de Washington. Sí, desde finales de los ochentas creció la visión de que si se desarrollaba el sector privado, se desregulaba la economía y se dejaba el desarrollo a las fuerzas del mercado, las riquezas gotearían, o caerían como cataratas hacia los pobres. La actual crisis mundial y el crecimiento de los niveles de desigualdad han evidenciado que no es así, ya que la escasa intervención estatal para reducir las inequidades provocadas por el mercado han provocado mayores niveles de desigualdad. Si bien el tema de la desigualdad viene de lejos, no cabe duda que las políticas del consenso de Washington lograron profundizarla.

Ranier: ¿Qué porcentaje del país se encuentra sumido en la pobreza? ¿Crece esta?

Ramón: Aquí los pobres se cuentan mal. Porque a veces se define la pobreza como el que carece de recursos económico, solamente. Pero, además se cambian las formas de medición y cambiando las formas de medición se nos dice que se reduce la pobreza.

De todas maneras las cifras oficiales sugieren que la pobreza tuvo un pico de crecimiento significativo durante la crisis bancaria del 2002-2003, para comenzar a reducirse a partir del 2004. En la actualidad el número de pobre se calcula en 3 millones 219 mil 194 personas, es decir un 35% de la población dominicana. De estos un millón 64 mil 12 personas son pobres extremos, es decir indigentes, personas que no tienen para comer diariamente, y 2 millones 155 mil 183 personas son pobres.

Estos datos son según las cifras oficiales, provienen de la SEPYD usando las encuestas del BC. Pero hay una proporción de personas no contabilizada que si bien no es pobre según ingreso y necesidades insatisfechas, se encuentra en el borde, o sea es casi pobre. Estamos hablando que posiblemente casi el 50% de la población dominicana o es pobre o se encuentra en ese borde que lo hace vulnerable y proclive de caer en la pobreza.

Ranier: En este marco. ¿En qué pie estamos parados y qué futuro nos espera?

Ramón: Tomando en cuenta que no se han “blindado a los pobres y a los que son vulnerables a la pobreza” contra los efectos de la crisis económica podemos decir que existe la probabilidad de que este año crezca la pobreza en el país. Sobre todo porque los programas sociales dirigidos a los pobres no están logrando crear la capacidades para que estos se valgan por sí mismos, sino que dependen de los ingresos del gobierno, y como sabemos el gobierno ha reducido sus ingresos en este año.

No estamos bien parados, y se demanda más acción y consciencia del problema de parte de las élites políticas y económicas del país. En cuanto al futuro, y sin querer ser alarmista te digo que o redefinimos el modelo de desarrollo, colocando el énfasis en estimular la capacidad de las personas para trabajar, insertarse en el mercado de trabajo, y ser un ente productivo a la sociedad, o no sólo nos veremos afectados por la crisis económica, sino que la crisis podría provocar un quiebre en lo social, un sentido de frustración en las personas más pobres y de los sectores medios, creando descontento y estallidos sociales que afectan más la productividad del país.

Ranier: ¿Cómo logramos mejorar? ¿Con cuáles medios contamos?

Ramón: La nación necesita una reorientación de los gastos, y una reorientación de la estructura impositiva. Aquí para muchos es una mala palabra hablar de reforma fiscal, pero es necesaria. No hablamos de una reforma mediatizada, sino una reforma real que no siga penalizando a los sectores medios y siendo una base para el crecimiento de la desigualdad. Se necesita mayor participación y comprensión del empresariado en este aspecto.

Al mismo tiempo el gobierno debe reorientar sus prioridades, invertir mejor el dinero en los ingresos, fortalecer los programas anticorrupción, hacer rendición de cuenta, ser más transparente y castigar el dispendio, además se debe elaborar y respetar un autentico plan de austeridad.

El país tiene recursos para poder hacer frente a la adversidad que representa la crisis mundial, si todos los sectores son capaces de cumplir con su deber. Y el principal recursos somos los dominicanos y las dominicanas, nuestras capacidades, nuestras responsabilidades, nuestra honestidad, nuestro esfuerzo. Lo malo es que unos pocos quieren aprovecharse de esas capacidades colectivas, y es ahí donde el estado debería jugar un papel de primer orden.


19 de Marzo 2009

La inconclusa y aleccionadora historia del acuerdo JCE-SOMO: ¿Hay o no sectores de la JCE que desean ser condenados a pagar millones de dólares?

Al conocerse el Laudo que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar 9 millones 42 mil 550 dólares al Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) y más de 10 mil dólares diarios por cada día que deje de pagar, el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, según el diario Hoy del 12 de febrero del 2009 (ver nota 1) sostuvo que como parte de la gestión que aprobó el contrato entre la JCE y el consorcio SOMO en el 2006, siempre defendió la transparencia del acuerdo y del trabajo realizado por la entidad en el proyecto de Automatización de los registros Civil y Electoral. ¿Si el acuerdo fue transparente, cuál fue la razón de llevar el caso hasta el grado de tener que ser condenados?

Hay muchas más preguntas y hay gran cantidad de datos importantes para responderlas. Entre las preguntas tenemos una que es la del millón de dólares: ¿Quería la Junta Central Electoral (JCE) ser condenada en el caso SOMO?, o mejor dicho ¿hay personas dentro de la JCE que desean que a la JCE la condenen a pagar millones de dólares a SOMO?

Entre los datos, tenemos uno: según el Laudo Condenatorio la JCE no se defendió, recordemos que la Cámara Administrativa de la JCE es la encargada de la defensa. El Tribunal Arbitral designado por el Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo sostiene en la página 16 del Laudo Condenatorio: "...la JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) no presentó en su escrito de defensa, ningún alegato a su favor, ni desarrolló su tesis de defensa, rebatiendo o contradiciendo lo alegado por la parte demandante en su escrito de demanda, no hizo reparo alguno, ni se refirió a los méritos de la demanda, tal como lo contempla el artículo 8.1 del reglamento de arbitraje que se aplica a este proceso, tampoco lo hizo al final, cuando este Tribunal Arbitral le otorgó un plazo para que presentara un escrito justificatorio o ampliatorio de las conclusiones que de manera verbal presentó en la última audiencia celebrada".

Es posible que no se defendiera porque, como dijo el presidente de la Cámara Administrativa, “tres auditorías practicadas han demostrado que eran infundados” los alegatos contra el contrato JCE-SOMO (Ver diario Hoy 12 de Febrero, ver enlace en nota 1). Sin embargo, el 17 de diciembre del 2008 se revelaron evidencias de que efectivamente la JCE tenía posibilidades de evitar ser condenada, y de dejar sin efecto el contrato JCE-SOMO, pero las evidencias nunca fueron llevadas al tribunal.

El 17 de diciembre del 2008, casi dos meses antes de ser condenada la JCE, se publicó una información en el diario Hoy sobre el tercer informe de la auditoría que realiza al contrato JCE-SOMO, el Consorcio RSM-BPAM, Pellerano & Herrera, Soriano Martínez y Asociados en el cual se cuestiona la validez legal de la adjudicación de la licitación a SOMO, señalando que no presentó cartas que acreditaran su experiencia en proyectos similares al que realizaría para el organismo electoral. O sea, se contrató a una empresa para que ejecute un proyecto de 62.5 millones de dólares, sin tomar en cuenta que dicha empresa no tenía experiencia en la materia. Ahí, como que hay cocorícamo. Pero hay más, en el diario se sostiene:

Reveló que el contrato contiene una serie de “imprevisiones, deficiencias legales y errores”, entre los que cita, violación de la ley de aprovisionamiento, al hacerse la licitación sin previa asignación de fondos por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, ausencia de evidencia de cumplimiento de la fianza de anticipo hasta la amortización de la suma avanzada a la empresa; deficiencia en el esquema de pago de los equipos y/o servicios, los cuales dice el informe, “eran pagados sin previamente ser recibidos por la JCE”. (Ver información en nota 2)

O sea, ya se habían entregado tres informes, y ninguno se remitió al tribunal, y en este tercer informe se sostiene que hay deficiencias legales y errores. La pregunta se cae de la mata, ¿cómo puede ser que ninguno de esos informes fuera llevado al tribunal? ¿Acaso, como sostienen algunas personas, había interés en sectores de la JCE en ser condenados? ¿Aceptar lo que dice la auditoría obliga a la JCE a investigar si hay responsables, en la actual JCE, de esas “deficiencias legales y errores”, lo que podría incriminar a personas que están dentro de la JCE actual? Hago preguntas, no acuso a nadie.

Es bueno señalar que el abogado de la JCE ante el tribunal fue el mismo consultor jurídico de la institución. Interesante. Es costumbre de la JCE contratar prestantes firmas de abogados para defenderse, tal cual hizo en el caso que la enfrentó con el PNVC, sin embargo en este caso, entendió que no necesitaba ninguna firma que le ayudara en su defensa.

Sé que al llegar a este punto el lector o lectora se preguntará, si sectores de la JCE electoral querían ser condenados, ¿por cuál razón se llevó el caso hasta un tribunal contencioso administrativo? Es parte de la historia, el caso se inicia con la firma misma del contrato, ya que hubo diversas denuncias, de empresas ligadas a la informática sobre irregularidades en el concurso, pero se agravó con las denuncias del Ex-Secretario de la JCE, Antonio Lockward, de que SOMO no estaba cumpliendo y de que se deseaba hacer un pago de 100 millones de pesos a dicha empresa. Este pago se realiza a finales del 2006, poco días antes del cambio de la JCE. Lockward fue cancelado por el actual presidente de la Cámara Administrativa aduciendo “conveniencia en el servicio”. (Ver la información en nota 3)

Con la entrada de la JCE actual a finales del 2006 se suspenden los pagos a SOMO y se busca hacer la investigación, y se contrata a la firma que hace la auditoría, pero sectores dentro de la JCE no aceptan la auditoría, ni la remiten al tribunal, resultando la JCE condenada.

¿Qué dice en concreto la auditoria? ¿Qué dice el contrato SOMO-JCE? Participación Ciudadana solicitó a la JCE que le diera toda la información pertinente. La Ley de Acceso a la Información, obliga a entregar todos los documentos disponibles del caso. Incluso el 18 de diciembre del 2008, en el diario Hoy el presidente de la JCE dijo que dirige una institución “seria y responsable”, por lo que los resultados de la auditoría al contrato con el Consorcio SOMO se darán a conocer tan pronto sea posible (ver información en la nota 4). Todo parecería indicar que Participación Ciudadana tendrá la oportunidad de analizar los hechos y dar a conocer una opinión en uno u otro sentido. Lamentablemente, el mismo presidente de la JCE dijo tres meses después, o sea el 3 de marzo del 2009 que no podía entregar los documentos a Participación Ciudadana porque el caso estaba todavía en curso (ver la información en la nota 5).

Por otro lado, hace más o menos un mes el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE sostuvo que “Hasta ahora me he mantenido al margen de las diatribas que se han vertido sobre el contrato JCE-SOMO, pero llega el momento en que hay que hacer justicia y en su momento, yo, moralmente creo que debo referirme a ese tema y lo haré mediante un documento público que pagaré con mis propios recursos” (Hoy 12 de Febrero 2009, ver información en nota 1). Pero, hasta el momento, 11 de marzo 2009, no se ha realizado dicha publicación. Seguimos a la espera,

¿Hará Participación Ciudadana como hizo Huchi Lora y llevará el caso hasta que le entreguen todos los documentos? Ojalá lo haga, para que al menos en este caso todas las dudas se despejen, se castigue a quien deba castigarse y salga inmaculada la persona que no tiene mancha. Esperamos la conclusión de este aleccionador caso en los próximos días, ojalá no necesitemos pañuelos para secarnos las lágrimas, ojalá no sea necesario gritar a voz en cuello: "coño, hasta cuando seguirá la impunidad campenado por sus fueros", pero si hay que gritar, al menos que nuestro grito sacuda los simientos de la nación.

Ramón Tejada Holguín
Marzo 2008

Nota 1. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2009/2/12/266425/Rosario-lamenta-condena-a-JCE-sostiene-contrato-SOMO-es-legal


Nota 2. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2008/12/20/259935/Auditores-sugieren-a-JCE-nueva-licitacion-cedula

Nota 3. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.clavedigital.com/App_Pages/Portada/titulares.aspx?id_articulo=8734


Nota 4. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://www.hoy.com.do/el-pais/2008/12/18/259780/JCE-daria-a-conocer-auditoria-al-pais

Nota 5. Ver la noticia en el siguiente enlace:
http://listindiario.com.do/app/article.aspx?id=92982