Terminar como empezó
Ha empezado con buen pie el Senado en cuanto a la elección de la Junta Central Electoral. Debe evitar tropezar. Se nombró una comisión especial en la que hay senadores de los tres partidos. La cual está presida por Reinaldo Pared Pérez e integrada por Cristina Lizardo, vicepresidenta del Senado, Francis Vargas Francisco (vocero de los senadores del PLD), César Díaz Filpo (vocero de los senadores del PRD) y Noé Sterling Vásquez (vocero de los senadores reformistas). Hubo vistas públicas, se escuchó a quienes hablaron, se entrevistaron a candidatos y candidatas. No hay pretexto que impida hacer una elección basada en la honestidad y eficiencia. El Senado tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de legislar como demanda una nación moderna e institucional. La forma de elección de la nueva JCE será un indicador de que la institucionalidad promovida por el PLD no es sólo de palabras.
El Senado tiene la oportunidad de elegir una JCE que pueda ser recordada como hoy se rememora ésa que dirigió Estrella Sadhalá o aquélla que comandó don Sully Bonelly. El PLD, como partido que controla el Senado no puede dar un traspié y elegir a militantes de esa organización política, hayan sido o sean miembros del Comité Central. No puede negociar con los partidos mayoritarios la repartición de los cargos como si fueran botín de guerra. Tampoco debe trasladar la elección a otros espacios y con otros actores. No debe escuchar a quienes le gritan que haga lo mismo que hizo el PRD con las dos JCE anteriores. El mal comportamiento ajeno, no justifica el propio. No debe escuchar a quienes le recuerdan la forma balaguerista de elección. La nación no soportará más comillas sobre los triunfos electorales. No es necesario realizar una gran cumbre entre los jefes políticos de los partidos para elegir una buena JCE, basta con que la comisión haga su trabajo correctamente. Si el PRD o el PRSC tienen algo que decir sobre la elección de los miembros de la JCE, que lo diga a través del senador que les representa en la Comisión Especial nombrada por el Senado. Una cumbre sólo se justificaría si el Senado hace una elección carente de legitimidad, sentido común y sensatez, como se ha hecho en el pasado reciente.
El Senado debe darle un plazo a la nueva JCE para que busque una solución justa para la cantidad de personas pobres que carecen de documentos de identidad y debe exigirle que regularice los actos del registro civil, eliminando la práctica de los oficiales del estado civil de poner el precio que desean por cumplir con sus responsabilidades. El Senado tiene la oportunidad de mostrar un rostro transparente, si además exige que se investiguen las denuncias que se han realizado sobre irregularidades en la forma en que se ha manejado el contrato de automatización del registro civil, los intentos para establecer una modalidad específica de voto electrónico y la realización de pagos irregulares. Ha empezado bien el Senado y no debe terminar mal. Nada es peor que sentirse engañado, las promesas insatisfechas son la principal fuente de deslegitimación de los gobiernos.
Ramón Tejada Holguín es ciudadano
El Caribe,
26 de octubre 2006
Nueva JCE: Primer Desafío Institucional
Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.
Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y cómo organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.
Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.
En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
10 de agosto 2006
Institucionalidad vs. JCE
Sería bueno que el Senado recuerde lo siguiente aspecto a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.
1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 Juntas Municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.
2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país. La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.
3) Según la prensa el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del Metro Cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos. 4) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con está actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y le exige que establezca “para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.
Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional dominicano, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil. Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto
Ha empezado con buen pie el Senado en cuanto a la elección de la Junta Central Electoral. Debe evitar tropezar. Se nombró una comisión especial en la que hay senadores de los tres partidos. La cual está presida por Reinaldo Pared Pérez e integrada por Cristina Lizardo, vicepresidenta del Senado, Francis Vargas Francisco (vocero de los senadores del PLD), César Díaz Filpo (vocero de los senadores del PRD) y Noé Sterling Vásquez (vocero de los senadores reformistas). Hubo vistas públicas, se escuchó a quienes hablaron, se entrevistaron a candidatos y candidatas. No hay pretexto que impida hacer una elección basada en la honestidad y eficiencia. El Senado tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de legislar como demanda una nación moderna e institucional. La forma de elección de la nueva JCE será un indicador de que la institucionalidad promovida por el PLD no es sólo de palabras.
El Senado tiene la oportunidad de elegir una JCE que pueda ser recordada como hoy se rememora ésa que dirigió Estrella Sadhalá o aquélla que comandó don Sully Bonelly. El PLD, como partido que controla el Senado no puede dar un traspié y elegir a militantes de esa organización política, hayan sido o sean miembros del Comité Central. No puede negociar con los partidos mayoritarios la repartición de los cargos como si fueran botín de guerra. Tampoco debe trasladar la elección a otros espacios y con otros actores. No debe escuchar a quienes le gritan que haga lo mismo que hizo el PRD con las dos JCE anteriores. El mal comportamiento ajeno, no justifica el propio. No debe escuchar a quienes le recuerdan la forma balaguerista de elección. La nación no soportará más comillas sobre los triunfos electorales. No es necesario realizar una gran cumbre entre los jefes políticos de los partidos para elegir una buena JCE, basta con que la comisión haga su trabajo correctamente. Si el PRD o el PRSC tienen algo que decir sobre la elección de los miembros de la JCE, que lo diga a través del senador que les representa en la Comisión Especial nombrada por el Senado. Una cumbre sólo se justificaría si el Senado hace una elección carente de legitimidad, sentido común y sensatez, como se ha hecho en el pasado reciente.
El Senado debe darle un plazo a la nueva JCE para que busque una solución justa para la cantidad de personas pobres que carecen de documentos de identidad y debe exigirle que regularice los actos del registro civil, eliminando la práctica de los oficiales del estado civil de poner el precio que desean por cumplir con sus responsabilidades. El Senado tiene la oportunidad de mostrar un rostro transparente, si además exige que se investiguen las denuncias que se han realizado sobre irregularidades en la forma en que se ha manejado el contrato de automatización del registro civil, los intentos para establecer una modalidad específica de voto electrónico y la realización de pagos irregulares. Ha empezado bien el Senado y no debe terminar mal. Nada es peor que sentirse engañado, las promesas insatisfechas son la principal fuente de deslegitimación de los gobiernos.
Ramón Tejada Holguín es ciudadano
El Caribe,
26 de octubre 2006
Nueva JCE: Primer Desafío Institucional
Con la elección de la nueva Junta Central Electoral (JCE) el Senado de la República, el PLD y Leonel Fernández se están enfrentando al primer gran reto de la “Revolución Institucional” que propone el presidente. Es un desafío que fortalecerá o debilitará la percepción de que existe unidad de criterios dentro del PLD sobre el necesario cambio institucional. Nombrar jueces electorales pertenecientes a su partido y dar una cuota a los demás, como hizo el PRD, contribuiría a justificar las acciones del anterior Senado de la República, ofrecería un buen argumento a quienes piensan que a fin de cuentas todos los partidos dominicanos son iguales y arrojaría dudas sobre la sinceridad del proceso de reforma constitucional que se desea llevar a cabo.
Debemos recordar que uno de los aspectos que contribuyeron a deslegitimar al PRD fue la forma en que nombró la JCE en el año 2002 y cómo organizaciones de la sociedad civil mantuvieron vivo su reclamo de que se nombrara una JCE no partidista. Ese reclamo constante provocó que se convocara un dialogo entre todos los sectores y al final se aumentara el número de jueces de la JCE y se dividiera en dos cámara. Este proceso de lucha por lograr una JCE formada por juezas y jueces reconocidos más por su eficiencia, eficacia y verticalidad moral que por su militancia partidaria, contribuyó, indudablemente, a deteriorar la imagen del presidente Mejía y de sus congresistas.
Es bueno que Leonel Fernández, los senadores peledeísta y el PLD, tomen en cuenta que tener una JCE que le sea favorable no garantiza necesariamente que podrán retener el poder. O ¿acaso nos olvidamos que las dos últimas JCE, la de 1998-2002 y la actual tomaron medidas que beneficiaban a una tendencia dentro del PRD y sin embargo el proyecto reeleccionista naufragó y el PRD perdió estrepitosamente en el 2006? Leonel Fernández, los senadores peledeístas y el PLD tienen mucho más que ganar nombrando una JCE independiente, autónoma y formada por personas que han mostrado su vocación de servicio en su trayectoria profesional. Sería un error garrafal del PLD, los senadores peledeísta y de Leonel Fernández convocar a los partidos políticos para repartirse la JCE cual botín de guerra. Dar cuota no resuelve el tema de fondo, que no sólo tiene que ver con las elecciones.
En efecto, el control de las Oficialías del Estado Civil es una las cosas que hace apetecible pertenecer a la JCE. Se ha comprobado que muchas de ellas dan más beneficio que los consulados. Los Oficiales del Estado Civil cobran lo que desean por sus actos y acciones, ya sea por realizar una boda, por un acta de matrimonio o nacimiento. Eliminar esa discrecionalidad y obligar que los candidatos y candidatas a jueces de la JCE expliquen la forma en que eliminarán esa práctica clientelar y violatoria de la ley 8-92 sería una gran contribución de los senadores peledeístas, del PLD y de Leonel Fernández a la institucionalidad dominicana. Así al mismo tiempo que el Senado elige a juezas y jueces de la JCE debe incluirle el mandato de que deben cumplir con Ley 8-92 digamos en 6 meses o un año.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
10 de agosto 2006
Institucionalidad vs. JCE
Sería bueno que el Senado recuerde lo siguiente aspecto a la hora de elegir a las personas que integrarán la nueva Junta Central Electoral.
1) La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios que no necesitaban su presencia. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo. A dos meses de las votaciones, unas 20 Juntas Municipales no habían sido constituidas. La formación de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros fueron deficientes y la impresión de las boletas se realizó tardíamente. Las consecuencias de esto se observaron en los tranques y retrasos del conteo.
2) Se nombró como vocero de la JCE, a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos, a un periodista que había sido funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y es comentarista de radio crítico a uno de los partidos que participaba en el proceso. El padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país. La JCE no explicó la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos influyeron en el resultado final. El caso más grave fue Pedernales hacia donde se movieron 3,454 personas. No se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades. La impunidad augura que puede repetirse en el futuro.
3) Según la prensa el Senado saliente aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del Metro Cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos. 4) A pesar que en un debate público sostenido conmigo en noviembre del 2005 Roberto Rosario aseguró que la JCE institucionalizaría a las Oficialías del Estado Civil. Esto nunca se realizó. La JCE con está actitud viola la ley 8-92 que pone en sus manos a las Oficialías y le exige que establezca “para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”.
Si el PLD y Leonel Fernández están interesados en mejorar el ordenamiento institucional dominicano, tienen una gran oportunidad de demostrarlo, nombrando en la JCE nuevos jueces y juezas con una trayectoria moral impecable y con éxitos medibles en el plano judicial. Participación Ciudadana dice que no apoya a nadie y muchos menos a dirigentes de la sociedad civil. Dicen que no pueden ser juez y parte en el proceso, ya que son los principales observadores electorales. Advierte que no cejarán hasta lograr una JCE autónoma. El Senado tiene la última palabra.
Ramón Tejada Holguín
El Caribe
17 de agosto
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