Hubieres, movimientos sociales y ley de tránsito terrestre

Las actividades vitales que la gente debe realizar en las sociedades actuales son imposibles si en las ciudades no existen formas eficientes para trasladarse de un punto a otro, por ejemplo de la casa al trabajo, a los lugares de ocio y recreación. La ciudadanía necesita de un transporte público o privado eficiente, eficaz y a precio justo. El transporte es un producto de primera necesidad, como los servicios de agua y electricidad, por ejemplo.


El servicio de transporte, debe ser tratado como un bien público y es una responsabilidad estatal regirlo, disponerlo, proveerlo (ya sea por vía pública o privada, o ambas) y garantizar que sea una contribución al bienestar común, a la vida colectiva digna.

Por décadas tanto las rutas, el orden y la calidad del transporte en la República Dominicana estuvieron descuidados, con autoridades sectoriales intentando, precariamente gestionarlos sin éxito, tratando con paliativos un fenómeno enorme y complejo que involucra a la totalidad de la población del país.

El transporte ha sido caótico, agotador, extenuante, insuficiente, precario e inseguro.

Desde que la administración del presidente Danilo Medina asumió la gestión del Estado hubo conciencia de que los esfuerzos que se venían desarrollando con la provisión de servicios de transporte y la ampliación y mejoras de vías eran insuficientes, pero había una base para trabajar. 

Por eso, además de continuar con procesos en curso: el Metro, la OMSA y la inversión en infraestructura, se acometió la tarea de que tuviéramos un marco institucional y regulatorio que nos diera instrumentos de gestión sin los cuales el transporte seguirían siendo caótico e incapaz de satisfacer las necesidades de las personas.

El marco consensuado en la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 63-17, es precisamente el instrumento imprescindible para que nos dotemos de un sistema que dé respuesta sana a los desafíos de este proceso complejo y enorme.

Se avanza, se ha unificado el criterio del sector, se realizan los estudios de rigor, se ha comenzado a dar orden y a ejercer la autoridad necesaria.
 
Muchos de los involucrados en el sector mostraron desconfianza y resistencia. Pero, fueron convencidos de venir a la mesa de negociación y entender que vamos en transición hacia algo nuevo que será de beneficio para todos.

Unos pocos se resisten a abandonar la forma en que explotan a los usuarios,  en que explotan a sus choferes y en que explotan el espacio público, porque son parte y se han beneficiado del caos en el transporte.

El tránsito y transporte van a cambiar la sociedad dominicana, y el Estado va a organizarlos y gestionarlos sin ceder al chantaje de los que persisten en sostener el calamitoso escenario en que hoy se benefician.

Ya tenemos reglas, se está abordando con rigor y sin demagogia las soluciones y se está fundamentando una autoridad y regulación racionales, dialogantes, sensibles, pero investidas de la jerarquía y el sentido de responsabilidad necesarios para hacer de nuestras calles y avenidas un bien público que había estado secuestrado.

 El transporte será servicio público dirigido al bien común de usuarios y proveedores, con dignidad, con reciprocidad y con responsabilidad. Necesitamos construir en ese sector una conducta colectiva que nos transforme y que exprese los valores de comunidad y solidaridad que son imprescindibles y contra los cuales quieren actuar aquellos que siempre encontrarán excusas para no abandonar su poder de abusar, extorsionar y actuar sin respeto por nada ni por nadie.

Hacer cumplir la Ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 63-17, demanda del concurso de la ciudadanía y de todos los sectores conscientes, principalmente los organizados que dicen defender a la ciudadanía.

Hay grupúsculos partidarios y sectores de la disminuida marcha verde; así como otros que se dicen luchadores sociales que parecen hacer política partiendo de la idea de que toda lucha dirigida contra una autoridad constituida, sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, es por definición legítima y debe ser apoyada. Uno diría que no reflexionan seriamente en las consecuencias negativas de ciertas luchas para los mismos pobres que dicen defender.

Observemos el apoyo que se le brinda a Hubieres, por ejemplo, incluso uno de esos grupúsculos lo ha proclamado como candidato a la presidencia.

¿Por qué no protestan por la forma gansteril con  que maneja el transporte urbano e interurbano en el país? ¿Por qué no luchar por una mayor institucionalización del transporte masivo? Se necesitan reglas claras en el transporte de pasajeros, y el final de la impunidad e inmunidad de ciertos empresarios del transporte que se dicen a sí mismos sindicalistas.

Pero, hay quienes creen que irrespetando la institucionalidad se es revolucionario, como si ignoraran que las revoluciones crean sus propias institucionalidades.

Esa forma esquizoide de hacer política es lo que más ha bloqueado el crecimiento de los movimientos sociales.

Que conste, creo que el país necesita un movimiento social fuerte y racional, capaz de actuar en lo sociopolítico, como diría Gramsci, basados en la construcción de la hegemonía de los grupos subalternos. O sea, que tenga como norte constituir una autoridad política y moral que enfrente la hegemonía de los grupos que hoy tienen la sartén por el mango. 

La apuesta al enfrentamiento pueril es el bloqueo principal de la constitución de lo nuevo, en la política dominicana. Hubieres representa todo lo viejo y caótico del transporte.

Ramón Tejada Holguín
22 octubre 2018
Podcast por la @Super7FM


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