El dilema del nuevo Procurador General de la República: entre el diseño infinito y la acción contundente

Dijo el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que nunca ha estado de acuerdo con la forma “en que ha sido conducida la lucha anticorrupción en este país”. Esta percepción es compartida por muchas personas, entre las que me encuentro. Me atrevo a decir que todas las organizaciones del Foro Ciudadano y de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que represento en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) tampoco están satisfechas con la lucha contra la corrupción en el país. No sé si el nuevo procurador se da cuenta que su planteamiento muestra que tenemos razón al reclamar cero tolerancia con la impunidad. No sé si el nuevo procurador toma en cuenta que sus palabras se pueden interpretar como una evaluación crítica de la política anticorrupción de la gestión del antiguo procurador, ya que significan que no está de acuerdo con la forma en que actuaba el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) bajo el mandato de Domínguez Brito. Tiene, el nuevo procurador, la oportunidad de reorientar las acciones en materia del combate al más grande de los flagelos de la nación.

Desde esta óptica, lo esperable es que el nuevo procurador redimensione la lucha contra la corrupción en la práctica, con hechos contundentes y, sobre todo, haciendo cumplir el “Plan estratégico 2005-2008 de ética, prevención y sanción de la corrupción” elaborado por la Comisión de Ética. Plan que es el producto de varios talleres realizados con las organizaciones de la sociedad civil y con sectores gubernamentales. El nuevo procurador, supongo, conoce muy bien el Plan estratégico y sabe de todo el proceso que se llevó a cabo para diseñarlo y debe saber que hay un pobre nivel de cumplimiento de este plan. El nuevo procurador debe saber, además, los malabares que realiza el DPCA para que los funcionarios y las funcionarias del Poder Ejecutivo hagan las declaraciones juradas de bienes según el decreto 287-06. A propósito, este decreto forma parte de lo establecido por la Comisión de Ética en el Plan estratégico y su intención es lograr una declaración jurada de bienes clara, precisa y pública. Pero, poco más de la mitad la han realizado y se venció el plazo inicial, y ya se venció el segundo plazo. Supongo que el nuevo procurador será enérgico con quienes no han cumplido con este decreto y pedirá que no se den más plazos.

Sólo una cosilla me preocupa. Según el nuevo procurador es necesario que la lucha contra la corrupción forme “parte de un nuevo diseño, con otro método”. Si interpreto bien al nuevo procurador debemos regresar al inicio. O sea, volver al huevo. Empollarlo de nuevo. O sea, volver a diseñar un nuevo plan. O sea, que no interesa la continuidad del Estado. O sea, que la lucha contra la corrupción es un diseño permanente que nunca se ejecuta, un plano para un edificio que jamás se construirá. Si el procurador diseñará algo nuevo, ¿tiene sentido la Comisión de Ética? El Plan estratégico, que fue un compromiso mínimo, ¿debe ir directo al basurero? No sé si llorar o reír.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
14 de septiembre 2006