Los medios de comunicación se han hecho eco de los temas que se abordarán en la MESA DE DIÁLOGO con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), resaltando que se tratarán tópicos relacionados con la migración y la adquisición de la nacionalidad.
La agenda fue publicada por la CIDH, organismo que explicó que la MESA DE DIÁLOGO tendrá una duración de doce meses y que durante ese período habrá dos reuniones, una en Santo Domingo y la siguiente en Washington, aunque las fechas aún no han sido fijadas.
Se ha tratado de tergiversar, con informaciones falsas y argumentos infundados, el rol del Gobierno en la MESA DE DIÁLOGO que sostendrá con la CIDH. El objetivo es claro: confundir a la sociedad.
El Gobierno acudirá a esta MESA DE DIÁLOGO a explicar todo lo que está haciendo en materia migratoria y de nacionalidad, defendiendo siempre nuestra soberanía y ordenamiento jurídico.
En esa MESA DE DIÁLOGO no se permitirá injerencias ni imposiciones de ninguna índole. Será una conversación informativa, donde el país suministrará informaciones y se permitirán preguntas.
La Mesa de Diálogo se celebrará aquí porque una vez que se saca a un país del capítulo IV o “lista negra” se estable el mecanismo de la mesa de diálogo en la nación para que, como haremos nosotros, defender lo que hemos hecho en materia migratoria y respeto de derechos humanos.
De hecho, este proceso se ha llevado a cabo en otros países de la región como Colombia y México que, al igual que RD, fueron sacados de dicho capítulo.
República Dominicana nunca debió estar en el Capítulo IV de la CIDH, ya que el Gobierno dominicano siempre ha mantenido una política de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Y, justamente, esa realidad es la que se explicará en la MESA DE DIÁLOGO. El Gobierno no ha negociado ni negociará absolutamente nada que tenga que ver con los atributos soberanos de la República Dominicana.
El Gobierno dominicano está comprometido con respetar y hacer valer su ordenamiento jurídico en materia migratoria y de nacionalidad, así lo ha demostrado. Cómo respeta los derechos humanos y la normativa internacional al respecto.
República Dominicana es un país libre y soberano con sus leyes y Constitución, y el gobierno las respeta y defiende, así como los acuerdos internacionales y los derechos humanos.
Hay que reiterar que la Ley 169-14 es un estatuto justo, equilibrado, políticamente viable, y que, además, está acorde con la Constitución y las demás normas del ordenamiento jurídico del país.
Con esa Ley han quedado resuelto los problemas que afectaban a miles de personas nacidas en el país hijos de padres extranjeros residentes en condición migratoria irregular, antes del 2007.
La ley se refiere a la nacionalidad.
En cuanto al tema migratorio llevamos a cabo un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el cual ha jugado un papel importante en el control migratorio en el país. El PNRE fue un éxito y ya nadie puede inscribirse en él porque las inscripciones finalizaron.
La Ley Especial 169-14 buscaba retornar la documentación a personas nacidas en el pais, que tenía sus documentos y ellas no cometieron ninguna irregularidad al conseguirlo. Solo aplica para esas personas que se contabilizaron en unas 50 mil. Esta ley fue fruto del consenso de todos los sectores políticos y diversas instituciones nacionales.
El Plan Nacional de Regularización, es un ejemplo de que República Dominicana aplica una política migratoria justa, respetuosa de los derechos humanos, tal y como lo establecen las legislaciones vigentes a nivel nacional e internacional.
Hoy en día países como Chile y Colombia discuten la posibilidad de aplicar planes de Regularización de Inmigrantes que están es esos países de forma irregular.
Ramón Tejada Holguín.
Ramón Tejada Holguín.
