Contraloría social

En momentos de incertidumbre como estos en los que sobrevivimos es cuando más se necesita que la gente se interese por las cosas públicas, que participe activamente, que no se quede de brazos cruzados, que sea políticamente activa sobre todo en materia del combate a la corrupción.

La participación mejora la calidad de la democracia, mejora la responsabilidad de la ciudadanía, es la mejor forma de combatir el clientelismo y el uso patrimonial del Estado, reduce tanto la corrupción, como la exclusión social y fortalece la institucionalidad. Observo una tendencia preocupante a creer que la lucha contra la corrupción es sólo una responsabilidad gubernamental y a ver el combate a la corrupción casi exclusivamente en sus aspectos judiciales.

Por eso creo que entre las muchas maneras de participar que existen, la más necesaria en estos momentos es la que llaman “contraloría social”. ¿Qué es controlaría social? Es la vigilancia que pueden ejercer los propios ciudadanos en un sistema democrático. Exigir que las informaciones sobre los asuntos del Estado sean accesibles a las mayorías, hacer más transparente la toma de decisiones sobre compras, contratos y actividades legislativas.¿Qué ventajas tiene la contraloría social? Hace más efectivas y eficaces las tareas legislativas, del Gobierno, de los síndicos y regidores; también permite optimizar los recursos del Estado y hacer de los mismos un uso más acorde con las necesidades de la población.

Reduce la corrupción y se puede convertir en una mejor forma de evaluar la calidad de los funcionarios y las gestiones gubernamentales. Así la ciudadanía puede tomar sus decisiones a la hora de votar de manera más informada sobre el desempeño de los funcionarios de cada partido.

¿Cómo hacer la contraloría social? Hay muchas formas, en lo inmediato es importante demostrar que somos numerosas las personas dispuestas a enfrentar la corrupción, para lo cual hay que sumarse a las organizaciones que reclaman transparencia en sus diversos ámbitos de acción.

Hay que conocer las herramientas disponibles, como la ley de acceso a la información pública que obliga a los funcionarios a dar cualquier información que se le solicite sobre las compras, licitaciones y adjudicaciones.

También el decreto 39-2003 que crea las comisiones de Auditoria Social, lo que permite que las comunidades organicen comisiones para velar porque las obras que se realicen con fondos públicos se hagan según el tiempo planeado, usando los recursos estipulados en el proyecto y según el cronograma establecido. En estos momentos necesitamos un Estado responsable y transparente, y una ciudadanía activa, vigilante, dispuesta a defender los fondos públicos porque son fondos nuestros, propios, de todos.

Ramón Tejada Holguín