Nicolás Guevara sostiene que hay dos tendencias en cuanto a la regulación de los partidos políticos: Unos promueven un tipo de ley que regule un amplio espectro de las actividades de los partidos y que da mucho poder al Estado como ente regulador; otros promueven un tipo de ley que reconozca la "libertad de asociación" y sea menos rígidas en lo que a regulación se refiere.
Soy partidario de un tipo de ley de partidos políticos que privilegie la autorregulación, y regule, esencialmente, la financiación de los partidos, que establezca con claridad los organismos de control de los mismos. Desde esa óptica creo que hay un poco más en el proyecto de Ley que está sirviendo de base en el Congreso. Este proyecto no sólo peca por pretender regular demasiado, sino que dará un poder excesivo a las cúpulas partidarias actuales, al tiempo que en términos efectivos la regulación del financiamiento privado es muy poca, reducida, fácilmente burlada.
Este anteproyecto, en efecto, peca de pretender regular demasiado a los partidos. Pero, no es sólo el problema de la potestad excesivamente regulatoria que da al "estado" a través de una institución descentralizada como es la Junta Central Electoral (JCE).
Esa potestad que le da a la JCE deviene en una de las primeras vías de influencia de las cúpulas y de quienes tienen el poder para influenciar en los partidos políticos. ¿Cómo? La composición de la JCE depende de la correlación de fuerzas políticas existentes en el Congreso Nacional. Es decir, es una entidad descentralizada del estado que normalmente es controlada por la fuerza mayoritaria en el Senado de la República. En el esquema que me parece se está inaugurando en República Dominicana, con el acuerdo PRD y PLD será controlada por las dos fuerzas mayoritarias. Los acuerdos sobre la Reforma Constitucional incluyeron el dejar sin efecto la reducción del número de personas miembros de la JCE, y plantearon que ese número debe depender de la situación de cada momento. Esa modificación no es gratuita.
Por lo pronto conservemos esta idea por un momento: la composición de la JCE expresa el poder de las fuerzas partidarias mayoritarias, en especial las cúpulas de los dos grandes partidos.
Volvamos al proyecto de Ley que cursa en el Congreso, la cual sostengo que fortalece las cúpulas partidarias del momento que se promulgue la ley. Una vez promulgada la ley, las disidencias internas en apariencia tendrán un espacio exterior al partido para llevar sus quejas... pero, ese espacio es la JCE, y no olvides la idea que te pedí conservar: la JCE expresa el poder de las fuerzas partidarias mayoritarias, en especial las cúpulas. Pero, hay más.
El Proyecto de Ley dice que el 70% de los cargos serán elegidos en primarias que la JCE decidirá cuándo se realizarán, y todavía más, la JCE decidirá, a partir de los 7 meses previos al proceso electoral en qué momento se inicia la campaña interna en los partidos.
Les recuerdo que Miguel Vargas Maldonado fue electo un año antes del proceso electoral. Y eso fue una jugada correcta del PRD atendiendo a lo que ocurría a lo interno de esa organización. Un partido en plena transición de liderazgo, con tradición levantística, con los barones y señores feudales enfrentados entre sí. El PRD necesitaba hacer esa convención con mucho tiempo de antelación, para poder tener tiempo de que los señores y señoras feudales se laman sus heridas, y restablecer la unidad interna. Es decir, había una razón partidaria importante por la cual hacer la campaña interna con mucho tiempo de antelación.
Pero, en el contexto del actual proyecto de ley los partidos pierden esa facultad, ya que la JCE tendrá la decisión de cuándo abrir las campañas internas y cuándo hacer las primarias en todos los partidos.
Alguien dirá que en el país las campañas internas se convierten en campañas nacionales y et cetera. Bien, el tema, entonces, es regular para que las campañas internas sean eso campañas interna, para lo cual se establece regulaciones para el uso de los medios masivos en esa campañas, no se aceptan manifestaciones que entorpezcan el transito (sólo manifestaciones bajo techo y en los locales partidarios) y se regula para que el desenvolvimiento económico y social no se vea afectado cuando se trata de campaña interna, o sea legislar para que las campañas internas no se coloquen como campañas nacionales.
Desconocer las realidades múltiples de los partidos, es una forma incorrecta de "regular" el partidismo. Cada partido debe conservar la potestad de decidir según sus propios tiempos y razones el momento de realizar sus precampañas y sus primarias.
Esto es sólo un ejemplo, del porqué creo que el proyecto de ley que se está tomando de base es más dañino que beneficioso.
Y puedo poner más ejemplo. Alguien me dirá que al menos el proyecto regula el financiamiento privado. Esa es una verdad a medias.
En primer lugar, el anteproyecto de ley de partidos, crea un organismo dentro de la JCE para que les fiscalice. Eso es materia de otro tipo de legislación, no de la legislación partidaria. Pero, es simplemente crear más burocracia, se supone que la JCE tiene en la actualidad una dirección de partidos políticos y mecanismos de supervisión sobre los usos que dan los partidos al financiamiento público. El problema no es la existencia o no de instancias a lo interno de la JCE, el problema es que la JCE no cumple con su deber en ese aspecto, y no cumple porque a fin de cuentas son los partidos mayoritarios que las eligen y allí terminan buscándole la vuelta a los informes de los partidos sobre los usos de los recursos: no lo olvidemos en la actual Constitución y en la “nueva” la composición de la JCE es expresión de la correlación de fuerzas existente en el Senado de la República.
Pero, además, el proyecto de ley que cursa en el Congreso dice que el financiamiento privado no podrá ser superior al 3% (bueno la sometida dice 3%, leí en algún lugar que se aprobó 5% y en otro lugar que al final se aprobó menos) del dinero que recibe en la JCE. Esto es una cosa de risa.
En primer lugar es injusto. Si una agrupación nueva no recibe fondos públicos, ¿qué cantidad de contribuciones puede recibir para formarse? obviamente que queda eso como una zona gris, el que no recibe fondos públicos no tiene punto de referencia para recibir fondos privados, pero sólo reciben fondos privados las organizaciones reconocidas, si no está reconocida necesitas fondos para actuar en política y lograr el reconocimiento… O sea un círculo vicioso. Usar como referencia los fondos que reciben los partidos deja una franja negruzca, no gris, en cuanto a la formación de las agrupaciones.
Pero, además beneficia a los grandes. Vamos a suponer por un momento que se apruebe que los contribuyentes privados pueden dar el 0.5% de lo que recibe un partido de los dos grandes. Supongamos que uno de los grandes recibe 100 millones, pues cada uno de sus contribuyentes privados puede darle el 0. 5%, o sea individualmente cada contribuyente puede darle, 500 mil pesos, y un partido que sólo recibe 10 millones porque está en constitución sólo podrá recibir 50 mil pesos como contribución por cada donante privado. Digo, admito, que hay partidos revejíos que viven de eso, pero ese es el reto, si se regula demasiado se cierra la posibilidad de constitución de nuevas fuerzas políticas, y si algo necesita la nación es nuevas fuerzas políticas, renovación.
No hay tope real para el financiamiento privado. Si un empresario millonario quiere contribuir, simplemente puede dar sus contribuciones a través de familiares, amigos, empleados, etcétera. Pero, hay más, las contribuciones pueden disfrazarse comprando boletos de rifas, para asistencia de cenas, etcétera porque eso no es “contribución”. O al menos no está claramente tipificado y sí debería estarlo.
Insisto en aclarar, no hablo de ley de partido en general, hablo de la que tiene posibilidades de ser aprobada, ese proyecto de ley que desde mi óptica forma parte de la contrarreforma constitucional en marcha.
Algo muy importante que debemos ver los luchadores políticos silvestres (o sea sin partidos), los miembros de organizaciones la sociedad civil que ven la política con responsabilidad (somos políticos, sí hacemos política), y las personas interesadas en mejorar el entorno, es que necesitamos organización, necesitamos compactar las fuerzas, necesitamos nuevas opciones políticas partidarias, y esa ley quiere poner controles para perpetuar las fuerzas existentes.
Tenemos que estar claro, no podemos seguir defendiendo generalidades, o sea no se puede decir simplemente que el país necesita una Ley de Partidos Políticos en general, porque eso no es cierto. El país necesita regular el financiamiento de los partidos políticos, aplicarles la ley de lavado, y respetar la libertad de asociación. O sea no necesita una ley en general, necesita una Ley con un contenido específico.
Por ejemplo, creo que un movimiento nacional para que se le aplique la ley de lavados a los partidos puede dar mejores frutos en términos de transparencia que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso. Un movimiento nacional usando la ley de acceso a la información y sosteniendo que los partidos son instituciones de orden público (aunque no estatales) y por lo tanto se le deben aplicar la ley de acceso a la información, y pedirles las listas de contribuyentes y sus estados financieros y etcétera, podría ser más provechoso para la democracia que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso.
Ramón Tejada Holguín
Septiembre 2009
Soy partidario de un tipo de ley de partidos políticos que privilegie la autorregulación, y regule, esencialmente, la financiación de los partidos, que establezca con claridad los organismos de control de los mismos. Desde esa óptica creo que hay un poco más en el proyecto de Ley que está sirviendo de base en el Congreso. Este proyecto no sólo peca por pretender regular demasiado, sino que dará un poder excesivo a las cúpulas partidarias actuales, al tiempo que en términos efectivos la regulación del financiamiento privado es muy poca, reducida, fácilmente burlada.
Este anteproyecto, en efecto, peca de pretender regular demasiado a los partidos. Pero, no es sólo el problema de la potestad excesivamente regulatoria que da al "estado" a través de una institución descentralizada como es la Junta Central Electoral (JCE).
Esa potestad que le da a la JCE deviene en una de las primeras vías de influencia de las cúpulas y de quienes tienen el poder para influenciar en los partidos políticos. ¿Cómo? La composición de la JCE depende de la correlación de fuerzas políticas existentes en el Congreso Nacional. Es decir, es una entidad descentralizada del estado que normalmente es controlada por la fuerza mayoritaria en el Senado de la República. En el esquema que me parece se está inaugurando en República Dominicana, con el acuerdo PRD y PLD será controlada por las dos fuerzas mayoritarias. Los acuerdos sobre la Reforma Constitucional incluyeron el dejar sin efecto la reducción del número de personas miembros de la JCE, y plantearon que ese número debe depender de la situación de cada momento. Esa modificación no es gratuita.
Por lo pronto conservemos esta idea por un momento: la composición de la JCE expresa el poder de las fuerzas partidarias mayoritarias, en especial las cúpulas de los dos grandes partidos.
Volvamos al proyecto de Ley que cursa en el Congreso, la cual sostengo que fortalece las cúpulas partidarias del momento que se promulgue la ley. Una vez promulgada la ley, las disidencias internas en apariencia tendrán un espacio exterior al partido para llevar sus quejas... pero, ese espacio es la JCE, y no olvides la idea que te pedí conservar: la JCE expresa el poder de las fuerzas partidarias mayoritarias, en especial las cúpulas. Pero, hay más.
El Proyecto de Ley dice que el 70% de los cargos serán elegidos en primarias que la JCE decidirá cuándo se realizarán, y todavía más, la JCE decidirá, a partir de los 7 meses previos al proceso electoral en qué momento se inicia la campaña interna en los partidos.
Les recuerdo que Miguel Vargas Maldonado fue electo un año antes del proceso electoral. Y eso fue una jugada correcta del PRD atendiendo a lo que ocurría a lo interno de esa organización. Un partido en plena transición de liderazgo, con tradición levantística, con los barones y señores feudales enfrentados entre sí. El PRD necesitaba hacer esa convención con mucho tiempo de antelación, para poder tener tiempo de que los señores y señoras feudales se laman sus heridas, y restablecer la unidad interna. Es decir, había una razón partidaria importante por la cual hacer la campaña interna con mucho tiempo de antelación.
Pero, en el contexto del actual proyecto de ley los partidos pierden esa facultad, ya que la JCE tendrá la decisión de cuándo abrir las campañas internas y cuándo hacer las primarias en todos los partidos.
Alguien dirá que en el país las campañas internas se convierten en campañas nacionales y et cetera. Bien, el tema, entonces, es regular para que las campañas internas sean eso campañas interna, para lo cual se establece regulaciones para el uso de los medios masivos en esa campañas, no se aceptan manifestaciones que entorpezcan el transito (sólo manifestaciones bajo techo y en los locales partidarios) y se regula para que el desenvolvimiento económico y social no se vea afectado cuando se trata de campaña interna, o sea legislar para que las campañas internas no se coloquen como campañas nacionales.
Desconocer las realidades múltiples de los partidos, es una forma incorrecta de "regular" el partidismo. Cada partido debe conservar la potestad de decidir según sus propios tiempos y razones el momento de realizar sus precampañas y sus primarias.
Esto es sólo un ejemplo, del porqué creo que el proyecto de ley que se está tomando de base es más dañino que beneficioso.
Y puedo poner más ejemplo. Alguien me dirá que al menos el proyecto regula el financiamiento privado. Esa es una verdad a medias.
En primer lugar, el anteproyecto de ley de partidos, crea un organismo dentro de la JCE para que les fiscalice. Eso es materia de otro tipo de legislación, no de la legislación partidaria. Pero, es simplemente crear más burocracia, se supone que la JCE tiene en la actualidad una dirección de partidos políticos y mecanismos de supervisión sobre los usos que dan los partidos al financiamiento público. El problema no es la existencia o no de instancias a lo interno de la JCE, el problema es que la JCE no cumple con su deber en ese aspecto, y no cumple porque a fin de cuentas son los partidos mayoritarios que las eligen y allí terminan buscándole la vuelta a los informes de los partidos sobre los usos de los recursos: no lo olvidemos en la actual Constitución y en la “nueva” la composición de la JCE es expresión de la correlación de fuerzas existente en el Senado de la República.
Pero, además, el proyecto de ley que cursa en el Congreso dice que el financiamiento privado no podrá ser superior al 3% (bueno la sometida dice 3%, leí en algún lugar que se aprobó 5% y en otro lugar que al final se aprobó menos) del dinero que recibe en la JCE. Esto es una cosa de risa.
En primer lugar es injusto. Si una agrupación nueva no recibe fondos públicos, ¿qué cantidad de contribuciones puede recibir para formarse? obviamente que queda eso como una zona gris, el que no recibe fondos públicos no tiene punto de referencia para recibir fondos privados, pero sólo reciben fondos privados las organizaciones reconocidas, si no está reconocida necesitas fondos para actuar en política y lograr el reconocimiento… O sea un círculo vicioso. Usar como referencia los fondos que reciben los partidos deja una franja negruzca, no gris, en cuanto a la formación de las agrupaciones.
Pero, además beneficia a los grandes. Vamos a suponer por un momento que se apruebe que los contribuyentes privados pueden dar el 0.5% de lo que recibe un partido de los dos grandes. Supongamos que uno de los grandes recibe 100 millones, pues cada uno de sus contribuyentes privados puede darle el 0. 5%, o sea individualmente cada contribuyente puede darle, 500 mil pesos, y un partido que sólo recibe 10 millones porque está en constitución sólo podrá recibir 50 mil pesos como contribución por cada donante privado. Digo, admito, que hay partidos revejíos que viven de eso, pero ese es el reto, si se regula demasiado se cierra la posibilidad de constitución de nuevas fuerzas políticas, y si algo necesita la nación es nuevas fuerzas políticas, renovación.
No hay tope real para el financiamiento privado. Si un empresario millonario quiere contribuir, simplemente puede dar sus contribuciones a través de familiares, amigos, empleados, etcétera. Pero, hay más, las contribuciones pueden disfrazarse comprando boletos de rifas, para asistencia de cenas, etcétera porque eso no es “contribución”. O al menos no está claramente tipificado y sí debería estarlo.
Insisto en aclarar, no hablo de ley de partido en general, hablo de la que tiene posibilidades de ser aprobada, ese proyecto de ley que desde mi óptica forma parte de la contrarreforma constitucional en marcha.
Algo muy importante que debemos ver los luchadores políticos silvestres (o sea sin partidos), los miembros de organizaciones la sociedad civil que ven la política con responsabilidad (somos políticos, sí hacemos política), y las personas interesadas en mejorar el entorno, es que necesitamos organización, necesitamos compactar las fuerzas, necesitamos nuevas opciones políticas partidarias, y esa ley quiere poner controles para perpetuar las fuerzas existentes.
Tenemos que estar claro, no podemos seguir defendiendo generalidades, o sea no se puede decir simplemente que el país necesita una Ley de Partidos Políticos en general, porque eso no es cierto. El país necesita regular el financiamiento de los partidos políticos, aplicarles la ley de lavado, y respetar la libertad de asociación. O sea no necesita una ley en general, necesita una Ley con un contenido específico.
Por ejemplo, creo que un movimiento nacional para que se le aplique la ley de lavados a los partidos puede dar mejores frutos en términos de transparencia que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso. Un movimiento nacional usando la ley de acceso a la información y sosteniendo que los partidos son instituciones de orden público (aunque no estatales) y por lo tanto se le deben aplicar la ley de acceso a la información, y pedirles las listas de contribuyentes y sus estados financieros y etcétera, podría ser más provechoso para la democracia que el proyecto de Ley que cursa en el Congreso.
Ramón Tejada Holguín
Septiembre 2009
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