Los defensores del Metro no han logrado convencerme. Cada nueva andanada de datos y opiniones favorables siembra en mí más preguntas y dudas que certeza y apoyo. En casi seis meses realizaron los estudios pertinentes y necesarios, y dicen tener la capacidad para empezar en cualquier momento. Además, tienen la seguridad absoluta de que es la más barata y viable de las opciones para resolver el caos del transporte en la ciudad. ¿Debemos admirar la rapidez de la Oficina del Metro? ¿Por qué no se presentan quienes estuvieron a cargos los estudios y nos explican la metodología aplicada, la duración de los estudios y las razones por las cuales se descartaron las demás opciones?
En seis meses se analizó todo el flujo de vehículos del Distrito Nacional y Santo Domingo, de este a oeste, de norte a sur, del nordeste al sureste, del sureste al norte etcétera. ¿Se estudiaron los flujos durante las 24 horas del día, como debe ser y durante los siete días de la semana, como debe ser? ¿Se colocaron contadores de vehículo por todos los corredores?, yo no miré ninguno, ni pisé alguno. En seis meses se decidió que el lugar preciso, porque ayudaría a descongestionar la ciudad, sería el corredor de la Máximo Gómez.
En seis meses se dice estar seguro de que el problema del transporte en el país no es el de la gran cantidad de vehículos privados, no es las mafias del transporte, no es la ausencia de corredores de guaguas que ofrezcan un servicio de calidad. En seis meses hemos decidido que esta ciudad necesita un Metro, lo que en otros países ha tomado años, lo hemos hecho en seis meses.
Era de esperarse ese nivel de eficiencia en la administración pública, es una tradición que el sector público dominicano haga las cosas con ese nivel de rapidez y calidad, o ¿no? En seis meses ya hasta decidieron dónde se ubicarán las estaciones y se está hablando con los dueños de los terrenos, y eso que el Senado de la República no ha aprobado préstamo alguno para esta actividad. ¿De cuáles bolsillos o cajas fuertes saldrá el dinero?
Es inevitable que visto el poco tiempo dedicado al estudio uno se pregunte ¿fueron realmente evaluadas bien las otras opciones que podrían ser más económicas? Como por ejemplo el famoso transmilenio de Bogotá, una especie de guagua gigantesca que corren por carriles privilegiados. Talvez se estudiaron antes del 16 de Agosto, porque de lo contrario la oficina administrada por el Ingeniero Diandino Peña se habría llamado Oficina para la Solución del Transporte Masivo (OFISOTRAMA) y no Oficina del Metro de Santo Domingo (OFIMETSANDO). ¿Crónica de un Metro anunciado?
Si se hicieron los estudios antes del 16 de agosto habría que decir que quienes lo estudiaron son gente muy desprendida, porque un estudio de factibilidad como el que se necesita hacer para optar por un Metro cuesta varios millones de pesos. ¿Quiénes hicieron los estudios, de qué países son, cuáles son sus experiencias previas? Y si se descubre que la gente que estudió la opción del Metro son la mismas o están relacionadas a las mismas que desean construirlos, si son de nacionalidad brasileña, ¿podría ser legitimo pensar que esas personas no serían del todo imparciales y estarían predispuestas a decir que el Metro es la mejor opción?
Si partirá de la frontera con Villa Mella y recorrerá el corredor equivalente a la Máximo Gómez, ¿cómo se resolverán los tapones de la 27 de Febrero, de la Kennedy, del Malecón, de la Independencia que van de forma perpendicular a lo que sería el Metro? ¿En 40 años más? ¿No sería mejor, más barato un sistema de autobuses?
Si el problema es el corredor de la Máximo Gómez, ¿por qué permiten que la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD- mantenga un tramo del posible corredor de la Tiradentes cerrado? ¿Por qué se permiten las paradas informarles de las guaguas? ¿Por qué se permiten los tumultos y aglomeraciones en las paradas?
Uno de los argumentos que se esgrimen para defender el proyecto del Metro es el caos existente en el transporte público y que la gente parece haberse acostumbrado a un transporte ineficiente y caro. Ese elemento, desde mi óptica centimétrica, es el reconocimiento de que se es incapaz de organizar el transporte en la ciudad. Si se reconoce que se ha sido incapaz de organizar las rutas existentes, ¿qué garantías tiene la población de que el caos no será llevado al interior de la tierra?, ¿no sería lo mejor enfrentar las mafias del transporte y organizar la superficie antes de abrir túneles?
Otro aspecto que siembra dudas kilométricas es el problema de las competencias, de las responsabilidades de las instancias estatales. Los sistemas de transporte masivo forman parte de las responsabilidades de las autoridades de las ciudades en la que funcionan, ¿por qué en nuestro país es el Poder Ejecutivo que se involucra en la construcción de un Metro? ¿Por qué no se ha coordinado con los ayuntamientos de los municipios que se verán afectados o beneficiado por el Metro? ¿No sería mejor apoyarlos para que resuelvan el problema del transporte público y el uso de las rutas? ¿Se sabe el costo de las propiedades que será necesario comprar o expropiar y se concertó con sus dueños? ¿Se consultaron las juntas de vecinos, las salas capitulares?
Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional –FMI- tienen como condicionalidades que se eliminen subsidios como el del Gas Licuado de Petróleo, como el existente a la energía eléctrica y ya nadie niega que el Metro será subsidiado y constituirá una carga para el Estado, ¿por qué mientras se buscan vías para desmontar subsidios, se quieren construir un Metro que demandará un subsidio extraordinario? ¿Será un suicidio político la construcción del Metro?
La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses –Omsa- es subsidiada e ineficiente. Se podría decir que es un fracaso andante. ¿Se investigaron las causas por las cuales la Omsa es ineficiente? Desde que se creó, en la Omsa influyen o son nombrados como gerentes empresarios del transporte, gente que no puede estar interesada en que el sector público ofrezca un servicio eficiente y más barato que el sector privado, ¿no sería mejor que el Estado deje de poner la Iglesia Católica en manos de Lutero en estas cuestiones del transporte?,¿se entiende?, el sector privado no se va a clavar el cuchillo, así jamás será eficiente, cómodo y barato el transporte manejado por el sector público, porque desde dentro será boicoteado. ¿Se podría repetir la historia con el metro?
No voy aquí a preguntarme sobre las prioridades nacionales. No diré que el gobierno ha destinado en el Presupuesto Nacional lo suficiente para incluir en el Régimen Subsidiado de la Seguridad Social a alrededor de 150 mil personas, cuando más de 2 millones serían los potenciales beneficiarios de los mismos. Con lo que se hace el Metro, podemos solucionar gran parte del problema de la Seguridad Social. Ya sé que me dirán que la Seguridad Social no es rentable, que o lo será en el largo plazo y no se está claro al respeto.
La Seguridad Social permite dar buena salud a los pobres y quizás ellos podrán trabajar mejor, por lo que si se puede decir que la Seguridad Social será rentable en el muy largo plazo. Es claro que un pueblo en salud significa un pueblo más productivo. Pero, al margen de esa observación hay que decir que el Metro tampoco es rentable, es menos rentable, es nada rentable y así lo evidencia el hecho de que el 99% de los metros del mundo son subsidiados. ¿Somos los dominicanos y las dominicanas más eficientes que quienes administran el 99% de los Metros del mundo y podemos ser capaces de construir un Metro rentable?, ¿más rentable que dar salud para la población pobre?
Hay quienes dicen que no importan las preguntas que me haga, el Metro irá, porque así está escrito desde el 16 de Agosto cuando se tomó la decisión de colocar al frente de la Oficina del Metro al ingeniero Diandino Peña, con rango de Secretario de Estado sin cartera, o con el Metro como cartera y responsabilidad. En ese caso, propongo a las organizaciones barriales y populares, a las asociaciones de comerciantes que se verán afectadas, a la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el público en general que nos amparemos en el decreto 39-2003 que crea las Comisiones de Auditoria Social y organicemos la Comisión de Auditoria Social del Metro de Santo Domingo, que podría estar presidida por el sacerdote Jorge Cela -lo propongo sin su permiso- estudioso de la problemática urbana, de reconocido compromiso con el ordenamiento urbano de la ciudad y de una impecable trayectoria ética. ¿No les parece bien hacer ese ejercicio de ciudadanía?
Esta comisión deberá, como dice el artículo 6 del decreto 39-2003:
1. “Contribuir con las diferentes instituciones estatales encargadas de dar seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos, para que las obras se construyan conforme a lo planificado y presupuestado y al programa de ejecución o cronograma de la obra”. De esta manera se hará más difícil que el precio se dispare como se dispararon los de otras construcciones similares.
2. “Llevar a cabo visitas de inspección a la obra y registrar las observaciones en el formulario respectivo”.
3. “Verificar la calidad de la construcción de la obra, documentando las fallas técnicas que se detecten”.
4. “Comunicar a la oficina estatal que otorgó la obra o que la realiza, al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, a la Fiscalía correspondiente, y a cualquier otra instancia que estime conveniente, las irregularidades técnicas o de administración que detecten en la supervisión de la obra, así como las informaciones o denuncias que en este sentido reciban de parte de la comunidad.”
5. “Integrar un archivo con la documentación generada en la supervisión de la obra”.
6. “Elaborar un informe final al término de la obra y previo al recibimiento formal por parte del gobierno, dando cuenta a la comunidad, a la institución gubernamental responsable, al Departamento de Prevención de la Corrupción, a la Fiscalía correspondiente, al Gobernador provincial, al Ayuntamiento, y a todas las oficinas e instancias interesadas, el resultado de su trabajo de supervisión y vigilancia”.
Hay un reglamento sobre cómo se puede conformar una Comisión de Auditoria Social, el cual se encuentra en la página Web de la procuraduría, en el siguiente enlace: http://www.procuraduria.gov.do/prevencion/publicaciones/comisiones_auditoria_social.htm. Como decía el profesor Juan Bosch: llevemos el gobierno a su propia legalidad.
Ramón Tejada Holguín
Clave Digital
01 de marzo 2005
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